SANTA TERESA DE CAJÓN, Costa Rica — En su casa, en la ladera brumosa de la montaña más alta de Costa Rica, Dario Angulo guarda un conjunto de fotografías de los años en que cuidó las calles onduladas y los espacios verdes de un lejano complejo de golf estadounidense.
Angulo aprendió a conducir retroexcavadoras y excavadoras, abrirse camino entre obstáculos de agua y quitar los tees de antiguas praderas de caballos en Bedminster, N. J., donde un famoso neoyorquino construía un campo de clase mundial. Angulo ganaba 8 dólares por hora; una fracción de lo que ganaría un operador de equipos pesados con licencia estatal, sin beneficios ni horas extras. Sin embargo, permaneció siete años en el equipo de jardinería, ahorrando lo suficiente para una pequeña porción de tierra y algo de ganado de regreso a casa.
Ahora, el hombre de 34 años vive con su esposa e hijas en una sólida vivienda construida “con dinero de Trump,” según sus propias palabras, con un porche para ver las puestas de sol.
La historia se repite en esta pequeña ciudad.
Otros exempleados de la compañía del presidente Trump viven cerca: hombres que una vez rastrillaron trampas de arena y empujaron podadoras en el preciado campo de golf de Trump, la “Casa Blanca estival,” como la han llamado sus ayudantes, donde se casó su hija Ivanka, y donde desea construir un cementerio familiar.
“Muchos le ayudamos en lo que el tiene hoy,” expresó Angulo. “El campo de golf fue construido por ilegales.”
El Washington Post habló con 16 hombres y mujeres de Costa Rica y otros países de América Latina, incluidos seis de Santa Teresa de Cajón, quienes manifestaron ser empleados en el Club Nacional de Golf de Bedminster. Todos manifestaron que trabajaron para Trump en situación ilegal, y que sus jefes lo sabían.
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