WASHINGTON.— El presidente Donald Trump firmó este viernes una declaración de emergencia nacional que le permitirá liberalizar $8,000 millones para su prometido muro fronterizo, desatando una previsible y prolongada lucha en las cortes y el Congreso, sin resolver los problemas apremiantes del sistema migratorio.
Durante un evento en la Rosaleda, Trump explicó que no le quedó más remedio que declarar la emergencia para frenar la “invasión” de drogas, tráfico de personas y pandillas y criminales, y así acelerar la construcción del muro “de una u otra manera”.
Según la Casa Blanca, Trump firmó la declaración antes del evento en la Rosaleda, y en horas de la tarde firmó el proyecto de ley de gastos que financia las operaciones del gobierno federal e incluye apenas $1,375 millones para el muro fronterizo, después de que el Congreso le negara una solicitud de $5,700 millones.
Trump negó que su decisión tenga matices electoreros de cara a su campaña de reelección el próximo año, pero los observadores señalan que el reciente cierre parcial del gobierno federal por 35 días afectó a 800,000 empleados públicos y costó $11,000 millones en pérdidas económicas, de éstos $3,000 millones de forma permanente.
Esa crisis propició una mayor caída en las encuestas para Trump, quien ahora trata de apaciguar a su base y a líderes conservadores que le exigen no claudicar en su lucha por el muro en la frontera sur.
Durante una conferencia telefónica con periodistas, el jefe de Gabinete interino, Mick Mulvaney, ofreció un desglosado de los fondos que serían canalizados hacia la construcción del muro o reparación de barreras existentes a lo largo de 234 millas, e insistió en que esa redistribución no afectará las prioridades del Pentágono.
En concreto, la Administración redestinará $3,600 millones de proyectos de construcción militar, $600 millones de un fondo antidrogas del Departamento del Tesoro, y $2,500 millones de un fondo similar del Pentágono.
La controvertida declaración es una figura dentro del “Acta de Emergencia Nacional”, aprobada para desastres naturales, guerras y otras catástrofes, que autoriza al mandatario de turno redistribuir fondos de la burocracia federal para otras prioridades nacionales.
Se ha utilizado en 58 ocasiones desde 1976, de las cuales 31 se mantienen en vigor. Dos de estos casos implicaron redistribución de fondos aprobada por el Congreso de recursos militares: la Guerra del Golfo y después de los atentados del 9/11.
El consenso entre los expertos es que esto sienta un mal precedente porque presidentes demócratas, bloqueados por el Legislativo, podrían recurrir a esa figura para avanzar en asuntos como un mayor control de las armas, el combate al cambio climático, o la cobertura médica universal.
Los dos líderes de la jerarquía demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi en la Cámara de Representantes y Chuck Schumer en el Senado dijeron en un comunicado conjunto que Trump está usurpando los poderes presupuestarios del Legislativo, por lo que recurrirán a “todo remedio disponible” para frenarlo.
El Congreso anular la declaración de emergencia mediante una resolución. Los demócratas tienen los votos en la Cámara Baja pero la oposición necesitaría el voto de cuatro “desertores” republicanos en el Senado para aprobarla, aunque Trump la vetaría por presiones políticas.
Los legisladores también pueden recurrir a las cortes para frenar a Trump, pero no han precisado cómo ni cuándo, y el mandatario vaticinó que ganará en ese frente.
¿Un abuso de poder?
Grupos de la comunidad inmigrante en todo EEUU se hicieron eco de las quejas demócratas de que no existe una crisis en la frontera que amerite una declaración de emergencia nacional y, por lo tanto, ésta no es más que un abuso de poder.
“Esta no es una emergencia. Lo está haciendo porque odia a los latinos y los inmigrantes, y porque los medios de derecha lo calificaron como débil”, y no pudo convencer a los votantes, al Congreso o a México para que financiaran el muro, dijo Gustavo Torres, director ejecutivo de CASA.
Para Torres, la verdadera emergencia es la que afrontan los centenares de miles de inmigrantes amparados a DACA o al TPS, que viven en un limbo legal y no tienen por ahora visos para una legalización permanente.
La organización de Los Angeles (California), CHIRLA, afirmó que Trump está sentando las bases para su reelección en 2020 y minando el proceso democrático en EEUU.
La lista de invitados al evento, sentados en primera fila, incluyó a seis madres del grupo “Angel Moms”, cuyos cónyuges o hijos han sido víctimas de crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados; a agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés); a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, y al nuevo fiscal general, William Barr, recién confirmado el jueves en el Senado.
Aunque Trump aseguró que apoya iniciar negociaciones para una reforma migratoria, para atender asuntos como la “lotería de visas” y la “migración en cadena” -que, según él, alientan la entrada de inmigrantes con antecedentes penales o bajas destrezas laborales-, no hizo mención de un aumento en el número de jueces para acelerar los centenares de miles de casos migratorios atascados en las cortes.
