Un ex funcionario de CITGO, PDVSA y Petrocedeño fue acusado, por el gobierno de los Estados Unidos, de participar en un esquema de corrupción y lavado de dinero que blanquear los fondos de negocios fraudulentos en el mercado inmobiliario de Miami. Edoardo Orsoni, cuyo paradero era desconocido, se declarará culpable ante la justicia norteamericana en mayo de 2020, según anuncio de la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida.
En la acusación federal se señala que Orsoni, quien ocupó varios cargos en la petrolera estatal y sus subsidiarias desde 2007 hasta 2017, cometió delitos que violan las leyes de los Estados Unidos.
Los documentos describen que Orsoni fue miembro del Consejo General de Petrocedeño y Asesor legal de PDVSA para las operaciones en la Faja Petrolífera del Orinoco, entre otras posiciones ocupadas en la industria petrolera estatal venezolana. Este hombre, también fue Vicepresidente de Asuntos Legales de CITGO entre desde el 19 de junio de 2016 hasta el 23 de noviembre de 2017[Esta acusación de Florida no destaca este aspecto].
Sostiene la demanda que a principios de 2012, Orsoni tuvo la responsabilidad de revisar y aprobar los contratos de Petrocedeño y que acordó participar en una conspiración con un contratista (cuyo nombre no fue revelado por las autoridades) que posee varias compañías, incluidas unas firmas registradas en Florida, que recibieron de manera fraudulenta contratos de suministros de servicios de asesoramiento a PDVSA y sus subsidiarias.
Desde 2012 y hasta 2016, Edoardo Orsoni conspiró y ejecutó una trama para realizar una transacción financiera, que le permitió comprar una propiedad en los Estados Unidos con dinero proveniente de una actividad ilegal.
Los fiscales aseguran que Orsoni sabía que la transacción que diseñó era ilegal y que tenía como naturaleza “ocultar la fuente de los fondos provenientes de la corrupción y los sobornos que recibió como funcionario público de un gobierno extranjero”.
“El contratista co-acusado pagó sobornos a Orsoni para mejorar la ventaja de obtener y mantener contratos de servicios de adquisición con PDVSA y sus subsidiarias como Petrocedeño”, sostiene los fiscales.
Argumenta la acusación de la fiscalía de la Florida que “Edoardo Orsoni recibió instrucciones de oficiales de alto nivel de PDVSA para asegurar que los contratistas específicos recibieran contratos de Petrocedeño, que finalmente produjeron beneficios para sus funcionarios superiores de PDVSA”.
Edoardo Orsoni estuvo de acuerdo en recibir sobornos de contratistas conspiradores a cambio de su asistencia para obtener contratos o recibir pagos de Petrocedeño y otra subsidiaria de PDVSA, según los fiscales.
Orsoni y los contratistas ocultaron el origen de los recursos, que provinieron de los sobornos recibido por actividades fraudulentas e ilegales, “ese dinero que les permitió llevar a cabo transacciones financieras personales para ellos mismos, incluida la compra de bienes inmuebles en el sur de Florida”.
El 28 de octubre de 2014 se realizó una transacción por aproximadamente, $ 749,960 a una cuenta bancaria en Portugal para el beneficio de Orsoni.
El 27 de enero de 2015, Orsoni recibió de parte de un contratista aproximadamente $ 201,180 que fueron transferidos de una cuenta bancaria de Miami, Florida, a una cuenta en el Caribe a nombre de Orsoni.
El 17 de diciembre de 2016, el acusado compró dos propiedades ubicadas en el 1080 Brickell Avenue Miami 33131. Las unidades #4100 y #4106. Dicha compra violó el Código de los Estados Unidos, Título 18.
De ser declarado culpable, las propiedades en Miami, valoradas en $ 4,500,000.00 serán definitivamente confiscadas por el gobierno de los Estados Unidos. Por ahora, los lujosos inmuebles está bajo el control de las autoridades norteamericanas y los mismos no pueden ser transferidos, vendidos o depositados a una tercera parte, ya que ha sido colocado bajo la jurisdicción de la corte del Distrito Sur de la Florida, tal cual lo establece la ley estadounidense.
Corrupción de Edoardo Orsoni en CITGO
En la referida acusación federal de la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida, no se hace mención a los numerosos casos de corrupción que ocurrieron en CITGO, Houston, Texas, durante la gestión de Edoardo Orsoni en la vicepresidencia de Asuntos Legales de la corporación filial de PDVSA en Estados Unidos. Hechos denunciados —por separado— describen que Orsoni conspiró junto a otros, para beneficiarse de contratos y de operaciones de CITGO.
Edoardo Orsoni fue vicepresidente Legal de CITGO desde el 19 de junio de 2016 hasta el 23 de noviembre de 2017.
Varios documentos muestran que Edoardo Orsoni facilitó la selección de los proveedores para la Faja Petrolífera del Orinoco, compras de equipos y materiales a través de proyectos especiales de CITGO por millones de dólares.
Adicionalmente, las evidencias detallan una serie de operaciones ocurridas durante 2017, cuando Edoardo Orsoni participó en el proceso de selección y aprobación de proveedores y “empleados de confianza” para el proyecto fallido de EPC para CITGO Aruba. En este proceso participó John Pereira, hijo de José Pereira (quien permanece bajo arresto en Venezuela). John Pereira no tenía experiencia en el área de procura fue nombrado estratégicamente como Gerente de Compras de CITGO Aruba.
Fuentes internas de CITGO confirmaron a este medio que “la selección de los proveedores para CITGO Aruba fue liderada por Edoardo Orsoni, Glenn Hillman, José Luis Zambrano, y José Luis De Jongh directores de confianza del entonces CEO, Nelson Martínez quien falleció bajo custodia de las autoridades en Caracas, en diciembre de 2018”.
En el proceso de selección de proveedores de CITGO en Aruba se benefició a proveedores como Yakima Trading Corporation, [una empresa de Samark López Bello acusado por Estados Unidos de delitos de narcotráfico junto al vicepresidente del Área Económica, Tareck El Aissami] y Mapotech Engineering Procurement & Construction N.V y otras empresas intermediarias. En este proceso se desperdiciaron más de $100 millones aportados por Petróleos de Venezuela, a través de la compra de crudo entre CITGO y PDVSA, entre otras firmas de dudosa reputación.
En otro informe que la ex-vicepresidenta de Recursos Humanos de CITGO, Marisol Gómez de Vergara presentó a la Junta directiva de CITGO, se denunciaron las supuestas prácticas fraudulentas y corruptas cometidas por la administración de Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas, ante la nueva presidenta de la junta directiva de CITGO, Luisa Palacios, en el que hacía referencia a un caso de retaliación en su contra. La comunicación se emitió con copia a Ángel Olmeta, Édgar Rincón, Luis Urdaneta y Andrés Padilla, también integrantes de la directiva de la empresa. Se exceptuó a Rick Esser.
En el reporte, Gómez refirió que la abogada interna de CITGO, Judith Colbert, en contra de las políticas y procedimientos internos de CITGO, ordenó a Cristina Hernández, abogada de Logan terminar la investigación interna contratada por la gerencia de la empresa, “una acción no ética nunca registrada en la empresa” con el presunto propósito de ocultar los resultados de la averiguación a la nueva junta de directiva que Luisa Palacios preside. Instó a dicha directiva a determinar si tal acción ilegal fue ejecutada en coalición con Glenn Hilman, Rick Esser y las gerentes de recursos humanos, Germain Tuner y Trina García.
Gómez dice tener soportes que muestran los hechos y conductas ilegales por parte de Nelson Martínez, José Pereira, Gustavo Cárdenas, Judith Colbert y otros directores que soportaron y continúan apoyando conductas ilegales.
Dijo que ella y el resto de los miembros del comité de cumplimiento implementaron varios controles, entre ellos “el bloqueo de más de 700 entidades propias de ciudadanos venezolanos con fuertes vínculos con PDVSA o funcionarios del gobierno que arrancaron las ganancias de los activos de CITGO y PDVSA”.
Explicó que supuestamente estas entidades de terceros fueron introducidas en CITGO por Nelson Martínez y registradas ilegalmente en la lista maestra de proveedores de la filial sin control alguno, habiendo incurrido las mismas en cobro de significativos sobreprecios que rondaban del 200 a más del 1.000 por ciento en el material y el equipo adquirido por la filial en nombre de PDVSA. El comité de cumplimiento investigó y determinó que Nelson Martínez, Ramiro Rodríguez, Glenn Hilman, José Luis Zambrano, José Luis De Jongh, Brian Paulson, Laymar Peña y otros agentes de adquisiciones, aprobaron transacciones-contratos y otras actividades ilegales.
La denuncia de Marisol Gómez sostiene que supuestamente Nelson Martínez, coludido con José Pereira, José Luis Zambrano y Gustavo Cárdenas, acometieron operaciones ilegales y poco éticas en recursos humanos, adquisiciones, suministro y comercialización, así como en otras áreas.
De acuerdo al informe, Edoardo Orsoni y Judith Colbert conspiraron con Nelson Martínez, José Pereira, y Gustavo Cárdenas para retaliar en contra de directores honestos en CITGO que denunciaron la corrupción interna por más de 6 billones de dólares en la compras de materiales y equipos para PDVSA y la compra y venta de crudo y productos derivados actividad ilícita manejada por Rick Esser y Gustavo Velásquez por más de 10 años.
Sostiene que en CITGO no había una estructura de control adecuado. Todo esto ha permitido una conspiración con compañías de trading que ha beneficiado empresas del ramo como Mercuria, Vitol, Glencore, Trafigura y otros proveedores. (Ver reporte aquí).
Información en nuestro poder refleja que Edoardo Orsoni aprobó la intención de pagos, sin soportes, por $3 millones de dólares mensuales a los abogados externos Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle LLP.
Una fuente interna asegura que el referido pago “se requirió durante el juicio de los sobrinos de la pareja presidencial, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas hallados culpables por un jurado en Nueva York de delitos de narcotráfico”.
Otro evento
Edoardo Orsoni fue uno de los funcionarios que, junto a Curtis Rowe y otros directores de CITGO, lideraron el proceso fallido de refinanciamiento de CITGO y de CITGO Aruba, caso por el cual arrestaron a los 6 directores de CITGO que permanecen en prisión en Caracas.
Ocho ejecutivos volaron desde Houston a Venezuela, entre ellos Gustavo Cárdenas, vicepresidente de relaciones estratégicas con accionistas, de gobierno y asuntos públicos; Jorge Toledo, vicepresidente de suministro y comercialización; Tomeu Vadell, vicepresidente de refinación; Alirio Zambrano, vicepresidente y gerente general de la refinería Corpus Christi; José Luis Zambrano, vicepresidente de servicios compartidos; y José Ángel Pereira, el presidente de CITGO.
En el avión estaban también Edoardo Orsoni, vicepresidente de asuntos legales y Calixto Ortega Sánchez, vicepresidente de finanzas.
El 22 de noviembre 2017, gracias a una llamada de advertencia que recibió, Edoardo Orsoni logró escapar al arresto en Venezuela. Al día siguiente de los hechos, Orsoni renunció a su cargo en CITGO vía correo electrónico.
El 12 de diciembre de 2017, se emitió una orden de arresto de Edoardo Orsoni, pero de alguna manera huyó del país y no fue arrestado.
Orsoni renunció a CITGO un día después de los arrestos y se desconoce su paradero, aunque la fiscal de Estados Unidos para el Distrito de la Florida, Adriana Fajardo anunció en una entrevista exclusiva con la periodista Mariana Reyes en el canal TV Venezuela, con sede en Miami, que Orsoni planeaba declararse culpable ante la justicia en mayo del año 2020 por el lavado de dinero de millones de dólares.
En Febrero 2019, los casos de corrupción, conspiración, fraude, retaliaciones y violación de otras leyes federales en CITGO fueron reportados por varios directores a Luisa Palacios y a los miembros de la nueva junta directiva, pero las denuncias fueron ignoradas y minimizadas. Varios de los mencionados en presuntamente haber soportado conductas ilegales, y haber violado la Ley de prácticas Corruptas en el Extranjero, tales como Rick Esser, Judith Colbert, Glenn Hilman, Curtis Rowe, Brian Paulson, Gina Coon, Trina García, Germain Tuner y otros directores se mantienen en sus cargos.
Fuentes internas han denunciado reiteradamente que hay falta de controles internos en CITGO, incluyendo la ausencia de aplicación de programa de cumplimiento anticorrupción y anti-retaliación en contra de informantes que denuncian los hechos de corrupción en la filial de PDVSA en Estados Unidos.
De hecho, la junta directiva actual, presidida por Luisa Palacios, con el visto bueno de Judith Colberth y Rick Esser contrataron a abogados contrataron los abogados como Hogan Lovells US LLP. y Willkie Farr & Gallagher LLP, para amenazar a los directores que denunciaron la corrupción interna.
Otra irregularidad de Orsoni
Edoardo Orsoni aparece mencionado en una demanda interpuesta ante la corte del Condado de Harris en Texas el 1 de octubre de 2019, por la ex-gerente Comercial de Asuntos Jurídicos de CITGO Petroleum Corporation, Natasha Y. Williams, quien alegó haber sido discriminada en la empresa por no ser venezolana.
La demanda sostiene que los acusados y los empleados la discriminaron por su condición racial lo cual viola la ley y el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1963.
Williams señala que Liliana Torres, prestaba ayuda administrativa al VP de Asuntos Legales, Edoardo Orsoni, y esta era tratada diferente por ser venezolana, mientras que ella, la demandante, era discriminada por su condición de extranjera.
