WASHINGTON.— El presidente Joe Biden firmó el martes 2 de febrero tres órdenes ejecutivas para facilitar la eventual reunificación de niños separados de sus padres en la frontera, reforzar la seguridad fronteriza y reformar el sistema de asilo, pero algunos de sus críticos las tacharon de insuficientes.
El propósito de las medidas es comenzar a revertir la agenda migratoria del expresidente, Donald Trump, que fue una promesa electoral de Biden para sumar apoyo entre los votantes latinos.
Sin embargo, sus medidas carecen de un cronograma o de detalles sobre su eventual implementación, lo que, según observadores, reflejan la ingente labor de la Administración Biden por desmantelar las medidas y regulaciones impuestas por Trump.
El mensaje de la Administración Biden es que no será un proceso rápido ni fácil, pero eso ya le generó críticas.
La Administración Trump separó a al menos 5,500 niños de sus padres en la frontera sur entre julio de 2017 y junio de 2018, cuando un tribunal federal le exigió anular su política de “tolerancia cero”.
La Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU, por su sigla en inglés), que demandó a Trump en numerosas ocasiones por la separación de familias y otras medidas, calcula que “centenares” de familias siguen separadas. Muchos padres fueron deportados a Centroamérica, dejando a sus hijos en poder de familiares en distintas partes de EEUU.
Biden firmó las órdenes ejecutivas poco después de que, en una votación de 57-43, el Senado confirmará a Alejandro Mayorkas como el primer latino y primer ex refugiado en timonear el Departamento de Seguridad Nacional.
En breves declaraciones ante la prensa, Biden dijo que no está creando nuevas leyes sino que elimina las "malas políticas" de Trump que, a su juicio, fueron "contraproducentes" a la seguridad e identidad del país como nación de inmigrantes.
“Vamos a revertir la vergüenza moral y nacional de la administración anterior que de forma literal, no figurada, arrancó a niños de los brazos... de padres y madres en la frontera, sin ningún plan, ninguno, para reunificar a niños que siguen bajo custodia con sus padres", aseguró el primer mandatario.
Según un documento distribuido por la Casa Blanca, las tres órdenes ejecutivas conllevan lo siguiente:
- Un Grupo de Trabajo para la Reunificación de Familias. El grupo, liderado por Mayorkas, trabajará con representantes de distintas agencias del gobierno federal, partes interesadas, socios en la región, y representantes de las familias impactadas por la política de “tolerancia cero” que impuso brevemente la Administración Trump. Su tarea será encontrar a los padres y niños separados en la frontera sur, y presentar recomendaciones sobre cómo reunificarlos. Se prevé que la Administración Biden permita que los padres regresen a EEUU con ciertas visas o protecciones, o que los niños sean devueltos a sus familias en Centroamérica, dependiendo de sus casos particulares. El grupo, que incluirá a los titulares de los departamentos de Estado y de Justicia, también presentará recomendaciones a la Casa Blanca sobre medidas para evitar que se repita la controvertida política de separación de familias.
- Estrategia para mejor control de la frontera sur y proceso de asilo. La idea es implementar una estrategia para responder con más eficacia a los cruces ilegales en la frontera sur, y crear “un sistema de asilo humano”. El documento señala que las políticas migratorias de Trump en la frontera sur solo crearon “caos, crueldad, y confusión”, además de que, lejos de mejorar la seguridad de las comunidades fronterizas, solo “castigaron” a solicitantes de asilo que huyen de la violencia en sus países. Por ello, dijo la Casa Blanca, la Administración Biden-Harris comenzará a revertir “las políticas más dañinas” de la anterior administración, e implementará un plan en tres fases: medidas contra la violencia e inseguridad en la región; ayudas para que otros países ofrezcan “protección y oportunidades” a solicitantes de asilo, y asegurar que los refugiados y solicitantes de asilo de Centroamérica tengan “acceso a vías legales” hacia Estados Unidos. La Administración Biden además se compromete a revisar el controvertido programa “Quédate en México” (MPP, por su sigla en inglés), con el que Trump devolvió a ese país a 65 mil solicitantes de asilo a esperar allí la resolución de sus casos. El documento no precisa qué ocurrirá con el programa ni en qué plazos, pero la Casa Blanca reconoció que “la situación en la frontera no se va a transformar de la noche a la mañana”.
- Restablecer la fe en el sistema de inmigración legal. El documento propone establecer una estrategia que promueva la integración e inclusión de los inmigrantes mediante la reactivación de un Grupo de Trabajo sobre nuevos Estadounidenses, además de asegurar que el sistema de inmigración legal funciona de manera “justa y eficiente”. En ese sentido, la Administración Biden evaluará las regulaciones y políticas que han servido como barreras para el ingreso legal a Estados Unidos y que, con demasiada frecuencia, han conllevado a años de espera y retrasos en los trámites. En este rubro, Biden anula el memorándum de Trump que obligaba a las familias a pagarle al gobierno si algún pariente recibía beneficios públicos -dentro de la controvertida “regla de carga pública”-, ordena una revisión completa de ese reglamento, y agiliza el proceso de naturalización.
Durante una conferencia telefónica con periodistas, funcionarios de la Casa Blanca explicaron que Biden prevé tomar más acciones sobre inmigración en un futuro cercano.
Críticas al plan de Biden
Aunque las medidas de Biden son un giro de 180 grados respecto a las que adoptó la Administración Trump para combatir la inmigración ilegal y restringir aún más la inmigración legal, estas generaron críticas de grupos defensores de los inmigrantes.
Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU, consideró que el grupo de trabajo sobre la reunificación de familias se queda corto.
“Creemos que las familias que fueron sujetas a esta política salvaje deben recibir protección en EEUU, legalización permanente y restitución. El hecho de que se reunifique a una familia no significa que ha superado el trauma sufrido”, argumentó Gelernt.
Por su parte, Charlene D´Cruz, abogada de inmigración y directora del programa Project Corazón en la frontera entre Texas y México, criticó que la Administración Biden aún no ha establecido un plazo para implementar una alternativa al programa “Quédate en México”, que ha dejado varados en México a miles de solicitantes de asilo.
Esa omisión, según D´Cruz, “simplemente no es suficiente”, porque, aunque revertir las políticas migratorias de Trump tomará tiempo, “al menos se debe establecer una fecha para la revisión” del programa.
Por ello, su grupo instó a la Administración Biden y la primera dama, Jill Biden, quien visitó un campamento de migrantes en Matamoros en diciembre de 2019, a que de inmediato aprueben un permiso humanitario para que los solicitantes de asilo ingresen a EEUU a esperar una cita en los tribunales de Inmigración.
Greisa Martínez Rosas, directora ejecutiva de United We Dream, dijo que EEUU debe dejar atrás el “legado oscuro” de Trump de detenciones y deportaciones, y grupos como el suyo exigirán que Biden ponga punto final a las “mortíferas políticas” del pasado.
“Le exigiremos cuentas al secretario Mayorkas para que traduzca las órdenes y recomendaciones del presidente Biden a políticas que ayuden a nuestras comunidades sin causarles más trauma y dolor”, afirmó Martínez Rosas, también líder del grupo The Frontline.
El legislador demócrata por Arizona, Raúl Grijalva, destacó que la Administración Trump creó una “crisis humanitaria” en la frontera sur con sus medidas punitivas contra los inmigrantes, particularmente los solicitantes de asilo, y las órdenes ejecutivas de Biden son un “paso positivo hacia un sistema migratorio más humano”.
“Las políticas migratorias deben centrarse en la creación y fortalecimiento de un sistema migratorio que funcione, no uno que solo busca castigos, separación de familias, y satanización de quienes necesitan ayuda”, dijo Grijalva, quien se comprometió a trabajar con la Administración para que el Congreso apruebe una reforma migratoria integral.
La última reforma migratoria ocurrió en 1983 bajo la presidencia de Ronald Reagan, que legalizó a tres millones de inmigrantes indocumentados. Desde entonces, el Congreso ha adoptado algunas restricciones, pero no se pone de acuerdo sobre el alcance y contenido de una nueva reforma.
