Por María Peña- Especial para El Tiempo Latino
WASHINGTON.— La Casa Blanca difundió este jueves una ambiciosa estrategia para atacar “de raíz” las causas de la emigración ilegal de Centroamérica hacia Estados Unidos, en el marco de tensas negociaciones presupuestarias y sin visos de que el Congreso apruebe una reforma migratoria este año.
La estrategia, que se apoya en cinco pilares pero carece de nuevas acciones concretas, surge dos días después de que la Administración Biden-Harris presentara un plan de 21 puntos para la construcción de un sistema migratorio “justo, ordenado y humano”. El lunes pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) anunció la reanudación de las deportaciones expeditas en la frontera sur.
Durante una conferencia telefónica con periodistas, funcionarios de alto rango de la Administración, que pidieron el anonimato, explicaron que el presidente, Joe Biden, y la vicepresidenta, Kamala Harris, “en realidad heredaron un sistema roto y disfuncional”, que se agravó con las medidas adoptadas por la Administración Trump.
La estrategia anunciada hoy tiene un enfoque “integral”, está pensada para el largo plazo y requerirá “que funcione en múltiples niveles de forma simultánea”, explicó una funcionaria.
Es que, según reconoció Harris en un mensaje que acompaña la estrategia, la pandemia del COVID-19 y las extremas condiciones de clima han empeorado las causas principales de la migración, que incluyen la corrupción, la violencia, el tráfico de personas, y la pobreza.
Pero el combate a la migración ilegal, enfatizó Harris, no solo requiere de ayuda humanitaria sino también del apoyo internacional.
Pese a las presiones de grupos pro-inmigrantes, la Administración no prevé eliminar por ahora las expulsiones bajo el llamado “Título 42”, un programa de salud pública instituido en la frontera sur para frenar el avance del COVID-19 y que ha permitido el retorno forzoso a México de más de un millón de personas.
En todo caso, el goteo de anuncios migratorios ha generado críticas de grupos de izquierda y de derecha.
Los cinco pilares
La estrategia se apoya en cinco pilares: ataque a la inseguridad y desigualdad económica; el combate a la corrupción y fortalecimiento de la democracia; la promoción del respeto a los derechos humanos, laborales y de la prensa libre; la prevención de la violencia y extorsión, y el combate a la violencia doméstica y de género.
Otro funcionario explicó que la Administración quiere promover fuertes inversiones económicas en la región con la idea de generar empleos para que la gente no salga de sus países.
Por otra parte, la Administración Biden-Harris también quiere propiciar una estrategia de colaboración migratoria, tal como lo estipuló una orden ejecutiva del pasado 2 de febrero y en la que los países de la región se comprometen a ampliar las protecciones de los migrantes y las vías legales para la migración.
En entrevista con El Tiempo Latino, Krish O’Mara Vignarajah, presidenta y principal ejecutiva de “Lutheran Immigration and Refugee Service”, dijo que aunque “estos planes no son perfectos, definitivamente representan un progreso”.“Hay elementos que tienden a la continua militarización de la frontera pero, en general, sientan las bases para un nuevo marco de gestión migratoria alineado con las realidades del siglo 21… cualquier plan para gestionar el movimiento de las personas debe basarse en el hecho de que la migración no comienza en nuestras fronteras sino en sus países de origen”, explicó. O’Mara Vignarajah elogió además que la Casa Blanca reconozca que la violencia, corrupción, cambio climático y la inseguridad alimentaria provoquen la emigración ilegal, y que la estrategia ponga énfasis en la cooperación internacional, la expansión de las vías legales y el fortalecimiento de la economía regional.Aunque el plan tardará en dar frutos, al menos se enfoca en un cambio sistémico a largo plazo y no en políticas disuasorias de corto plazo que impuso la Administración Trump, concluyó.
Dudoso futuro para medidas migratorias
Fuentes cercanas a la Casa Blanca indicaron que Biden previsiblemente recibirá hoy a miembros de ambas cámaras del Congreso, incluyendo legisladores del Caucus Hispano de la Cámara de Representantes, en unos momentos en que la Administración promueve incluir iniciativas migratorias en un paquete presupuestario de $3,5 billones.
Una de las prioridades demócratas es que el Congreso apruebe sendas iniciativas migratorias: el “U.S. Citizenship Act”, para la legalización de buena parte de la población indocumentada, y el “American Dream and Promise Act”, ya aprobado en la Cámara de Representantes en marzo pasado y que legalizaría a los “Dreamers”, a los “tepesianos” y a los amparados al programa de “Deferred Enforced Departure” (DED).
La idea de los demócratas, que controlan ambas cámaras por escaso margen, es que esas medidas sean aprobadas por la vía rápida -y con solo mayoría simple- mediante el llamado proceso de “reconciliación presupuestaria”, que además daría luz verde a un megaproyecto de infraestructura nacional.
Pero, presionados por grupos conservadores, los republicanos han dejado en claro que no apoyarán la inclusión de medidas en ese proceso y exigen el reforzamiento de la seguridad fronteriza.
Solo el parlamentario del Senado puede decidir qué medidas entran en la “reconciliación presupuestaria” y, dado el clima político, sería la única manera de lograr la aprobación de una reforma migratoria.
Como parte de una campaña de convencimiento, la Casa Blanca ha querido destacar en los últimos días sus “logros notables” en el frente migratorio, incluyendo un desembolso de $310 millones en ayuda humanitaria para atender los factores “agudos” de la emigración ilegal, como la pandemia del COVID-19, los huracanes, y la sequía causada por el cambio climático.
De ese monto total, las autoridades ya han designado más de $250 millones, con un alcance potencial de más de dos millones de personas. Además, el gobierno de EE. UU. ha entregado más de diez millones de vacunas contra el COVID-19 a El Salvador, Guatemala y Honduras.
Los funcionarios también destacaron que, desde el lanzamiento de una iniciativa empresarial el pasado 27 de mayo, más de 150 empresas privadas y organizaciones “han expresado interés” en sumarse al esfuerzo, que comenzó con una inversión inicial de $750 millones en recursos.
La llamada “Alianza para Centroamérica” prevé distribuir servicios financieros para la pequeña empresa; acceso a internet y a servicios bancarios digitales en comunidades rurales; vivienda para familias de escasos recursos, y una reducción de las barreras a la educación superior.
