Es domingo en la frontera entre México y Estados Unidos. En la garita conocida como El Chaparral, en la ciudad de Tijuana, todavía no sale el sol y Aimee Melo ya está trabajando. Sus ojos escanean cada rincón del cruce fronterizo buscando un ángulo en el que pueda enfocar su cámara.
Aimee es fotoperiodista para Punto Norte, un medio especializado en historias urbanas. Su misión es cubrir lo que pasa en las calles de Tijuana y para eso no hay horarios. Desde las 5 de la mañana la joven recorre la ciudad lista para documentar el desalojo de un campamento de migrantes, un incendio y un homicidio.
Tijuana se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo. Durante los últimos tres años se han registrado alrededor de 2 mil asesinatos por año, más de 5 por día y ahora esa violencia ha tocado la puerta de reporteros como Aimee. En lo que va del año, cinco periodistas han sido asesinados en México, dos en Tijuana: El fotógrafo Margarito Martínez y la reportera Lourdes Maldonado, ejecutados con apenas seis días de diferencia.
“La muerte de nuestros compañeros es algo muy doloroso. Margarito era mi colega y su asesinato deja un vacío informativo muy importante en esta ciudad. Creo que por eso todos seguimos comprometidos con el trabajo, a pesar de las circunstancias. Me daría más miedo quedarme callada”, me dijo Aimee mientras documentaba la escena del crimen acordonada por policías municipales.
Datos del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés) revelan que al menos 141 comunicadores han sido asesinados en México en los últimos 30 años. La organización Artículo 19 coloca la cifra en 148 desde 2000. En ambos casos, el total coloca a México como uno de los países más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo.
Pero los ataques contra periodistas en México forman parte de un contexto de violencia más amplio en un país en el que se registran más de 30 mil homicidios cada año. No se trata de fenómenos independientes sino de realidades paralelas.
Días después del asesinato de Lourdes Maldonado en Tijuana, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, publicó un tuit en el que envió el pésame a las familias de los periodistas asesinados y reiteró el apoyo de su gobierno a los esfuerzos de México por justicia en estos casos. Una buena forma de empezar a mostrar ese apoyo sería aceptando la corresponsabilidad que Washington tiene en la violencia que se registra del otro lado de la frontera y, muchas veces, a solo metros de la línea divisoria entre ambos países, como en Tijuana.
Entre 2014 y 2018 el Departamento de Justicia logró establecer que 70% de las armas utilizadas en crímenes violentos en México venían de Estados Unidos. Es innegable que el poder del crimen organizado en México se nutre de la corrupción y la impunidad en el país, pero también del tráfico de armamento de uso militar que empodera a los delincuentes y desafía el control del Estado mexicano sobre su territorio.
En una demanda presentada ante una corte en Boston, Massachusetts en agosto del año pasado, el Gobierno de México afirmó que los principales fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos son responsables de traficar 90% de las armas decomisadas en su territorio. Por esta razón México quiere llevar a juicio a más de una decena de fabricantes y distribuidores que según la demanda presentada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador han incurrido en “prácticas comerciales, negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico ilegal de armas a México”. La demanda básicamente dice que los productores estadounidenses operan con el objetivo de facilitar el acceso de carteles mexicanos a sus productos. La Cancillería mexicana dice que el objetivo es detener el flujo de armamento ilegal. Entre las empresas demandadas figuran: Smith & Wesson; Barrett Firearms Manufacturing; Beretta; Century International Arms; Colt’s Manufacturing Company; Glock; Sturm, Ruger & Co y Witmer Public Safety Group. Las ventas anuales de estas firmas a clientes en México, según el Gobierno mexicano, rebasan las 340 mil armas al año. Un verdadero arsenal de violencia y destrucción.
Para sorpresa de muchos, la semana pasada una coalición de 13 fiscales estadounidenses, encabezados por Maura Healey fiscal general del estado de Massachussetts, donde se encuentra la sede de la mayoría de estos fabricantes, respaldaron por medio de un documento sometido en una corte federal la demanda presentada por el gobierno de México.
En declaraciones públicas, la fiscal dijo que era inaceptable que los fabricantes de armas y sus distribuidores faciliten el tráfico ilegal de armas hacia las manos de individuos peligrosos.
“Esta es una demanda novedosa para que los fabricantes de armas en los Estados Unidos rindan cuentas por la forma en la que comercializan sus productos. Los fabricantes y sus vendedores no están por encima de la ley”, advirtió la Fiscal Healey en declaraciones para el Tiempo Latino.
En un escrito de respaldo, conocido como amicus brief, los fiscales estatales se oponen a la moción de los demandados de desestimar el caso y argumentan que la Ley Federal de Protección del Comercio Legal de Armas o PLCAA, por sus siglas en inglés no protege a estos fabricantes de rendirles cuentas a los consumidores estadounidenses o en este caso, al gobierno mexicano. México alega que las compañías -no un tercero- sabían que violaron las leyes aplicables a la comercialización de armas. Los fiscales estatales que firmaron el documento de apoyo al gobierno mexicano son los de California, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia (DC), Hawaii, Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México y Oregon.
La semana pasada el senador Ted Cruz criticó el aumento en los ataques contra periodistas en México y lo llamó una ruptura del estado de derecho en ese país. Las declaraciones del senador republicano por Texas generaron una reacción directa del presidente López Obrador, quien desestimó las críticas por venir de quien calificó como un personaje de la derecha estadounidense.
Es difícil saber el alcance que tendrá la acción legal implementada por México en este momento, pero lo que resulta innegable es que ninguna demanda cambia el hecho de que ese país se ha convertido en uno de los más violentos en el mundo y en el más peligroso para ejercer el periodismo.
Para Aimee Melo la realidad de esta violencia se expresa en cada una de las imágenes que captura con su cámara. Un trabajo que la ha convertido en daño colateral de una guerra por la verdad en la que un lado tiene armas de alto calibre traficadas desde Estados Unidos mientras el otro sostiene una cámara.
