El estado de Texas se ha convertido en la punta de lanza de un nuevo partido republicano cada vez más parecido al trumpismo, más radical y menos incluyente. Alentados por los buenos resultados electorales del 2020, los republicanos en Texas se han despachado con la cuchara grande en los últimos meses aprobando una larga lista de medidas conservadoras que incluyen una ley que prohíbe el aborto desde las primeras semanas del embarazo, sin excepciones por violación o incesto, y que otorga facultades a los ciudadanos para demandar a una persona que sospechen pudo haber ayudado a una mujer a evitar esta prohibición. Otra ley permite que la mayoría de los residentes de Texas porten un arma de fuego sin permiso; no importa que, según una encuesta de Quinnipiac publicada a mediados de 2021, el setenta y cuatro por ciento de los tejanos rechaza la portación de armas sin licencia o capacitación. También está la ley que prohíbe el estudio en escuelas públicas del impacto que han tenido la raza y el racismo en las estructuras sociales en los Estados Unidos, o la orden ejecutiva impulsada por el Gobernador Greg Abbott que instruye a la agencia estatal de protección y servicios familiares a denunciar por abuso infantil a los padres de niños transexuales que reciben tratamientos médicos para su adaptación.
Todo esto ocurre en la antesala de una elección en la que el gobernador Greg Abbott aspira a un tercer periodo al frente del gobierno de Texas que ha encabezado desde 2015. El estado es uno de los 14 en todo el país en los que no existen límites a la reelección. Es un hecho que la estrategia de Abbott ha violentado los derechos de poblaciones vulnerables y de la comunidad texana, pero también le ha costado cientos de millones de dólares a los contribuyentes.
El año pasado Abbott anunció que el estado gastaría 250 millones de dólares para construir un muro en la frontera con México utilizando recursos públicos. La idea es tan absurda y cara como cuando el expresidente Trump prometió lo mismo, pero al igual que Trump, Abbott está menos interesado en los detalles que en construir un mensaje de campaña ganador en un estado en el que la derecha radical ha estado dispuesta a todo para afianzarse en el poder, conscientes de que cualquier avance demócrata significaría un jaque mate en el tablero de la política presidencial.
Para ejemplo, otro botón. Días después de que la administración del presidente Joe Biden anunciara el fin de Título 42, una medida de emergencia implementada durante la pandemia con la que las autoridades migratorias rechazaron el ingreso de solicitantes de asilo y refugiados a través de la frontera con México, el gobernador Greg Abbott prometió una acción drástica y “sin precedentes” para frenar la llegada de más migrantes indocumentados a Texas.
Durante la conferencia de prensa en la que Abbott presentó el plan que conmocionó a la comunidad de derechos de los inmigrantes dentro y fuera del país, el gobernador dijo que Texas colocaría policías estatales con equipo antidisturbios para recibir a los migrantes en la frontera y colocarlos en autobuses que los llevarían directamente a los escalones del Capitolio en Washington. D.C., donde dijo que la administración de Biden “podría encargarse inmediatamente de las necesidades de las personas a las que están permitiendo cruzar nuestra frontera”.
“Me parece que el gobernador Abbott esperaba generar imágenes de caos y desorden por las calles de Washignton D.C., pero eso no ha ocurrido”, explica Abel Nuñez director ejecutivo de CARECEN, una de las pocas organizaciones que trabajan para brindar apoyo humanitario a los migrantes que han sido transportados desde Texas.
Desde que inició el programa el pasado 13 de abril, 11 camiones han realizado el viaje que toma entre 32 y 35 horas desde la ciudad de Del Río, Texas hasta la capital del país. Se calcula que menos de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, cubanos, nicaragüenses y habitantes de África Central se han sumado de forma voluntaria al programa aprovechando que el gobierno de Texas paga su traslado. Todos los migrantes cuentan con permisos para permanecer legalmente en el país, al menos hasta el mes de junio.
“Todos tienen ‘parole’ eso quiere decir que están aquí legalmente. De hecho las autoridades migratorias les proporcionan un teléfono celular para que estén reportándose constantemente con ellos, lo que antes se hacía con el grillete. Nosotros les ayudamos a buscar orientación legal para que arranquen el proceso que les permita regularizar su situación permanentemente. Me parece que cuando Abbott anunció este plan, el gobernador omitió acentuar el carácter voluntario y el estatus legal de los migrantes que forman parte del programa”, agregó Nuñez.
Los camiones en los que son transportados los migrantes llegan a un estacionamiento público en la estación de trenes de Washignton D.C. en donde los migrantes, muchos de ellos familias de refugiados que escapan de las dictaduras en Venezuela y Cuba, son abandonados a su suerte. En ese momento, voluntarios de organizaciones como CARECEN y Caridades Católicas, les ofrecen artículos de higiene, comida y asesoría personal para tratar de contactarlos con familiares o amigos dentro de los Estados Unidos.
“La mayoría decide seguir su camino, pero hay algunos que se quedan en Washington. Hemos visto que los cubanos regularmente cuentan con un punto de contacto que los ayuda a establecerse con más facilidad. En el caso de los venezolanos, se trata de una comunidad que todavía no tiene esa infraestructura de apoyo porque la llegada de refugiados desde Venezuela es un fenómeno relativamente nuevo”.
La migración y particularmente la inmigración indocumentada ha sido una de las temáticas más contenciosas para los estadounidenses, sobre todo a partir de las consecuencias sociales que dejó la recesión económica del 2007 y del movimiento nativista que catapultó las aspiraciones presidenciales de Donald Trump. Pero las posiciones se han radicalizado al grado en el que los más vulnerables son utilizados como carnada en la arena política. Usar el sufrimiento de los mismos refugiados a los que políticos republicanos en Florida han prometido defender, ilustra la fragmentación y un nuevo grado de toxicidad en el movimiento conservador estadounidense. La pregunta es si el futuro del partido republicano en la escena nacional seguirá los pasos de su líder en Texas o si un ala moderada y responsable representada por figuras como el excongresista Will Hurd podrá eventualmente retomar el control. El futuro del partido y en buena medida del país es lo que está en juego.
