Las discusiones de 20 senadores -10 demócratas y 10 republicanos- sobre la violencia armada dieron frutos: el Congreso aprobó este viernes la ley bipartidista de comunidades más seguras.
“Nuestra legislación salvará vidas y no infringirá los derechos de la Segunda Enmienda de ningún estadounidense respetuoso de la ley. Esperamos obtener un amplio apoyo bipartidista y aprobar nuestra legislación de sentido común en ley”, dijeron los senadores en un comunicado a inicio de semana.
Se trata del proyecto de ley que aborda la violencia armada más importante en 30 años, ya que el Congreso no ha logrado llegar un acuerdo antes, y dará una respuesta desde el legislativo a los tiroteos masivos en Nueva York y Texas.
La ley -que está a la espera de la firma del presidente Joe Biden- proporcionará fondos para alentar la promulgación de leyes estatales destinadas a controlar el acceso a las armas y apoyar una variedad de otras iniciativas para mejorar la seguridad escolar, los programas de salud mental y la prevención de la violencia armada.
Te contamos los componentes del proyecto de ley.
- Amplia verificación de antecedentes en menores de 21 años
Los compradores de armas de fuego menores de 21 años tendrán una mejor verificación de antecedentes.
El proyecto de ley exige que el Sistema Nacional Instantáneo de Verificación de Antecedentes Penales (NICS, por sus siglas en inglés) verifique los registros de salud mental y juveniles a través de las bases de datos estatales o de las autoridades locales.
El sistema tendrá tres días hábiles para realizar una búsqueda inicial y 10 días para completar la investigación adicional.
Incluye $200 millones en subvenciones para que los estados actualicen los registros penales y de salud mental para NICS.
- Incentiva a los estados a implementar leyes de bandera roja
Proporcionará $750 millones en fondos durante los próximos cinco años para apoyar los servicios estatales de intervención en crisis, incluida la implementación de las leyes estatales de Bandera Roja.
Las leyes de bandera roja, llamadas formalmente órdenes de protección contra riesgos extremos, autorizan a los tribunales a emitir una orden especial de protección y, por lo tanto, la policía podría confiscar un arma de fuego a aquellas personas que un juez considere que son un peligro para ellos mismos o para la sociedad.
La solicitud puede ser realizada por amigos o familiares que expresan temor por un ser querido que tiene armas y ha expresado pensamientos suicidas o ha hablado de dispararle a la gente. Las autoridades también pueden emitir esa solicitud.
Actualmente 19 estados, que incluye estados encabezados por republicanos Florida e Indiana, tienen leyes de este tipo. Dependiendo del estado, puede variar quién está autorizado para realizar la solicitud.
- Cierra la “laguna del novio”
Amplía la prohibición actual que impide que los abusadores domésticos condenados compren o posean armas. En la legislación se incluye no solo a aquellos que maltrataron a sus cónyuges, sino también a quienes abusaron de sus parejas actuales o recientes.
La ley dice que prohíbe que “los delincuentes condenados por un delito menor de violencia doméstica como parte de una relación de noviazgo actual o anterior reciente compren o posean armas de fuego durante cinco años”.
El noviazgo es definido como una "relación entre dos personas que tienen o han tenido recientemente una relación seria continua de naturaleza romántica o íntima”.
Si no se cometen delitos similares durante el período, la persona podrá pasar por un proceso federal para que se le restaure el derecho a adquirir un arma.
- Inversiones en salud mental y seguridad escolar
Ordena a Medicare y Medicaid que briden orientación a los estados sobre cómo mejorar el acceso a servicios de salud, incluyendo salud mental a través de telesalud.
Esa orientación debe incluir mejores prácticas para brindar servicios de salud mental y trastornos por uso de sustancias a través de telesalud en las escuelas; recomendaciones para medir la calidad de la atención de telesalud y mejores prácticas para transmitir la disponibilidad de telesalud a los afiliados de Medicaid.
También pide a Medicare y Medicaid que proporcionar a los estados herramientas y recursos críticos para implementar, mejorar y expandir los programas de salud en las escuelas bajo Medicaid.
También se anunciaron los siguientes fondos:
- $500 millones para subvenciones para servicios de salud mental en las escuelas.
- $300 millones para medidas de seguridad dentro y alrededor de las escuelas y para brindar capacitación a los estudiantes y al personal escolar.
- $250 millones en fondos dedicados para programas de intervención y prevención de la violencia comunitaria.
