El Departamento de Justicia lanzó el martes un nuevo grupo de trabajo que protegerá la atención médica reproductiva de las mujeres después de que la Corte Suprema anuló las protecciones federales al aborto el mes pasado.
El grupo estará presidido por la fiscal general adjunta, Vanita Gupta. Tendrá como objetivo monitoreará y evaluará la legislación estatal y las acciones de cumplimiento que amenazan con "violar las protecciones legales federales" relacionadas con la salud reproductiva.
“La Corte abandonó 50 años de precedente y eliminó el derecho constitucional al aborto, impidiendo que las mujeres de todo el país puedan tomar decisiones críticas sobre nuestros cuerpos, nuestra salud y nuestro futuro. El Departamento de Justicia está comprometido a proteger el acceso a los servicios reproductivos”, dijo Gupta en un comunicado de la agencia.
El grupo de trabajo es otra de las respuestas de la administración Biden, que ha estado bajo presión para que tome acciones tras el fallo de la Corte Suprema mientras se desarrollan las batallas legales en los estados.
¿Qué hará el grupo de trabajo?
La anulación del fallo Roe v. Wade el mes pasado puso en el punto de mira las pastillas que se utilizan para abortar y que están aprobadas por la FDA, la agencia que regula los medicamentos en Estados Unidos.
La administración Biden sostiene que protegerá su uso y ampliará su disponibilidad. Entre las tareas del nuevo grupo de trabajo destaca la evaluación de los esfuerzos de los estados que amenacen con prohibir la mifepristona (uno de los medicamentos para abortar) que estaría en desacuerdo con el juicio experto de la FDA sobre su seguridad y eficacia.
También el grupo de trabajo estará atento a las infracciones de las protecciones federales que tienen las personas para buscar y ser provistas de atención médica reproductiva.
Expertos y defensores del aborto han advertido que el fallo puede generar barreras para acceder a la atención médica, incluidos los tratamientos anticonceptivos. Sobretodo después de que el juez Clarence Thomas dijo en una opinión concurrente que otros fallos basados en el derecho a la privacidad, como el derecho a la anticoncepción deberían ser revisados.
Además trabajará con la Oficina de Asesoría al Presidente para convocar una reunión de abogados privados pro bono, colegios de abogados y organizaciones de interés público para alentar a los abogados a representar y ayudar a pacientes, proveedores y terceros que buscan legalmente servicios de salud reproductiva en todo el país.
Otro punto que destaca es el monitoreo sobre los estados que buscan deteriorar la capacidad de las mujeres para buscar atención reproductiva en los estados donde es legal.
Biden ha dicho reiteradas veces que su administración protegerá a las mujeres que viven en estados que restringe o prohíben el procedimiento y que viajan a otros estados para poder tener acceso a un aborto.
El grupo también tiene previsto prestar asistencia técnica al Congreso de Estados Unidos con respecto a los esfuerzos para codificar los derechos reproductivos en la ley federal.
Fuente principal de la noticia: Departamento de Justicia
