El viernes 29 de julio la Fiscalía española formalizó un escrito de acusación contra la cantante colombiana Shakira mediante el que solicitan una pena de ocho años y dos meses de cárcel por seis delitos contra la Hacienda pública.
Después de que la intérprete de Te Felicito rechazara un acuerdo con la Fiscalía para evitar el juicio, el ministerio concluyó que la artista defraudó 14,5 millones de euros al evitar el pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del impuesto sobre el patrimonio.
Además de la pena de cárcel, la Fiscalía solicita el pago de una multa de 23,7 millones de euros. Los seis delitos contra la Hacienda pública que le están acusando a Shakira tienen dos agravantes: la elevada cuantía de la defraudación y la “utilización de personas jurídicas interpuestas”.
Este último se refiera a que, supuestamente, la artista utilizó “sociedades en paraísos fiscales que le permitieron ocultar sus ingresos”.
El diario español El País explicó en una nota de prensa que la Fiscalía está apreciando un comodín que bajará la pena de prisión por reparación de daños porque la cantante “puso a disposición del juzgado 17,2 millones para hacer frente a eventuales responsabilidades”.
La fiscal demandante ha pedido que durante el juicio se interrogue a Shakira y a 37 testigos, algunos por videollamadas.
Tras emitirse la solicitud del ente se espera que en las próximas semanas el juzgado de Esplugues de Llobregat, situado en Barcelona y que ha investigado los hechos, dicte la apertura de juicio oral.
Según El País todo apunta a que el juicio se llevará a cabo en completa normalidad.
Más detalles del caso entre Shakira y la Fiscalía española
La Fiscalía española concluyó que entre 2012 y 2014 la cantante evitó el pago de los impuestos IRPF y de patrimonio lo que sumó una deuda de 14,5 millones de euros.
La tesis de la acusación establece que en ese periodo Shakira estaba iniciando una relación que el futbolista Gerard Piqué y había establecido su residencia en España a efectos fiscales.
Según la prueba de la Fiscalía, eso dos años que pasó la cantante viviendo en el país europeo es más tiempo del requisito que fija la ley para que alguien sea considerado residente fiscal.
Sin embargo, Shakira se defiende argumentando desde el principio de la investigación que disponía su residencia legal en Bahamas.
La acusación del ente se apoya en informes de los inspectores de la Agencia Tributaria que durante esos dos años “analizaron el día a día de Shakira a través de su asistencia a peluquerías y salones de belleza, de las visitas a la clínica Teknon durante el embarazo de su primer hijo o de pruebas documentales, como el alquiler de un estudio de grabación cerca de Barcelona”.
Recientemente la intérprete de Antología acusó a la Fiscalía de “intransigente” y de emplear “medios indebidos para presionar”.
“La cantante confía plenamente en su inocencia y no acepta una conformidad”, se leyó en un comunicado compartido por su defensa en el que consideran que la causa penal contra ella es “un atropello a sus derechos”.
Fuente principal de la información: El País.
