Dos fallos separados pero vinculados con el derecho al aborto, uno en Texas y otro en Idaho, tenían como base una legislación: la Ley de Tratamiento de Emergencia Médica y Parto Activo (EMTALA, por sus siglas en inglés).
Esta ley federal de 1986 obliga a los hospitales a dar tratamiento médico a personas en situaciones de emergencia, sin importar su seguro o capacidad de pago. Pero una guía emitida por el Departamento de Salud (HHS, en inglés) tras la anulación de las protecciones federales sobre el aborto, le dio un giro nuevo.
El 11 de julio, a través de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), el Departamento de Salud aclaró el alcance de EMTALA. Explicaron que los médicos pueden practicar un aborto a una mujer embarazada en emergencias si ese es el “tratamiento estabilizador necesario”. Los proveedores de salud estarían protegidos bajo la ley federal, incluso si lo hacen en un estado con restricciones al aborto.
A partir de esta interpretación surgieron dos demandas, una emprendida por el Departamento de Justicia y otra por el estado de Texas, que pueden sentar un precedente mientras los estados aún definen el acceso al aborto.
Los fallos de estas demandas se dieron a conocer esta semana y son contradictorios entre sí y podrían llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos.
La demanda de Texas
Tres días después de que el HHS emitiera la guía, el fiscal general de Texas demandó al Departamento de Salud y a los CMS. Acusó a la administración Biden de buscar transformar las salas de emergencia del país en “en una clínica de aborto sin cita previa”.
En el texto judicial, sostuvo que “está ignorando flagrantemente el proceso legislativo y democrático, y burlando el fallo de la Corte Suprema antes de que se seque la tinta, al hacer que sus burócratas designados ordenen que los hospitales y los médicos de medicina de emergencia deben realizar abortos”.
Aseguró que la ley EMTALA “no autoriza, y nunca ha autorizado, al gobierno federal a obligar a los proveedores de atención médica a realizar abortos”.
“La orden de aborto de los acusados es ilegal y debe anularse”, afirmó en la demanda.
El martes por la noche, el juez federal James Wesley Hendrix se puso del lado del fiscal de Texas, Ken Paxton, e indicó que la guía del Departamento de Justica iba más allá de lo establecido en la ley federal.
Por lo tanto, bloqueó al Departamento de Salud hacer cumplir la nueva guía de EMTALA en Texas.
El Departamento de Justicia dijo en un comunicado que no estaban de acuerdo con la decisión. “Estamos considerando los próximos pasos apropiados”, dijo el fiscal general Merrick Garland en un comunicado.
La administración Biden también rechazó el bloqueo de la guía EMTALA en Texas. “Debido a esta decisión, a las mujeres en Texas ahora se les puede negar esta atención vital, incluso para condiciones como hemorragia severa o hipertensión potencialmente mortal. Está mal, es al revés, y las mujeres pueden morir como resultado”, advirtió la secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre en un comunicado.
La demanda en Idaho
Como parte de los esfuerzos del Grupo de Trabajo sobre los Derechos Reproductivo del Departamento de Justicia, el gobierno demandó al estado de Idaho a principios de agosto.
El Departamento de Justicia alegó que la prohibición de aborto de Idaho, que entró en vigor este jueves, entra en conflicto directo con la guía de EMTALA, ya que no prevé excepciones para salvar la vida de la madre.
“La ley de Idaho convertiría en delito penal que los médicos cumplan con el requisito de EMTALA de proporcionar un tratamiento estabilizador, incluso cuando un médico determina que el aborto es el tratamiento médico necesario para evitar que una paciente sufra riesgos graves para la salud o incluso la muerte”, se lee en la demanda del DOJ.
“En la medida en que la ley de Idaho prohíba a los médicos brindar el tratamiento médicamente necesario, incluidos los abortos, que EMTALA requiere como atención médica de emergencia, la nueva ley de aborto de Idaho entra directamente en conflicto con EMTALA”, agrega.
El miércoles por la noche, el juez federal B. Lynn Winmill estuvo de acuerdo con el Departamento de Justicia. Por lo tanto, emitió una orden judicial preliminar que bloquea parcialmente la ley de aborto de Idaho: los médicos no podrán ser castigados si realizan un aborto para proteger la salud de una paciente embarazada.
"Uno no puede imaginar la ansiedad y el miedo que experimentará (una mujer embarazada) si sus médicos se sienten coartados por una ley de Idaho que no les permite brindar la atención médica necesaria para preservar su salud y su vida", escribió el juez Winmill.
