El equipo legal del expresidente Donald Trump pidió este lunes a una jueza federal que rechace la petición que hizo el Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) la semana pasada, debido a que algunos documentos incautados en Mar-a-Lago pueden no estar clasificados realmente y que el expresidente tiene derecho a tenerlos.
“Esta investigación del 45º presidente de los Estados Unidos no tiene precedentes y está equivocada”, dice la presentación judicial. “Es una disputa por el almacenamiento de documentos que se ha salido de control, el gobierno busca indebidamente criminalizar la posesión por parte del 45° presidente de sus propios registros presidenciales y personales”.
El documento presentado por los abogados del expresidente es una respuesta a la solicitud del DOJ para que la jueza federal Aileen Cannon suspenda partes de su fallo, en el que se puso del lado de Trump y aprobó la designación de un experto independiente.
El DOJ pide que se les permita tener acceso a unos 100 documentos clasificados incautados y que el experto independiente no revise los materiales marcados como clasificados. También sugirió que es probable que no se hayan entregado todos los documentos gubernamentales, por lo que no tener acceso podría impedir identificarlos.
Los fiscales le pidieron a la jueza Cannon responder antes del 15 de septiembre, de lo contrario, presentarán una apelación formal.
Dice que lo son, ¿pero lo son? Los abogados de Trump señalaron que las preocupaciones planteadas por el DOJ son exageradas y duda de si los documentos encontrados realmente estaban clasificados.
- “El Gobierno señala la supuesta necesidad urgente de realizar una evaluación de riesgos de una posible divulgación no autorizada de supuestos ‘registros clasificados’. Pero no hay indicios de que se hayan revelado a nadie supuestos ‘registros clasificados’”, se lee en el expediente.
- El equipo legal de Trump alega que los documentos estaban en una ubicación bajo llave en Mar-a-Lago, que definieron como un “complejo seguro de acceso controlado utilizado regularmente para llevar a cabo los asuntos oficiales de los Estados Unidos durante la presidencia de Trump, que hasta el día de hoy es monitoreada por el Servicio Secreto de los Estados Unidos”.
- “La postura del Gobierno asume que, si un documento tiene una marca de clasificación, permanece clasificado independientemente de cualquier acción tomada durante el mandato del presidente Trump”, afirmó.
- Reiteraron además la necesidad de un experto independiente, como ellos pidieron y la Corte lo otorgó, para que revise los materiales incautados y haga una separación de aquellos que podrían estar potencialmente protegidos bajo privilegios abogado-cliente y ejecutivo.
- “La posición del Gobierno supone incorrectamente el resultado: que su separación de estos documentos es inviolable y no está sujeta a cuestionamiento por parte de este Tribunal ni de nadie más”, dijeron al respecto.
La investigación. El Departamento de Justicia investiga la extracción de documentos gubernamentales de la Casa Blanca por parte del expresidente Trump y su almacenamiento en su residencia en Florida. Algunos de estos archivos tienen altos niveles de clasificación.
- Además, el DOJ sugirió que está considerando una posible obstrucción de la justicia por parte de Trump, ya que pudo haber ocultado deliberadamente archivos clasificados cuando los agentes intentaron recuperarlos en junio.
- El FBI incautó a principios de agosto más de 10 mil registros gubernamentales, entre ellos más de 100 documentos clasificados.
- La investigación fue incentivada después de que Archivos Nacionales avisara en febrero al DOJ sobre documentos confidenciales recuperados en Mar-a-Lago a comienzos de este año.
