Una jueza de Esplugues de Llobregat, un municipio del área metropolitana de Barcelona, aprobó el inicio del juicio oral entre la cantante colombiana Shakira y la Hacienda Española por supuesto fraude fiscal de 14,5 millones de euros.
Esto ocurre luego de que las negociaciones entre la defensa de la cantante y la fiscalía no llegaran a un acuerdo. En el juicio Shakira de enfrenta a una petición de ocho años de cárcel y el pago de una multa de 23,7 millones de euros, solicitada por la Hacienda Española.
El próximo paso será acordar la fecha del inicio del juicio ante la Audiencia de Barcelona, órgano encargado de juzgar a la artista ya que la pena supera los cinco años de cárcel. La jueza decidió mantener la orden de libertad provisional de Shakira y evitar la imposición de medidas cautelares.
Ana Duro, titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Esplugues, dictó la apertura del juicio oral luego de haber recibido documentos de la fiscalía, pero también la Abogacía del Estado, la Generalitat de Catalunya y de la defensa de Shakira.
De acuerdo con El País, la Abogacía del Estado, que representa a la Agencia Tributaria, presentó un escrito de acusación por tres delitos relacionados al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Mientras que la Generalitat lo ha hecho por tres delitos vinculados al impuesto que recauda (Patrimonio).
Los seis delitos contra la Hacienda pública que le están acusando a Shakira tienen dos agravantes: la elevada cuantía de la defraudación y la “utilización de personas jurídicas interpuestas”.
Este último se refiera a que, supuestamente, la artista utilizó “sociedades en paraísos fiscales que le permitieron ocultar sus ingresos”.
En julio, a través de un comunicado, la intérprete de Antología acusó a la fiscalía de “intransigente” y de emplear “medios indebidos para presionar”.
“La cantante confía plenamente en su inocencia y no acepta una conformidad”, se leyó en la misiva compartida por su defensa en el que consideran que la causa penal contra ella es “un atropello a sus derechos”.
Fuente principal de la noticia: El País.
