Apenas el expresidente Donald Trump hizo público que agentes del FBI allanaron su residencia en Mar-a-Lago, Florida, los republicanos lo respaldaron e hicieron un par de promesas: desfinanciar al Departamento de Justicia e incluso investigar a la agencia si recuperan la mayoría en el Congreso de Estados Unidos.
Más allá de energizar a la base, es poco probable que recorten la financiación de las pesquisas a Trump y las investigaciones de los comités pueden influir más en la opinión pública que detener las acciones del Departamento de Justicia contra el expresidente.
“Algunos miembros del Congreso podrían hacer mucho ruido, pero eso es todo”, dijo Chuck Rosenberg, exfiscal federal y alto funcionario del FBI.
Analizamos qué tan lejos realmente pueden llegar estas promesas en potencial escenario.
Desfinanciar al FBI
El allanamiento a Mar-a-Lago generó que algunos miembros del Partido Republicano pidieran que se recortara el financiamiento al FBI, que está adscrito al DOJ.
Pero la logística para desfinanciar las investigaciones federales en curso sobre el expresidente Trump es complicada.
Los republicanos podrían utilizar la amenaza de un cierre de gobierno o la necesidad de aumentar el techo de la deuda —negociaciones relevantes que requieren que ambos lados del pasillo se pongan de acuerdo— para negociar los recortes.
Sin embargo, no parece haber voluntad política generalizada entre los legisladores republicanos para aplicar esa medida.
La lupa sobre el DOJ
El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien además busca tener el mazo del portavoz, prometió investigar al DOJ en caso de recuperar la mayoría republicana tras las elecciones.
“El Departamento de Justicia ha alcanzado un estado intolerable de politización armada”, escribió McCarthy en un comunicado de agosto. “Llevaremos a cabo una supervisión inmediata de este departamento, seguiremos los hechos y no dejaremos piedras sin remover”.
Un comité del Congreso liderado por el Partido Republicano tendría una amplia capacidad para buscar registros y testimonios siempre que haya un propósito legislativo legítimo.
Ante las consultas sobre sus investigaciones en curso, el DOJ ha mantenido una postura: proporcionar información podría suponer un riesgo de Seguridad Nacional y comprometer la investigación.
Múltiples expertos estuvieron de acuerdo en que, en última instancia, hay poco que el Congreso pueda hacer a través de actividades de supervisión para detener al Departamento de Justicia.
Matthew Miller, ex vocero del DOJ y analista de MSNBC, explicó que el DOJ simplemente se negaría a entregar cierta información: “Ya están bastante acostumbrados a litigar estas peleas con el Congreso en los tribunales de DC”.
Incluso ya hay un precedente. Archivos Nacionales le negó registros sobre los documentos incautados en Mar-a-Lago al Comité de Supervisión con el propósito de proteger la integridad de la investigación del DOJ.
Fuente principal de la noticia: The Hill
