Un grupo bipartidista en el Senado contempla un último intento de plan migratorio antes que entre en funciones el nuevo Congreso en enero. La medida se enfocaría en la seguridad fronteriza y una vía a la legalización permanente para 2 millones de “dreamers”, de acuerdo a diversos informes.
Se trata de un plan de negociaciones encabezado por el senador republicano Thomas Tillis, de Carolina del Norte y la demócrata Kyrsten Sinema, de Arizona, que de ser llevado al pleno y aprobado, sería la primera legislación importante presentada por miembros de ambos partidos desde el "Grupo de los Ocho" de 2013.
Senadores recién electos logran acuerdo bipartidista para pedir protección a los "dreamers"
Organizaciones proinmigrantes en Washington DC dicen que están cabildeando con los senadores y convocan a una movilización frente al Capitolio el jueves 15 de diciembre. “Vamos a estar presionando al Senado para que actúe”, expresó Gustavo Torres, de la organización CASA.
“No quiero generar una expectativa más grande con esta propuesta, pero creemos que sí podría avanzar”, declaró.
Sin embargo, lamentó el hecho de que el bosquejo no incluya a los beneficiarios del TPS (Estatus de Protección Temporal), como el salvadoreño Isaías Márquez Portillo, quien es padre soltero y reside en Hyattsville, Maryland.
“La esperanza es lo último que se pierde y ojalá este sea un primer paso y que sí puedan pasar una ley para vivamos de una manera legal permanente”, expresó Márquez Portillo a El Tiempo Latino.
Márquez Portillo emigró a Estados Unidos en 1999 desde su natal El Salvador y en 2001 obtuvo el TPS, tras los terremotos que golpearon a su país. Desde entonces ha renovado la protección temporal varias veces, pero en los últimos años ha vivido en el limbo.
El expresidente Donald Trump finalizó el programa y empezó una batalla en las cortes. El TPS sobrevivió temporalmente cuando un grupo de tepesianas y sus hijos ciudadanos estadounidenses presentaron una demanda Ramos v. Mayorkas en 2018 contra la Administración federal por poner fin a la protección.
Hubo un alivio hasta 2020, pero este año se terminaba la protección. “Vivimos en angustia, sin saber qué podría pasar. Yo soy padre y madre para mis hijos. Y de terminar el TPS me afectaría en mi trabajo y hasta correría el riesgo de que me deporten”, dijo Márquez Portillo, quien hace tres años ganó la custodia de sus cinco hijos, luego de que su esposa abandonara el hogar.
El salvadoreño regresó a la calma hace unas semanas cuando el gobierno de Biden extendió el TPS hasta junio de 2024.
El lunes 5 de diciembre, Márquez Portillo —quien es activista— se entusiasmó al saber que senadores bipartidistas estarían contemplando un plan migratorio. Los primeros informes sobre el borrador bipartidista decían que beneficiarían a las personas con TPS. Sin embargo, días después trascendió que solo legalizaría a quienes se considerarían como “dreamers”, jóvenes que llegaron siendo niños y se quedaron indocumentados.
“Todavía mantengo la esperanza”, dijo a El Tiempo Latino. Los hijos de Márquez Portillo tienen entre 9 y 18 años de edad. Todos nacieron en Estados Unidos.
¿A quiénes beneficiarían?
El borrador bipartidista incluye un camino hacia la ciudadanía para aproximadamente 2 millones de dreamers.
La activista Brenda Medrano-Frías, boliviana, de 24 años y residente en Virginia, sería una de ellas. “Si bien yo podría beneficiarme, es muy lamentable que las personas que tienen TPS, los trabajadores esenciales y agrícolas queden fuera de este proyecto”, dijo Medrano-Frías, quien llegó a Estados Unidos a los 3 años, con sus padres.
La joven es beneficiaria de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia). “Tener un camino a la residencia permanente y ciudadanía sería un gran alivio”, dijo al señalar que por los atrasos en los trámites migratorios en 2020 perdió la protección al no renovar el documento a tiempo. “Se atrasó la renovación y me quedé sin protección por lo que perdí mi trabajo soñado”, contó.
El plan bipartidista “crea un proceso regularizado para que ciertas personas elegibles se conviertan en estadounidenses. La elegibilidad “estará limitada a las personas calificadas que han tenido presencia continua en Estados Unidos desde el 15 de junio de 2018, tenían menos de 18 años cuando ingresaron a Estados Unidos y no tenían más de 38 años el 15 de junio de 2012”, según publicaron NBC, Univision y The Washington Post.
Optimistas
Expertos en inmigración, como el abogado Luis Paoli, quien ha sido fiscal de asuntos migratorios, se muestran optimistas. “Creo que sí estaríamos en un punto de avance porque la propuesta está empezando por donde debe iniciar cualquier proyecto migratorio; mayor seguridad en la frontera”, dijo Paoli, cuya oficina está ubicada en Virginia.
Paoli aseveró que “será más fácil negociar con los senadores republicanos empezando por aumentar el número de agentes fronterizos e instalar mayor seguridad.
$25 mil millones para la seguridad fronteriza
El proyecto de ley bipartidista propone en el inicio “invertir en la contratación de nuevos agentes fronterizos que nos protegen de los delincuentes peligrosos” y deja para después la aprobación de un camino de legalización para ciertos inmigrantes indocumentados, reportó Univisión.
El plan incluye $25 mil millones para la seguridad fronteriza, que abarca la realización de un pago inicial sobre las necesidades tecnológicas actuales de la Oficina de Aduanas y Control fronterizo (CBP) “identificadas en el próximo informe de necesidades tecnológicas, según lo exige la Ley de Mejora de Tecnología de Seguridad Fronteriza del Suroeste”.
Más agentes fronterizos
El borrador del proyecto dice que aumentarán el número de agentes en la frontera, estableciendo un mínimo de 20 mil 500 agentes e incluye aumentar el salario de los funcionarios en un 14% para retenerlos.
El plan menciona la contratación inmediata de al menos 600 agentes adicionales anualmente, hasta que se satisfagan las necesidades de personal en todo el país.
Agilizar el proceso de asilos
“Uno de los puntos que sabemos incluye el borrador es el aceleramiento de los procesos de asilo político”, dijo el abogado Luis Paoli. Según el plan, se contrataría un mayor número de agentes de asilo, equipos de litigio, jueces y tribunales de inmigración de la EOIR.
“Al priorizar la rapidez de los trámites de asilo, se evitaría que personas que no califiquen permanezcan mucho tiempo en el país. Se les regresaría a sus países de orígenes más rápido”, dijo Paoli.
En la actualidad, el sistema tiene acumulados más de 2 millones de casos y en promedio un caso de asilo demora unos 3.9 años en ser resuelto.
Organizaciones de Washington cabildean
Para aprobar cualquier medida en el Senado se necesitan 60 votos. Los demócratas son 50 y requieren de 10 republicanos que se unan. “El hecho de que sea un proyecto bipartidista da cierta esperanza, pero no quiero causar expectativas”, dijo el activista Gustavo Torres de la organización proinmigrantes CASA, con sede en Maryland.
“No solo estamos llamando a movilizaciones, sino a cabildear con senadores que sabemos podrían apoyar una medida como ésta”, comentó Torres.
Última oportunidad para cumplir la promesa de legalizar a los Dreamers
“Si no pasamos nada este año, una ley migratoria no tendría ningún chance con el nuevo Congreso”, declaró la activista Brenda Medrano-Frías.
El próximo año asumirán los nuevos legisladores y la Cámara de Representantes, liderada por los Demócratas pasará a manos de una mayoría republicana. “El liderazgo republicano ya ha dicho que no van a discutir el tema”, lamentó Medrano-Frías.
Mientras tanto, la joven espera con ansias poder obtener una vía a la legalización permanente. “Sería un primer paso”, dijo.
