Las revelaciones de los procesos judiciales del gran jurado en Georgia son los indicios más recientes de que las indagaciones federales y locales sobre el expresidente podrían alcanzar decisiones clave en los próximos meses.
Cuando la presidenta de un gran jurado de Georgia que investiga las acusaciones de interferencia electoral del expresidente Donald Trump y sus asesores dio una serie de entrevistas muy públicas (y bastante inusuales) esta semana, sugirió que el caso podría volverse pronto una acusación formal.
Otras tres investigaciones penales que implican a Trump también han avanzado con relativa rapidez en los últimos meses bajo la presión que está ejerciendo el Departamento de Justicia en Washington y el avance de un fiscal local en Nueva York.
Ningún expresidente se ha enfrentado al bombardeo de amenazas legales al que ahora se enfrenta Trump, todas las cuales parecen encaminarse hacia la toma de una decisión por parte de las autoridades en los próximos meses. Agregando más leña al fuego, las investigaciones se intensificaron justo cuando Trump comenzó a acelerar su tercera campaña para la Casa Blanca.
Más allá del caso de Georgia, un abogado especial en Washington está investigando a Trump por su participación en intentos de anular los resultados de las elecciones de 2020 y por su posible manejo inadecuado de documentos clasificados. Al mismo tiempo, las autoridades locales de Nueva York investigan si Trump autorizó y estuvo involucrado en la falsa contabilidad de pagos para mantener en silencio a una actriz de cine pornográfico que dijo haber tenido una aventura con él.
Aunque gran parte de las investigaciones parecen sencillas, "y no son ingeniería espacial", según declaró a The New York Times Emily Kohrs, la jueza de Georgia, cada uno de los casos está lleno de complejidades jurídicas que hacen difícil predecir el resultado. Todo esto sin mencionar las posibles complicaciones de presentar cargos en plena campaña presidencial contra una figura pugnaz como Trump, que lleva mucho tiempo alegando que los intentos de las autoridades de exigirle responsabilidades no son más que engaños y una cacería de brujas con motivaciones políticas.
A continuación, presentamos un breve recuento sobre la situación de cada una de las investigaciones penales a las que se enfrenta Trump.
Georgia: Interferencia electoral
La investigación de Georgia presenta dos áreas problemáticas para Trump.
Una es su participación directa en la contratación de una lista de electores presidenciales suplentes, incluso después de que los líderes republicanos del Estado hubieran recertificado los resultados de Georgia. "Definitivamente se discutió bastante sobre los electores suplentes", recordó Kohrs.
La otra se centra en las llamadas telefónicas que Trump hizo para presionar a funcionarios estatales después de las elecciones, incluida una en la que le dijo a Brad Raffensperger, secretario de Estado de Georgia, que necesitaba "encontrar" 11.780 votos, es decir, uno más que el margen de victoria de Joe Biden en el estado.
La decisión sobre si acusar o no a Trump la tomará en última instancia la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani T. Willis, quien lleva dos años investigando el caso. La oficina de Willis indicó que está considerando desde conspiración y crimen organizado hasta cargos más limitados, como incitación criminal a cometer fraude electoral.
Varios expertos legales han dicho que Trump se enfrenta a un importante peligro en la investigación de Georgia.
"Su riesgo de ser acusado ya era sustancial incluso antes de los extractos del informe del gran jurado", explicó Norman Eisen, un abogado que fue asesor especial del Comité Judicial de la Cámara durante el primer juicio político de Trump. "Los comentarios del juez lo hacen prácticamente innegable".
Abogado especial: Anulación de las elecciones
El Departamento de Justicia lleva más de un año haciendo preguntas sobre los inmensos esfuerzos de Trump para anular las elecciones y si cometió delitos en relación con el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. La investigación (una de las dos heredadas en noviembre por el abogado especial, Jack Smith) ha utilizado diversos métodos y ha reunido una enorme cantidad de información.
Los agentes federales han incautado teléfonos móviles y otros dispositivos de abogados pro-Trump, como John Eastman y Jeffrey Clark, así como de uno de los principales aliados de Trump en el Congreso, el representante Scott Perry, republicano de Pensilvania.
Los fiscales han emitido citaciones del gran jurado a varios funcionarios republicanos estatales y a docenas de abogados y funcionarios del gobierno de Trump. Entre ellos están Mark Meadows, quien fue jefe de gabinete de Trump, y el ex vicepresidente Mike Pence, quienes presuntamente tendrían conocimiento de lo que estaba pensando Trump y de su comportamiento en las semanas previas al 6 de enero. En la señal más reciente de que la investigación continúa a buen ritmo, Smith emitió citaciones a la hija de Trump, Ivanka, y a su yerno, Jared Kushner.
Los investigadores también han estado estudiando detenidamente miles de páginas de entrevistas realizadas por la comisión selecta de la Cámara de Representantes que investigó el ataque del 6 de enero y que recomendó que se procesara a Trump por delitos como incitación a la insurrección, conspiración para defraudar a Estados Unidos y obstrucción de un proceso judicial ante el Congreso.
Aún no está claro si Smith finalmente acusará a Trump. Pero varios expertos legales (incluido Timothy J. Heaphy, exfiscal federal que dirigió la investigación de la Cámara sobre el 6 de enero) han dicho que la clave para presentar cargos es obtener pruebas claras de que Trump tenía la intención de infringir la ley.
"Cuando empezamos a ver conductas intencionadas, acciones específicas que parecen diseñadas para perturbar la sesión conjunta del Congreso, es cuando empieza a sonar a delito", declaró Heaphy al Times esta semana. "La clave principal para el abogado especial es la intencionalidad".
Abogado especial: Documentos clasificados
La investigación sobre el manejo de documentos clasificados por parte de Trump comenzó de manera formal el pasado mayo con una citación judicial. En ella se solicitaba la devolución de todo el material clasificado que aún estuviera en su poder, después de que hubiera entregado voluntariamente un lote inicial de registros que resultó incluir casi 200 documentos clasificados.
En el plazo de un mes, un abogado de Trump, M. Evan Corcoran, entregó a los investigadores más de 30 documentos adicionales en respuesta a la citación. Casi al mismo tiempo, otra abogada, Christina Bobb, afirmó que se había llevado a cabo una "búsqueda diligente" en Mar-a-Lago, el club privado y residencia de Trump en Florida, asegurando a los fiscales que no había más documentos etiquetados como “clasificados”.
Pero la investigación dio un giro dramático en agosto, cuando, en virtud de una orden de registro, el FBI entró en Mar-a-Lago y descubrió más de 100 documentos clasificados adicionales. La declaración jurada presentada por el Departamento de Justicia para solicitar la orden de registro decía que los investigadores tenían "motivos fundados para creer que se descubrirían pruebas de obstrucción".
Pence y Biden también se han enfrentado al escrutinio por tener material clasificado en su poder; en el caso de Biden, está en marcha una investigación aparte por otro abogado especial. En el caso de Trump, los fiscales se han centrado en algunas cuestiones clave: ¿Sacó Trump a sabiendas los archivos confidenciales de la Casa Blanca y los retuvo deliberadamente violando la Ley de Espionaje? Además, ¿trató de impedir que los investigadores averiguaran por qué o dónde los guardaba?
Para responder a esas preguntas, los fiscales han entrevistado a varios ayudantes subalternos de Trump y han obligado a prestar testimonio ante el gran jurado a ayudantes más veteranos, como Kash Patel.
También han intentado obligar a Corcoran a declarar plenamente ante el gran jurado. Corcoran trató de evitar responder las preguntas recurriendo al privilegio abogado-cliente en nombre de Trump. Pero los fiscales han tratado de traspasar ese privilegio con la llamada excepción por fraude criminal, que puede invocarse cuando hay pruebas de que el asesoramiento o los servicios jurídicos se han utilizado para promover un delito.
Tampoco está claro si Smith presentará cargos en esta investigación. Aunque por el momento no existen pruebas de que Biden o Pence hayan tratado de obstruir las investigaciones sobre su propio manejo de los documentos (ambos pusieron en conocimiento del Departamento de Justicia su posesión de los documentos), las investigaciones paralelas han complicado el panorama político y podrían dar a Trump una razón para dar un grito al cielo si él es acusado y los demás no.
Fiscal del Distrito de Manhattan: Stormy Daniels
La investigación sobre el papel de Trump en el pago de dinero para silenciar a la actriz pornográfica Stormy Daniels ha abarcado cinco años, dos fiscales de distrito de Manhattan y múltiples grandes jurados.
Pero recientemente, los agentes del actual fiscal del distrito, Alvin Bragg, parecen haber estado más cerca que nunca de acusar al expresidente. El mes pasado, comenzaron a presentar pruebas ante un gran jurado recién constituido, que ha escuchado a varios testigos mientras la oficina sienta las bases para posibles cargos contra Trump.
El caso probablemente se centraría en si Trump y su empresa falsificaron registros comerciales para ocultar los pagos a Daniels en los días previos a las elecciones de 2016.
Pero no está asegurada una acusación y mucho menos una condena.
Cualquier procesamiento del caso dependería del testimonio de Michael Cohen, el exabogado personal de Trump, quien hizo el pago a Daniels y quien se declaró culpable él mismo en 2018 de cargos federales. Trump reembolsó a Cohen los $130.000 que pagó y, según los documentos judiciales del caso de Cohen, la empresa de Trump identificó falsamente los reembolsos como gastos legales.
En Nueva York, falsificar los registros comerciales es un delito menor. Para convertirlo en un delito grave, los fiscales tendrían que demostrar que Trump falsificó los registros para ayudar a cometer u ocultar un segundo delito, en este caso, violar la ley electoral del estado de Nueva York, una teoría legal que no ha sido probada.
Trump ha negado cualquier delito y ha arremetido contra los fiscales por liderar lo que califica de cacería de brujas partidista contra él. También ha negado haber tenido una aventura con Daniels.
Alan Feuer, Danny Hakim y Ben Protess - The New York Times
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