Este viernes, la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, instó a los republicanos en la Cámara de Representantes a retirar una demanda de información sobre el caso contra el expresidente Donald Trump.
La oficina rechazó lo que consideró como una “interferencia política ilegal” en el caso penal contra Trump vinculado a la actriz porno Stormy Daniels, mediante una carta enviada por Leslie B. Dubeck, asesora jurídica general de la oficina de Bragg.
El comunicado estuvo dirigido a los tres presidentes de los comités que presionan para obtener documentos y testimonios sobre el caso de Trump. Además, les criticaron por “colaborar” con el expresidente.
Lo que dice el comunicado
“Como sin duda saben, el expresidente Trump dirigió duras invectivas contra el fiscal de distrito Bragg y amenazó en las redes sociales que su arresto o acusación en Nueva York podría desencadenar 'muerte y destrucción'”, escribió Dubeck.
“Como presidentes de comités, podrían usar la estatura de su cargo para denunciar estos ataques e instar a que se respete la imparcialidad de nuestro sistema de justicia… En cambio, usted y muchos de sus colegas han optado por colaborar con los esfuerzos del Sr. Trump para vilipendiar y denigrar la integridad de los fiscales estatales y los jueces de primera instancia electos e hicieron acusaciones infundadas de que la investigación de la Oficina tiene motivaciones políticas”.
Los involucrados
La carta es la más reciente de un intercambio con el presidente del Comité Judicial, Jim Jordan (Ohio); el presidente del Comité de Administración, Bryan Steil (Wisconsin), y el presidente del Comité de Supervisión, James Comer (Kentucky). Los tres son republicanos.
En su última carta a la oficina de Bragg, los presidentes comentaron que buscaban documentos porque el Congreso podría considerar una legislación para proteger a los expresidentes de las investigaciones penales estatales por “actos personales”.
Dubeck señaló que no citaron ese fundamento en su solicitud original, acusándolos de inventar “un pretexto sin fundamento para interferir con el trabajo” de la fiscalía, reseñó The Washington Post.
