La Fiscalía General de México acusó al máximo responsable de la agencia migratoria del país, Francisco Garduño, por el ejercicio ilícito de servicio público y por omisión en sus obligaciones, lo que llevó a la muerte de 40 migrantes en un incendio ocurrido un centro de detención de Ciudad Juárez.
Otros seis agentes del Instituto Nacional de Migración ya están bajo proceso, entre ellos, un alto funcionario que es un marino retirado.
Responsable del incendio de Ciudad Juárez
Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía presentó numerosos documentos que acreditan que Garduño tenía la obligación de salvaguardar y proteger a los migrantes y las instalaciones del instituto sin perjuicio de que lo hicieran también sus subordinados.
Los documentos también señalan que debía revisar las condiciones de las estaciones migratorias y cerrarlas si no cumplían las condiciones para garantizar la seguridad de los migrantes.
La fiscal del caso alegó que disponía de grabaciones de video en las que los guardias de seguridad pidieron permiso a los agentes de Migración para permitir la salida de los migrantes tras el incendio y estos se lo negaron.
Asimismo, se señaló que Garduño tenía copia de oficios en los que se advertían de actos y transacciones irregulares dentro las instalaciones y en los que algunos migrantes denunciaban que les cobraban $1 mil para conseguir salir del centro migratorio.
Entre las pruebas, se mencionaron las grabaciones que hicieron las 16 cámaras de video desde las 8 de la mañana del 27 de marzo hasta la medianoche de ese día.
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Las víctimas
Entre quienes se presentaron como víctimas de Garduño estaban, entre otros, la guardia de seguridad que salvó a las mujeres, Angélica Hinojosa, y el coordinador de la empresa de seguridad privada que también estaba presente la noche del incendio.
Horas después de esta audiencia, otro juez deberá decidir si procesa o no por ejercicio ilícito del servicio público al otro directivo involucrado, Antonio Molina, encargado de los procesos de verificación migratoria.
Cuarenta migrantes, la mayoría centroamericanos y venezolanos, murieron asfixiados y casi una treintena resultaron heridos en el incendio del 27 de marzo en el centro de detención de Ciudad Juárez, junto a la frontera con Estados Unidos.
