Los inmigrantes deportados por Estados Unidos a México enfrentan horrores criminales y un sistema de asilo en el que los casos se prolongan durante años sin resolución.
A medida que Estados Unidos comienza a imponer normas fronterizas que dificultan que los inmigrantes soliciten asilo, muchos probablemente enfrentarán una rápida deportación a México, donde serán vulnerables a grupos criminales y funcionarios corruptos, según grupos de derechos humanos.
El papel de México como brazo ejecutor de Washington para disuadir a los inmigrantes de dirigirse ilegalmente a Estados Unidos a través del territorio mexicano se volverá más significativo con la eliminación el jueves de una política conocida como Título 42, implementada durante la era de la COVID-19, que detuvo la entrada de muchos inmigrantes en la frontera y permitió a las autoridades estadounidenses expulsarlos rápidamente.
En las conversaciones de la semana pasada con la administración Biden, México indicó que aceptaría a inmigrantes no mexicanos enviados de vuelta desde Estados Unidos bajo las nuevas reglas y los procesaría para solicitar asilo en México.
Sin embargo, si el sistema de asilo en Estados Unidos está plagado de retrasos, la situación en México es igual de mala, con casos de asilo que se prolongan durante años sin resolución.
Y muchos inmigrantes expulsados a ciudades mexicanas a lo largo de la frontera estadounidense enfrentan horrores diarios a manos de organizaciones criminales y, en algunos casos, de las mismas agencias gubernamentales en las que Washington confía para ayudar a frenar el flujo de inmigrantes en la frontera, según grupos de derechos humanos.
Desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo en enero de 2021, ha habido casi 13,500 ataques contra personas deportadas a México desde Estados Unidos o bloqueadas en el cruce de la frontera, según un informe reciente de Human Rights First, un grupo de defensa de los derechos humanos.
El informe señaló que, en algunos casos, funcionarios mexicanos han colaborado con organizaciones criminales para extorsionar a los inmigrantes.
El Instituto Nacional de Migración de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre el trato del gobierno a los inmigrantes.
"Este país no es seguro", dijo Yuri Hurtado, una migrante colombiana de 26 años, refiriéndose a México.
Ella dejó su país en marzo junto con seis miembros de su familia para escapar de la pobreza y la violencia. Pasa sus días en un refugio para inmigrantes cerca de la frontera estadounidense, escuchando mensajes amenazantes en su teléfono de miembros de un grupo criminal que, según Hurtado, secuestraron a sus familiares la semana pasada mientras viajaban en autobús por México.
El refugio donde se encuentra Hurtado, Casa Migrante San Juan Diego, está en Matamoros, una ciudad del norte de México conocida por la violencia y situada al otro lado de la frontera de Brownsville, Texas.
Hurtado dijo que el grupo criminal que tiene a sus dos hermanas, un cuñado y dos sobrinos, de 2 y 5 años, exigía que pagara $4,000 por su liberación, o de lo contrario comenzarían a extraerles órganos.
La suma es más de lo que Hurtado dijo que podría pagar. Según grupos de derechos de los inmigrantes, la policía local no la ayudó cuando intentó presentar una denuncia, una respuesta típica por parte de las autoridades.
"Me da mucho miedo lo que ocurre en la frontera y, al mismo tiempo, también tengo mucho miedo de morir sola en la frontera", dijo, añadiendo que esperaba que sus familiares fueran liberados antes de intentar cruzar la frontera.
Historias como la de Hurtado no son inusuales. Los grupos criminales a menudo imponen tarifas a los inmigrantes para viajar por México y luego los secuestran. El gobierno mexicano dijo la semana pasada que más de 2,000 inmigrantes fueron secuestrados por organizaciones criminales el año pasado.
Al mismo tiempo, los inmigrantes también son vulnerables a ser víctimas de las autoridades migratorias de México.
"Los abusos por parte de los propios funcionarios estatales son sistémicos", dijo Julia Neusner, una abogada que coescribió el informe de Human Rights First. "Escuchamos cientos y cientos de historias de personas que sufren daños directamente a manos de estos funcionarios estatales, incluyendo secuestros, violaciones, agresiones sexuales, robos, extorsiones".
Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo a fines de 2018, prometió que México nunca sería utilizado como un instrumento para "hacer el trabajo sucio" de la política migratoria de Washington.
En cambio, su gobierno emitió más visas para permitir que los inmigrantes viajen libremente por México y se dirijan a la frontera con Estados Unidos.
Pero López Obrador pronto descubrió, al igual que otros presidentes mexicanos antes que él, que es casi imposible para México forjar una política migratoria por sí mismo.
Para junio de 2019, el presidente Donald Trump amenazaba con imponer aranceles a México a menos que López Obrador frenara a los miles de inmigrantes que utilizaban visas humanitarias mexicanas para dirigirse a Estados Unidos.
López Obrador actuó rápidamente, desplegando miles de tropas en las fronteras norte y sur de México para evitar que los inmigrantes ingresen al país o viajen fácilmente hacia Estados Unidos. A la Guardia Nacional de México, una fuerza policial militarizada, se le otorgó la autoridad para detener a los inmigrantes, un poder que antes estaba en gran medida concentrado en manos de funcionarios de migración.
"La política migratoria de Estados Unidos ha movilizado al gobierno mexicano para el cumplimiento", dijo Neusner. "Está exportando nuestra propia vigilancia fronteriza".
El cierre de rutas legales dentro de México y los caminos hacia Estados Unidos ha llevado a más inmigrantes a manos de traficantes despiadados, según grupos de derechos humanos.
La mayor alineación de México con Estados Unidos en términos de cumplimiento también ha provocado un cambio en la actitud del gobierno hacia los inmigrantes, según algunos analistas.
"La prioridad ya no es la de los derechos humanos, el desarrollo y la protección, como al principio, sino que debido a la presión de Estados Unidos, se priorizó el control, las detenciones y las expulsiones", dijo Tonatiuh Guillén, quien fue el primer comisionado del Instituto Nacional de Migración de México bajo López Obrador hasta que fue reemplazado por el exdirector del sistema penitenciario federal de México.
"Desplegar a las fuerzas armadas como principal herramienta para hacer cumplir la legislación migratoria envía un mensaje tanto a los inmigrantes, solicitantes de asilo como a la sociedad de que los inmigrantes son una amenaza y deben ser tratados como un problema de seguridad, como una invasión", dijo Stephanie Brewer, directora de México en la Oficina de Washington para América Latina, un instituto de investigación.
"Eso socava y debilita las protecciones para su seguridad física", agregó.
Maria Abi-Habib - The New York Times
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