Los migrantes centroamericanos acogidos al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) cuentan con una nueva iniciativa de ley para tratar de lograr su residencia permanente.
El jueves 15 de junio, la congresista Sylvia R. García anunció oficialmente la reintroducción de la American Dream and Promise Act, propuesta legislativa que tiene como objetivo proporcionar residencia legal permanente para los beneficiarios del TPS y de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), conocidos como dreamers.
La iniciativa se reintrodujo dos días después de que el Gobierno ofreciera una extensión para vivir otros 18 meses en el país, a todos los migrantes acogidos a la medida provenientes de El Salvador, Honduras, Nepal y Nicaragua. Con esta acción, además, anula la orden de la anterior Administración Trump de cancelar el estatus.
En comunicado de prensa, Jessika Girón, integrante de Alianza Nacional TPS, aseguró que la reintroducción de la iniciativa por parte de Sylvia García es bienvenida por los miembros de la comunidad, ya que a su juicio “esta propuesta legislativa traería un alivio muy necesario y largamente esperado” para estos migrantes.
La reintroducción del American Dream and Promise Act representa un paso significativo hacia la búsqueda de una solución permanente para los beneficiarios del TPS y otros grupos de migrantes que se encuentran en una situación similar.
Esta propuesta legislativa ha recibido apoyo de diversos sectores y se espera que sea debatida en el Congreso en los próximos meses.
Antonio Vázquez, coordinador de la Alianza Nacional de TPS en Woodbridge, Virginia, reconoció que aun cuando el camino legislativo es largo, lo más importante es sumar votos entre los legisladores de ambos partidos para que la iniciativa sea aprobada.
“Esperamos que en esta ocasión tengamos participación de los republicanos y demócratas y que se pongan de acuerdo en un tema tan sensible que es el TPS, porque estas son vidas. Somos carne y hueso, nosotros hemos estado viviendo aquí por años, tenemos nuestras familias aquí y ya somos parte de esta Nación y nuestro comportamiento ha sido excelente”, declaró el activista.
Entrevistado por separado, Mardoel Hernández, integrante del Comité Técnico de la misma organización, pidió al Congreso tomar medidas concretas y aprobar leyes que brinden seguridad y tranquilidad a los migrantes.
Además, durante una conferencia de prensa que celebró la Alianza Nacional frente a la Casa Blanca, el pasado miércoles 14 de junio, Hernández pidió al presidente Biden ampliar el TPS a todos los países de Centroamérica.
"Es crucial proteger a todos los ciudadanos de nuestros países que están en condiciones difíciles. Aún hay tiempo. El presidente tiene el poder de decidir proteger al resto de la comunidad centroamericana con un solo movimiento", expresó.
Se mantiene demanda en la Corte
En 2018, un juez de la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito en California, resolvió a favor de las familias demandantes, luego de que Trump cancelara el beneficio temporal, bajo el argumento de que el veto del expresidente era ilegal, pero su Administración apeló la decisión. En 2020, la Corte revocó la orden, así que el caso entró en un análisis profundo que lo mantiene con vida.
La extensión del TPS brindada por el Gobierno de Biden ha sido vista como un “alivio” para los migrantes acogidos a este beneficio, pero en contraste podría generar cambios en la demanda que se encuentra en la Corte, reconocieron los integrantes de la Alianza.
Antonio Vázquez dijo que tras la extensión anunciada es “incierto” lo que ocurrirá en la Corte, pues la demanda se inició contra las órdenes del Gobierno de Trump de suspender el TPS y esto fue algo que recién revocó Biden.
Aun así sostiene que seguirán luchando por esa vía legal, porque si bien para él “la extensión que se ha dado ahora es como un as bajo la manga, otras administraciones pueden venir y nosotros nos mantendremos vivos a través de la Corte”.
Hernández explicó, por su parte, que hasta este momento “toda queda igual” con las audiencias programadas en California como parte de la demanda Ramos vs. Mayorkas, pero reconoció que el panorama podría cambiar con el reciente anuncio del gobierno de Biden. Sin embargo, comentó que hasta el momento no han recibido ninguna notificación oficial que sugiera que el caso será desestimado o pospuesto.
No es momento de quedarse quieto
Hernández animó a la comunidad acogida al TPS a mantenerse informada e inscribirse en la nueva extensión otorgada, ya que esto les brindará la oportunidad de ajustar su estatus y permanecer legalmente en Estados Unidos.
"No es momento de quedarnos quietos en estos 18 meses, es momento de tomar acción, organizarnos y contactar a nuestros legisladores para que nos proporcionen una [ley] que nos conceda la tan anhelada residencia permanente", dijo.
Elsy Flores-Ayala, una de las demandantes del caso, consideró el anuncio de la administración Biden como un logro importante, pero cuestionó que la respuesta demorara tanto.
“Tenemos una pregunta a Biden: ¿Por qué tuvo que esperar hasta este tiempo?. Tenernos con tanta incertidumbre con nuestras familias cuando él pudo haber tomado una decisión el primer día en la Casa Blanca”, aseveró.
El 20 junio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), oficializó la extensión de 18 meses a los migrantes con TPS al publicarla en el Registro Federal.
