El frecuente consumo de marihuana entre los inmigrantes en Estados Unidos implica riesgos. A pesar de la legalización de la marihuana recreativa y medicinal en numerosos estados, los inmigrantes no gozan de ninguna protección y se enfrentan a una posible deportación si se les descubre consumiendo cannabis.
Violeta Chapin, catedrática de Derecho de Inmigración de la Universidad de Colorado, explicó en una entrevista con Telemundo que la legislación federal sigue considerando ilegal la posesión de marihuana. En consecuencia, los inmigrantes no ciudadanos que sean encontrados en posesión o consumiendo marihuana podrían enfrentarse a la deportación.
Chapin advirtió que el consumo de marihuana pone en grave peligro la vida de los inmigrantes indocumentados en vías de regularizar su situación, y también de los residentes legales que buscan la ciudadanía estadounidense.
Hoy, 21 de 50 estados de Estados Unidos, más la capital Washington, han legalizado el uso recreativo de la marihuana, mientras que 37 tienen normativas sobre el cannabis medicinal.
Sin embargo, estas normativas estatales sólo se aplican a los ciudadanos estadounidenses, permitiéndoles comprar, consumir y trabajar en el sector de la marihuana.
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Para los inmigrantes, Chapin recomendó evitar cualquier contacto con la marihuana debido al alto riesgo que supone para su estatus de residencia.
Morgan Fox, portavoz del Marijuana Policy Project (MPP), sugirió que la evitación no es la única opción para los inmigrantes que deseen consumir marihuana. Fox desaconsejó llevar o cultivar una cantidad superior a la legalmente permitida, vender fuera de los marcos regulados y consumir marihuana en público.
Fox señaló además contra el transporte de marihuana a través de las fronteras estatales y viajar con la sustancia. Incluso en los estados en los que trabajar en el sector de la marihuana es legal, como Colorado, Chapin desaconsejó a los inmigrantes que acepten estos empleos debido al escrutinio federal.
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La portavoz de Marijuana Policy Project calificó esta situación de profundamente injusta y sostuvo que las leyes estatales que protegen el consumo de marihuana deberían aplicarse de manera uniforme a todos los residentes del estado.
Un reciente informe de Human Rights Watch reveló un aumento del 43% en las deportaciones por posesión de drogas entre 2007 y 2012.
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