Gigantes boyas naranjas, alambres de púas extendido a lo largo de grandes espacios y excavadoras moviendo tierra es el escenario común que se observa en la frontera sur de Estados Unidos, donde el gobernador de Texas, Greg Abbott ha dispuesto barreras físicas para impedir la entrada de inmigrantes.
Pero el uso de esas tácticas ha generado malestar, incluso dentro de Texas.
El relato de un policía estatal, en el que se da cuenta que los agentes de migración negaban el agua a los inmigrantes o los empujaban de vuelta al río, así como el testimonio de personas heridas por los alambres de púas, ha generado nuevas y duras críticas desde múltiples ángulos: incluso la administración del presidente Biden investiga el incidente.
Te puede interesar: En Texas implementan "muros flotantes" para detener a inmigrantes
Muchos se preguntan cómo Abbott puede implementar estas medidas, casi sin oposición de nadie y la respuesta es: a través de la declaración de catástrofe que tiene el estado. Y que los críticos consideran una visión deformada.
La disposición de las bolas flotantes y los alambres de púas ha generado incomodidad en algunos habitantes que participaban en un torneo de kayak anual y que ahora no saben qué hacer, reseña AP.
El Departamento de Justicia ha advertido a Texas de que el muro de boyas es ilegal y la administración de Biden lo demandará si el Estado no lo retira. Abbott tuiteó el viernes que el estado "tiene la autoridad soberana para defender nuestra frontera".
Ya hay una demanda contra Abbott por las boyas y por la utilización de la Ley de Desastre Natural para instalarlas.
Cambiaron el río
Pero el asunto es también una amenaza al medio ambiente. Desde que se concedió el permiso al Departamento de Seguridad Pública del estado a partir de abril "para frenar la actual crisis fronteriza".
El departamento se ha encargado de desbrozar caña carrizo (bajo la excusa de que es una planta invasora), modificó el paisaje y el caudal del río. Ahora las inundaciones son peores.
“Así que, en mi opinión, la próxima vez que el río crezca de verdad, empujará mucha agua hacia el lado mexicano", dijo Tom Vaughan, profesor jubilado y cofundador del Centro Internacional de Estudios del Río Grande a AP.
El estado se negó a divulgar cualquier registro que pudiera detallar los impactos ambientales de las boyas o los cambios en el paisaje.
Jessie Fuentes, junto a los defensores del medio ambiente, observaba cómo la policía estatal restringía el acceso a las aguas donde se celebra anualmente una carrera de kayak. Contenedores de transporte y capas de alambre de espino se alineaban en la orilla del río.
Departamento de Justicia exige a Texas quitar las barreras flotantes contra inmigrantes
El experimentado kayakista solía llevar a sus clientes y a los participantes en la carrera al agua a través de un canal poco profundo formado por una isla fronteriza cubierta de maleza verde. La isla ha sido sustituida por una extensión de terreno baldío conectado a tierra firme y fortificado con alambre de espino.
Pero no es solo eso… Abbott ni siquiera notificó al gobierno local que iba a instalar esas “medidas extra” en el lugar. Incluso el Ayuntamiento de Eagle Pass, localidad donde se ubica el puente de Piedras Negras, dijo que no sabía cómo había ocurrido la instalación de dicha parafernalia. "El río está protegido por muchas agencias federales”.
La Comisión Internacional de Límites de Agua afirma que no fue notificada cuando Texas modificó varias islas o desplegó las enormes boyas para crear una barrera que cubre 305 metros (1.000 pies) de la mitad del Río Grande, con anclas en el lecho del río.
Las violaciones a la propiedad privada
Abbott y sus agentes, al parecer, ahora ocupan propiedad privada sin el debido consentimiento. Un propietario de un terreno en la frontera que antes prestó sus tierras al DPS para que procesaran migrantes y construyeran una valla de seguridad dijeron que el departamento ahora hace lo que le da la gana.
Así paga el diablo…
El propietario le pidió al DPS que para acceder a arrendar su terreno para que instalaran las concertinas, el contrato de arrendamiento debía eximi su responsabilidad en caso de lesiones.
El DPS se negó, pero instaló concertinas, trasladó vehículos a la propiedad y cerró las puertas de los Urbina. Esto cortó el acceso de la Patrulla Fronteriza al río, aunque sigue arrendando tierras a Urbina.
El granjero, republicano, lo llama "política del veneno". Los críticos lo llaman "déjà vu".
El DPS trabaja con 300 propietarios de tierras. Dijo que es inusual que el departamento ocupe una propiedad sin el consentimiento del propietario, pero la agencia dice que la Ley de Desastres proporciona la autoridad.
El propietario dijo que apoya los esfuerzos del gobernador, "pero no de esta manera".
