Ashley Moody, fiscal general de Florida, solicitó al Congreso de Estados Unidos no pagar el salario del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, por no cumplir con su trabajo en la frontera de EEUU.
La fiscal de Florida envió la petición a los congresistas y aseguró que Mayorkas incumplió con su deber en los asuntos migratorios.
En este sentido, Moody acusó a Mayorkas de “desmantelar sistemáticamente” la seguridad en la frontera de EEUU con México, solicitando menos recursos para protegerla e “iniciando nuevos programas fuera de la ley federal para permitir y fomentar más inmigración ilegal”.
“Su título resume su responsabilidad, asegurar nuestra patria, y ha hecho lo contrario a propósito. Hago un llamado al Congreso para que reduzca a cero su salario hasta que cumpla con su juramento al pueblo estadounidense”, señaló la fiscal de Florida en un comunicado.
Más fondos al Congreso para abordar la inmigración
En su carta, la fiscal aseguró que Mayorkas no ha respetado las leyes de inmigración de Estados Unidos.
“En lugar de detener a los inmigrantes y los que cruzan la frontera de manera irregular, como lo exige la ley, el secretario Mayorkas ha liberado a millones de estos extranjeros”, afirmó.
Además de eliminar el salario de Mayorkas, Moody pidió al Congreso proporcionar fondos adicionales para abordar la crisis fronteriza y que asigne otros fondos para “apoyar los programas de cooperación estatal”.
La fiscal también solicitó a los congresistas proporcionar una “causa de acción” para que otros estados demanden a Mayorkas.
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Un llamado a Mayorkas
La procuradora de Florida hizo un llamado al secretario de Seguridad Nacional para abordar la crisis migratoria en la frontera y respetar las leyes.
“Independientemente de si está de acuerdo con las leyes de inmigración actuales, son las leyes del país y el secretario Mayorkas juró respetarlas. El Congreso, más que cualquier otra rama del gobierno, está en una posición única para defender las leyes debidamente promulgadas de este país cuando el Poder Ejecutivo decide ignorarlas”.
Desde el 1 de julio, Florida implementó una ley antiinmigrante que prohíbe a los empleadores contratar a indocumentados. Esto ha hecho que decenas de inmigrantes salgan del estado y busquen mejores oportunidades.
El gobierno de DeSantis también puso en marcha un programa de reubicación de inmigrantes indocumentados que llegan a la frontera, enviándolos a otros estados del país como Nueva York y California.
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