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Parlamento de El Salvador aprueba juicios colectivos

Maduro El Salvador
Fotografía cedida por la presidencia de El Salvador en la que se observa el traslado de pandilleros a la cárcel denominada Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Foto: Gobierno de El Salvador /EFE

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este miércoles que las personas acusadas de presuntamente pertenecer a las pandillas, y que estén detenidas, sean juzgadas colectivamente.

Esto significa que la justicia podrá realizar un sólo juicio para procesar a un grupo de 900 personas.

La norma aprobada ordena el "sometimiento de [varios] imputados a un solo proceso penal por su pertenencia a una misma estructura terrorista o agrupación ilícita y que hayan sido capturados dentro de la vigencia del régimen de excepción", desde marzo de 2022, se lee en el decreto.

"No hay nada parecido en la historia del mundo de lo que estamos enfrentando nosotros ahora mismo. Son más de 900 imputaciones por clica [célula] lo que presenta este decreto transitorio", señaló el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

Por su parte, el vicepresidente del Parlamento, Guillermo Gallegos, explicó que "con esta disposición la Fiscalía no tendrá que presentar pruebas individuales en contra de los pandilleros en un proceso judicial penal" lo que "facilitará a la Fiscalía y a los tribunales el juzgamiento de los delincuentes".

Además, la Fiscalía podrá "utilizar en un proceso judicial los mismos elementos de prueba en contra de un grupo de pandilleros cuando éstos pertenezcan a una misma célula o que operen en una misma zona geográfica o que hayan participado en un mismo hecho delictivo", añadió el legislador oficialista.

Esta "disposición transitoria" fue aprobada con los votos de 67 congresistas aliados del presidente Nayib Bukele, de 84 en total.

En El Salvador condenaron a un pandillero a más de mil años de prisión

La norma, que nació de una iniciativa de Buleke, también establece que las personas detenidas bajo el régimen de excepción pueden permanecer presas hasta 24 meses antes de que la Fiscalía las lleve a juicio u ordene su liberación.

El diputado opositor Jaime Guevara, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), criticó la nueva norma al considerar que "solo busca resolver el colapso que tiene el sistema judicial por los miles de capturas en el régimen de excepción", que suman casi 72 mil.

ama (afp, efe, reuters)

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