El presidente Joe Biden firmó una orden el viernes para cambiar cómo se procesan los casos de agresión sexual en el ejército de Estados Unidos.
Según la orden, los fiscales militares independientes tomarán las decisiones claves en casos que involucren delitos graves como agresión sexual, violencia doméstica y asesinato. Antes, estas decisiones las tomaban los comandantes militares.
La Casa Blanca señaló que esta reforma "fortalecerá significativamente la forma en que las fuerzas armadas manejan los casos de agresión sexual".
La administración de Biden señaló que la autoridad en estos casos la tendrán fiscales militares especializados e independientes.
Una transformación en el sistema judicial militar
La orden firmada por Biden modifica el Código Uniforme de Justicia Militar. Estos nuevos cambios fueron aprobados por el Congreso en un proyecto de ley anual de política de defensa en el año fiscal 2022.
La Casa Blanca describió el cambio como "la transformación más significativa del sistema de justicia militar" desde la justicia militar uniforme, que se estableció en 1950.
"Las reformas históricas anunciadas hoy protegerán mejor a las víctimas y garantizarán que las decisiones de los fiscales sean completamente independientes de la cadena de mando", afirmó la Casa Blanca en un comunicado.
¿Qué establece la nueva orden ejecutiva?
La reforma establecerá reglas para los fiscales militares independientes que trabajan en las oficinas especiales de abogados, quienes decidirán si procesan delitos como asesinato, agresión sexual, violencia doméstica y abuso infantil.
La orden dejará en claro que estas decisiones son vinculantes e independientes de la cadena de mando, señaló la administración de Biden.
La orden también modernizará los "procedimientos para proteger mejor a las víctimas y promover la equidad antes, durante y después de los procedimientos de la corte marcial".
Los fiscales de las oficinas especiales de abogados, que se establecieron en julio pasado, asumirán la autoridad para tomar decisiones sobre delitos como agresión sexual y violencia doméstica a fines de este año. En 2025, la orden ejecutiva se ampliará para incluir casos de acoso sexual.
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