Texas ahora presiona a Planned Parenthood para que devuelva reembolsos millonarios a Medicaid. Además, el estado de la Estrella Solitaria aplica cuantiosas multas a la institución, lo que supone la primera demanda de esta naturaleza presentada por un Estado contra el principal proveedor de servicios abortivos de Estados Unidos.
La vista de este caso histórico estaba prevista para el martes ante el juez de distrito Matthew Kacsmaryk, conocido por su veredicto anterior, que puso en duda la disponibilidad de la técnica abortiva más utilizada en Estados Unidos al revocar la autorización de la píldora abortiva mifepristona.
A pesar de lo mucho que está en juego y de la publicidad de este caso, la demanda no se centra en el aborto —prohibido en Texas desde que el Tribunal Supremo de EEUU revocó Roe v. Wade el año anterior—, sino en 17 millones de dólares de desembolsos de Medicaid que Planned Parenthood obtuvo para servicios sanitarios, entre ellos pruebas de detección del cáncer.
Texas sostiene que esos fondos deben ser devueltos, ya que la institución fue expulsada del plan estatal de Medicaid en 2021. El estado inició las gestiones para expulsar a Planned Parenthood cuatro años antes y ahora reclama el reembolso de los servicios facturados durante este tiempo.
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Alexis McGill Johnson, actual presidenta de Planned Parenthood Federation of America, condenó con vehemencia la demanda. "Este caso infundado es un intento deliberado de cerrar los centros de salud de Planned Parenthood", afirmó.
Texas interpuso la demanda al amparo de la Ley federal de Reclamaciones Falsas, que permite imponer sanciones por cada supuesto desembolso indebido.
Planned Parenthood advirtió que esto podría culminar potencialmente en una sentencia que supere los $1 mil millones. El calendario del veredicto del juez Kacsmaryk sigue siendo incierto.
La demanda fue hecha pública originalmente por el fiscal general republicano de Texas, Ken Paxton, actualmente suspendido de su cargo a la espera de que se celebre su proceso de destitución el mes que viene por acusaciones de soborno y abuso de poder. En el momento de la publicación de la noticia no se disponía de declaraciones de su oficina.
Jacob Elberg, ex fiscal federal especializado en fraude sanitario, ha puesto en duda la solidez del argumento del Estado.
Elberg puso en duda la alegación de que Planned Parenthood presentara a sabiendas reclamaciones fraudulentas mientras luchaba activamente en los tribunales por permanecer en el programa y Texas seguía tramitando los reembolsos.
Planned Parenthood supervisa casi tres docenas de centros sanitarios en Texas. Tras la decisión del Tribunal Supremo del año pasado que permitía a Texas ilegalizar el aborto, una clínica ya ha cerrado sus puertas.
