A finales del mes pasado, los canales de televisión de todo el mundo y las redes sociales reprodujeron casi en sintonía un video que causó espanto: las imágenes del asesinato de Ta'Kiya Young, una mujer afroamericana embarazada que murió por una bala de la policía de Ohio. Su caso trae a la memoria cientos de crímenes a manos de las fuerzas del orden, en los que las víctimas -en un gran porcentaje- son personas de color y latinos.
La muerte de Ta'Kiya todavía no hace parte de las estadísticas ni oficiales ni de distintas ONG que monitorean los casos de violencia policial en el país. Pronto va a ser incluida. Pero lo cierto es que su inexplicable asesinato es apenas una muestra de lo que reflejan las cifras recolectadas por distintas fuentes.
El último informe de Amnistía Internacional sobre Derechos Humanos, que corresponde al año pasado, reveló que un total de 1.093 personas perdieron la vida debido a disparos efectuados por la policía en Estados Unidos. Lo que es aún más alarmante -dice la organización- es la evidencia de que la población negra parece sufrir de “manera desproporcionada” el uso de la fuerza letal por parte de las autoridades.
Es más, Estados Unidos se sometió a un análisis por parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) por primera vez desde 2014, y los resultados no fueron alentadores. El CERD destacó la falta de avances en cuestiones clave, incluyendo "el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley".
Mapping Police Violence (MPV), un proyecto independiente que monitorea casi diariamente los casos de muertes y heridos a manos de las fuerzas de seguridad, informó por su parte 1.244 muertes en 2022. Sus estadísticas van más allá y contemplan también lo ocurrido en durante prácticamente todo este año. Según los datos, en Estados Unidos registraron 726 muertes a manos de la policía hasta el 31 de julio. El número proyectado sugiere que las cifras para diciembre podrían seguir siendo similares.
Específicamente, MPV señala que de las personas asesinadas hasta julio pasado 147 eran afroamericanas y 109 de origen hispano, lo que representa un 35% del total. Si se incluyen otras comunidades como los nativos americanos y las personas de origen asiático, el número asciende a 277.
Por su parte, las estadísticas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), reseñadas por la Universidad Illinois Chicago (UIC), institución que también realiza un monitoreo de la situación, amplián el período analizado e indican que entre 1999 y 2020 unas 250.000 personas en promedio resultaron heridas por el accionar de la Policía cada año. Además, 15% de los civiles es lesionado durante los procedimientos policiales y, en promedio, 600 personas son asesinadas a manos de la policía anualmente.
Lamentablemente, los datos proporcionados por el gobierno sobre este tema son escasos, tal como lo reflejó Amnistía Internacional en su informe. Sin embargo, hay algunas cifras que sí se conocen y que preocupan de igual manera: según el Bureau of Justice Statistics de Estados Unidos, tanto afroamericanos como latinos tienen más probabilidades de experimentar amenaza o uso de la fuerza durante un contacto iniciado por la policía en comparación con los blancos.
En ese sentido, los datos de los CDC -citados también por la Universidad Illinois Chicago- indican que las personas negras tienen más del doble de probabilidades de morir y casi cinco veces más posibilidades de sufrir lesiones policiales que requieran atención médica en un hospital, en comparación con los blancos no hispanos. Entre 2010 y 2015, por ejemplo, los afroamericanos representaron 24,9% de todas las personas asesinadas por las fuerzas del orden.
El informe más reciente de Human Rights Watch (HRW), publicado en 2022, destaca el componente racial en la aplicación de la ley en Estados Unidos.
La organización indica que hay encarcelamiento excesivo de personas negras y latinas y sentencias “desproporcionadamente duras”. De hecho, cerca de 400.000 personas están en prisión por delitos de drogas en cárceles federales y que de esas, el 80% son latinas o afroamericanas.
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