Andrea Guerrero, directora ejecutiva de la ONG Alliance San Diego, una organización dedicada a la defensa de los derechos civiles, especialmente de las minorías, dialogó con El Tiempo Latino acerca del aumento sostenido de los casos de violencia policial en en Estados Unidos en contra de las comunidades latinas y afroamericanas. La primera reflexión que hizo es que la situación es “preocupante” y que desde las tres ramas del Estado “no se está haciendo lo suficiente” para atacar el problema. "Es urgente un cambio inmediato", dijo.
De acuerdo con lo números que maneja la organización que lidera, sólo durante este año se registró prácticamente una muerte diaria a manos de la policía en todo el país. La directora de Alliance San Diego enfatizó que esta problemática afecta a todos los estados del país sin distinción y lo adjudicó esencialmente a dos factores.
El primero de ellos es el “estándar deficiente y bajo” que manejan a la hora de ejercer su poder sobre cualquier persona, primordialmente de origen hispano o afroamericano. Es decir, las autoridades policiales reprimen con dureza prácticamente sin ningún tipo de control y por casi cualquier motivo en contra de estas minorías.
Es que, según explicó Guerrero, las leyes le permiten a la Policía utilizar la fuerza simplemente si lo consideran "razonable", un criterio que a menudo se percibe bastante amplio y que deja lugar al descontrol de los agentes policiales.
La experta recalcó que este criterio es un reflejo de cómo Estados Unidos "no está cumpliendo con las estándares de derechos humanos internacionales", que exigen que el uso de la fuerza sea legítimo, necesario y proporcional al riesgo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el sistema legal considera que el uso de la fuerza policial es razonable, lo que resulta en una problemática que se cobra miles de vidas todos los años.
El otro factor es la impunidad con la que se maneja la Policía. De acuerdo con Guerrero, casi nunca un oficial que se haya visto involucrado en el algún caso de exceso en el uso de la fuerza recibió un castigo por parte de la Justicia. Es decir, los agentes no enfrentan consecuencias legales por su conducta violenta. “Son impunes”, definió.
Si bien -recordó Guerrero- el crimen de George Floyd, el hombre negro de 46 años asesinado por la Policía de Minneapolis mientras era arrestado en 2020, generó un cambio en la conversación sobre la violencia policial, el problema persistió. Incluso se agravó, de acuerdo con las cifras de distintos organismos publicadas por El Tiempo Latino. “Las reglas y estándares permiten que la violencia policial siga siendo la misma”, agregó
agregó la directora ejecutiva, quien no dudó en afirmar que detrás de todo se esconde un componente racial. “El hecho de que la mayoría sean afroamericanos y latinos, se explica únicamente por el racismo”, dijo.
La ONG que dirige Guerrero ha estado involucrada en la búsqueda de justicia en casos como el de Anastasio Hernández Rojas, un hombre de origen mexicano que murió a manos de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en 2010. A pesar de las pruebas que indicaban un uso excesivo de la fuerza, la Justicia consideró que la actuación de los oficialesfue "razonable”.
La muerte de Anastasio será analizada en noviembre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que constituirá la primera vez que este organismo interviene en un caso que involucra una muerte extrajudicial a manos de las fuerzas de seguridad estadounidenses.
Pero Alliance San Diego no se queda ahí. Ante este panorama, lanzó la campaña "Comienza con Dignidad". El objetivo es impulsar el reconocimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en el país. Guerrero subrayó que “la dignidad es fundamental para cualquier democracia y proteger los derechos humanos es esencial para proteger la dignidad de cada individuo”.
Guerrero cree firmemente que, con voluntad política, es posible abordar el problema de la violencia policial en Estados Unidos. Ya sea mediante órdenes ejecutivas del presidente, la aplicación de leyes internacionales por parte de la Justicia o modificaciones legislativas por parte del Congreso. Su llamado es claro: "Esto tiene que cambiar sí o sí".
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