Un estudio reveló que el 43% de las latinas en EEUU viven en 26 estados que aplican o están a punto de establecer prohibiciones del aborto.
Un año después de que el Tribunal Supremo anulara el veredicto del caso Roe contra Wade, numerosas latinas están soportando la carga de estas prohibiciones o limitaciones del aborto impuestas por los estados.
Un nuevo análisis realizado por la National Partnership for Women & Families y el National Latina Institute for Reproductive Justice reveló que aproximadamente 6,7 millones de latinas, en edades comprendidas entre los 15 y los 49 años, viven en estados donde se prohíbe el aborto.
Esta cifra supone un notable aumento con respecto a los 6,5 millones del año pasado. Son 200.000 latinas más que en 2022.
El informe destaca Texas, Florida y Arizona como los estados con mayor concentración de latinas que se enfrentan a restricciones del aborto.
Estos estados acogen a casi un tercio de las latinas en edad reproductiva del país. En concreto, Texas, donde el aborto está prohibido, acoge a 2,9 millones de latinas en edad reproductiva, mientras que Florida y Arizona, estados con abortos limitados, acogen a 1,4 millones y 585.600 respectivamente.
Implicaciones de las latinas en estados de EEUU con restricciones para el aborto
Lupe Rodríguez, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Latinas para la Justicia Reproductiva, expresó su preocupación por la disminución del número de proveedores de servicios de salud reproductiva en los estados con estrictas restricciones al aborto.
“Las condiciones sobre el terreno y políticamente empeoraron en muchos estados. Realmente no ha habido ningún cambio en términos de cambiar el panorama político y legislativo para que todo pudiera haber mejorado”, expresó a NBC News.
Estos cierres obligan a más mujeres a cruzar las fronteras estatales para acceder a la atención sanitaria, lo que las somete a mayores costes y riesgos, especialmente a las que carecen de estatus migratorio legal.
El informe destacó además las consecuencias económicas de estas restricciones. Reveló que más de 3 millones de latinas en estados con una creciente inaccesibilidad al aborto se encuentran en una situación de inseguridad económica o residen por debajo del 200% del umbral federal de pobreza.
Además, más de 1,4 millones de latinas, la mayoría de ellas empleadas en trabajos mal pagados en el sector servicios, sin seguro médico ni permisos retribuidos, se ven afectadas por estas restricciones, lo que dificulta cada vez más el acceso y el coste de la atención sanitaria reproductiva.
Desigualdad
En medio de estos obstáculos, el cese de la ampliación temporal del crédito fiscal por hijos y la finalización de la financiación federal para el cuidado infantil intensifican la presión económica sobre numerosas familias latinas.
Katherine Gallagher Robbins, coautora del informe, señaló que las familias latinas se encuentran atrapadas en una tormenta perfecta de problemas económicos y de justicia reproductiva.
Además, el informe llama la atención sobre los efectos perjudiciales de la desinformación dirigidas a las comunidades hispanas, que con frecuencia difunden falsas narrativas sobre la legalidad y las repercusiones sanitarias del aborto.
Aun reconociendo la dura realidad, Rodríguez elogió los esfuerzos de los fondos para el aborto y otras redes que perseveran en ayudar a las mujeres necesitadas a pesar de las estrictas condiciones.
Ella, junto con Shaina Goodman, otra coautora del informe, hicieron hincapié en la importancia de abordar las barreras sistémicas de larga data a la igualdad, además de restablecer el acceso al aborto.
La demanda de asistencia sanitaria asequible y de proveedores culturalmente competentes es crucial en esta batalla por la justicia reproductiva.
