Fallas en el control de las operaciones de aeródromos y pistas informales, poca supervisión de las pistas ya intervenidas y una lenta reacción de las autoridades han convertido a esa nación en un corredor aéreo de cocaína.
Por El Deber y CONNECTAS
En 2014, durante la administración de Evo Morales, Bolivia aprobó la Ley de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo para establecer un sistema de control integral que evitaría el tráfico aéreo de drogas, a través de la instalación de radares.
“Ahora se tiene un instrumento que nos permitirá luchar sobre todo contra el narcotráfico”, dijo Morales tras promulgar la norma que nació luego de que Naciones Unidas calificara a Bolivia como un país de tránsito de drogas.
Pero la ley –que incluía la instalación de 13 radares para monitorear y detectar vuelos irregulares– tardó nueve años en aplicarse. Ese tiempo sirvió para que Bolivia, el tercer principal productor de hojas de coca del mundo, se consolidara como un corredor aéreo de cocaína en América del Sur.
La demora en la instalación de los radares –que recién entraron en operaciones– y las fallas de las autoridades bolivianas a la hora de luchar contra el narcotráfico provocaron la proliferación de pistas aéreas clandestinas por todo el país.
Para esta investigación, EL DEBER y CONNECTAS utilizaron herramientas satelitales con las que se lograron detectar 440 pistas aéreas en los cuatro departamentos donde más operativos antidrogas se realizan. También, se revisaron decenas de reportes oficiales y reseñas de prensa sobre las intervenciones antinarcóticos, así como edictos sobre casos judiciales para lograr la ubicación precisa de decenas de pistas. El equipo de periodistas contrastó informaciones sobre los operativos conjuntos con las autoridades de Perú y Paraguay y analizó denuncias públicas sobre pistas que operan ilegalmente.
LEYENDA: La revisión de imágenes satelitales en Beni, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz encontró 440 pistas aéreas sin permisos de la autoridad aeronáutica en estos cuatro departamentos.
Los datos recolectados indican que la tardanza en instalar los 13 radares reveló la deficiencia para supervisar los corredores clandestinos que son intervenidos y destruidos, lentitud a la hora de avanzar en operativos que frenen el tráfico aéreo de drogas por Bolivia, y también la falta de control de las autoridades sobre las operaciones de los aeródromos y las pistas informales que hay en el país.
En las reservas indígenas, enclavadas en parques naturales o zonas protegidas, tienen muy claro el problema. Una de ellas, al norte de Bolivia, vive sometida por grupos de narcotraficantes que desde hace ocho años hicieron de esa zona un enclave para los envíos aéreos de drogas. Desde una pista clandestina salen avionetas dos y hasta tres veces al día y, aunque han denunciado ante las autoridades, los habitantes de la comunidad todavía no tienen respuestas. “Todos prefieren aguantar porque tienen familia, tienen sus cositas ahí. Yo, por ejemplo, les dije que me sacaban muerta porque yo no sé vivir en otro lado”, dijo una mujer de la reserva entrevistada para esta investigación.
Esa situación es solo una muestra de cómo Bolivia se ha convertido en la última década en una pieza clave para el tráfico de drogas en la región. Desde 2008, la lucha antinarcóticos en ese país se desarrolla sin intervenciones externas, más allá del acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que monitorea los cultivos de hojas de coca. A dos años de llegar a la presidencia, Morales expulsó a la DEA del país, tras considerar que la agencia estadounidense antidrogas hacía más espionaje político que lucha contra el narcotráfico.
Por Perú y Bolivia sobrevuela la droga que luego saldrá desde Brasil y Paraguay hacia otros mercados. La Dirección Antidrogas de la Policía Nacional de Perú reportó para esta investigación que en cinco años intervino 187 pistas clandestinas desde las cuales se detectaron narcovuelos hacia Bolivia. Y desde Bolivia, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó en una rueda de prensa que entre noviembre del 2020 y finales de agosto de este año las autoridades bolivianas habían intervenido 167 pistas clandestinas.
Pistas de larga data
La mayoría de las pistas irregulares están al norte del país, cerca de la frontera con Brasil, y en lugares poco accesibles como parques, reservas y zonas selváticas de la Amazonía boliviana. Se distribuyen en las orillas de lagunas y a lo largo de los ríos, lugares que sirven tanto como un punto de referencia para aterrizar, como también tener una vía fluvial que asegure la llegada del combustible que requieren las aeronaves para repostar y continuar con su camino a otros países.
Las intervenciones de pistas se han concentrado en diez provincias de los departamentos de Beni, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Aunque la Felcn, a través del Ministerio de Gobierno, se negó a dar los datos geolocalizados de las pistas que han descubierto en los últimos años, EL DEBER y CONNECTAS lograron la ubicación exacta de 27 corredores intervenidos desde 2018, a través de informaciones publicadas por las propias autoridades en sus redes sociales y en casos judiciales.
Los datos obtenidos revelan un severo retraso de las autoridades a la hora de actuar sobre las pistas clandestinas, pues algunas estuvieron operativas por más de una década antes de ser intervenidas. Así ocurrió con una localizada en Urubichá, en la provincia Guarayos de Santa Cruz, que aparecía en fotografías satelitales desde abril de 2007, si bien su intervención ocurrió en septiembre del año 2021, catorce años después. Igual sucedió con otra pista situada en la provincia Moxos en Beni, que ya existía en agosto de 2011 y fue intervenida por la Felcn once años después, en julio de 2022.
LEYENDA: Pista en Urubichá, Guarayos, Santa Cruz (Fuente: Google Earth y Sentinel Hub).
Intervenciones repetidas
Las pistas clandestinas suelen estar en zonas de difícil acceso. Lo intrincado de los lugares y la falta de supervisión con los radares generó que algunas de las pistas que ya habían sido intervenidas se volvieran a utilizar para actividades ilícitas. Esto fue lo que pasó con una localizada al noreste de Bolivia, en la laguna San José en el Parque Nacional Iténez, que fue intervenida dos veces por la Felcn en menos de un año.
El primer operativo fue en marzo de 2019, cuando la fuerza antinarcóticos descubrió 221 kilos de clorhidrato de cocaína en ese lugar. Sin detenidos, el entonces director de la Felcn, Maximiliamo Dávila –arrestado a inicios de 2022 por supuestos vínculos con el narcotráfico– aseguró que estaban a punto de dar con los responsables de la operación delictiva. Pero apenas diez meses más tarde, en enero de 2020, la pista volvió a ser intervenida y destruida con explosivos, según el reporte de la Policía Boliviana. Actualmente, el corredor todavía aparece en las imágenes satelitales, aunque se desconoce en qué condiciones se encuentra.
Poco control
Una pista clandestina de casi un kilómetro de largo, situada en San Ignacio de Moxos, Beni, sigue visible y sin señales de haber sido destruida, pese a que fue intervenida por las autoridades antinarcóticos ya hace más de un año, en julio de 2022, según consta en los registros judiciales. Como contraste, otras pistas que han sido intervenidas por la Policía Nacional, a través de la Felcn, sí siguen mostrando signos de destrucción tras su inhabilitación, como la pista Los Fierros, en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado y otra más en Villa Tunari, en la región del Chapare.
Para destruir las pistas, las autoridades antidrogas detonan cargas explosivas para convertirlas en corredores intransitables para nuevos aterrizajes. No obstante, en al menos tres casos se logró detectar que las explosiones se hicieron a distancias de 200 y 300 metros cada una. Según el experto peruano Ricardo Soberón, las avionetas Cessna –usualmente utilizadas para los narcovuelos entre Perú y Bolivia– solo necesitan de 100 a 300 metros de pista para poder aterrizar.
Pero la falta de control sobre los corredores, también abarca el proceso de autorización de las pistas para que puedan operar. A nivel nacional, apenas 122 corredores aéreos contaban con permisos para operar, de acuerdo a los datos presentados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para junio de este año. Pero solo en los cuatro departamentos con más operativos antidrogas (Beni, Cochabamba, Santa Cruz y La Paz), las imágenes satelitales permitieron detectar 440 pistas de las que se desconoce su condición legal.
Al menos 260 están cerca de estancias, ranchos, zonas urbanas y hospedajes turísticos, según pudo observar EL DEBER y CONNECTAS con herramientas satelitales. Mientras tanto, otros 180 corredores aéreos aparecen enclavados en medio de parques naturales, reservas, territorios indígenas o lugares inhóspitos, muy alejados de asentamientos humanos. La mayoría (134) están situados en la provincia Yacuma, departamento de Beni.
La DGAC, encargada de autorizar los aeródromos y las pistas aéreas privadas, explicó que “no tiene competencia ni facultades para sancionar o cerrar aeródromos por actividades ilícitas relacionadas al narcotráfico”, sino sólo planificar, reglamentar, fiscalizar y supervisar la actividad aeronáutica.
El Ministerio de Defensa reportó para esta investigación que entre enero y el 25 de agosto de este año los radares han detectado 519 “tránsitos aéreos de interés” en el territorio boliviano, y que “una parte de ellos ha permitido identificar las principales rutas de tránsito de aeronaves clasificadas como infractoras e ilícitas”. No obstante, ese medio millar de vuelos irregulares registrados a través de los radares sólo ha terminado en las intervenciones de 51 pistas clandestinas y 33 aeronaves sospechosas en lo que va de año, según datos presentados recientemente por el ministro Del Castillo. El funcionario no respondió a las solicitudes de entrevista realizadas por EL DEBER.
Cultivos de coca en aumento
Las autoridades bolivianas aseguran que la cocaína que cruza por su territorio proviene de Perú, pero los cultivos de hojas de coca se extienden cada vez más en ese país, e incluso superan los límites acordados con Naciones Unidas para su uso con motivos medicinales y culturales.
Los datos de la UNODC indican que en 2020 la superficie sembrada de coca en Bolivia creció un 15,3% en un año, al alcanzar 29.400 hectáreas, por encima de las 22.000 hectáreas permitidas. La oficina dijo para esta investigación que la cocaína enviada desde Bolivia fue reportada en 31 países, incluyendo Chile, Uruguay, Paraguay, Panamá, Argentina, así como Italia y Líbano. También señaló que el uso de las pistas clandestinas y avionetas ligeras para el tráfico de drogas se identifica como uno de los modus operandi más utilizados en Bolivia y la región.
Bolivia tiene acuerdos de cooperación con países de la región, incluyendo Brasil, Perú, Paraguay, Colombia y Argentina, pero los datos indican que la lucha conjunta no es tan amplia. La Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay reportó apenas tres interdicciones de aeronaves provenientes de Bolivia desde 2019, según datos obtenidos para esta investigación. Mientras tanto, la Dirección Antidrogas de Perú informó de un total de diez operativos conjuntos desde 2021, dos de ellos en el marco del convenio de cooperación entre Bolivia, Brasil y Perú.
LEYENDA: Así operan las pistas clandestinas en la selva boliviana.
Soberón cree que el control del espacio aéreo ha sido el punto más débil de los países de la región a la hora de luchar contra el narcotráfico. “Tenemos una dificultad tecnológica. Nuestras fuerzas aéreas no tienen capacidad de interdicción aérea, salvo en el caso de Brasil que está adquiriendo aviones de caza suecos. Pero en el caso de Bolivia y Perú, nuestras capacidades de interdicción son pobres”, señala.
Para legisladores y grupos indígenas la reacción tardía a la hora de detener las operaciones aéreas de tráfico de drogas es un problema constante en Bolivia. La diputada María René Álvarez, del partido opositor Creemos, ha reclamado al menos 15 veces la acción del Ministerio de Gobierno ante la proliferación de pistas clandestinas, y cuestionó la lentitud a la hora de llevar adelante las intervenciones.
Todavía está por verse si la instalación de los radares será suficiente para que Bolivia logre recuperar el camino que perdió en la lucha contra el narcotráfico durante los últimos nueve años, un periodo en el que las organizaciones criminales se apoderaron del espacio aéreo boliviano que, pese a contar ahora con un sistema de control, parece un cielo sin dueño.
Si le interesa conocer más de la falta de control sobre las pistas ilegales en Bolivia, puede ingresar acá al especial periodístico.
