Madrid, la capital de España, se vio abarrotada por unos 170.000 manifestantes el pasado sábado, lo que supuso la protesta más importante hasta la fecha contra la polémica ley de amnistía catalana. Esta ley, central en el acuerdo entre los socialistas españoles y Cataluña, está asociada al movimiento separatista catalán de 2017 y fue fundamental para la formación del actual gobierno.
La protesta se produce después de que el primer ministro socialista, Pedro Sánchez, se asegurara con éxito un mandato de cuatro años, respaldado por los partidos nacionalistas catalanes y vascos que apoyaron la ley de amnistía catalana. La creciente disidencia, caracterizada por un océano de banderas españolas y pancartas tachando a Sánchez de "traidor" y criticando la "venta de España", está resonando en todo el país.
Amnistía catalana en los ojos de la ley
Diversas asociaciones judiciales, partidos de la oposición y líderes empresariales han expresado su preocupación, afirmando que la ley de amnistía catalana socava el Estado de derecho y altera el equilibrio de poderes. Entre las figuras políticas destacadas presentes en la protesta se encontraban Alberto Núñez Feijoo, líder del conservador Partido Popular de la oposición, y Santiago Abascal, jefe del partido de extrema derecha Vox.
La protesta se extendió más allá del núcleo de la ciudad. Después de la manifestación, cientos de personas se agolparon en la autopista cerca del Palacio de la Moncloa, residencia del Primer Ministro Sánchez, lo que provocó el cierre temporal de la carretera A6. A nivel internacional, una manifestación similar tuvo lugar ante la embajada española en Londres.
Disgusto nacional
El objetivo de esta desaprobación nacional, la ley de amnistía catalana, beneficiará a unos 400 individuos implicados en el intento de independencia de 2017. Estos individuos van desde separatistas hasta policías que se enfrentaron a los activistas. Esto se produce tras el controvertido referéndum de independencia de 2017, declarado ilegal por los tribunales y reconocido como la crisis política más importante de España en los últimos años.
Históricamente, esta amnistía es la mayor en España desde la amnistía general de 1977 para los crímenes durante la dictadura de Francisco Franco. Además, es la primera ley de amnistía aprobada en la Unión Europea desde 1991, según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España.
A pesar de la indignación pública, el presidente Sánchez mantiene su apoyo a la ley de amnistía catalana, sugiriendo que la amnistía podría calmar las tensiones en Cataluña. Sin embargo, la reacción pública sugiere lo contrario. En la sede del propio partido de Sánchez, los manifestantes, incluidos grupos neonazis, han celebrado 15 noches consecutivas de manifestaciones desde el anuncio del acuerdo. Aunque la mayoría han sido pacíficas, unas pocas han desembocado en enfrentamientos con la policía y los consiguientes heridos.
Una encuesta reciente de Metroscopia reveló que alrededor del 70% de los encuestados, incluido el 59% de los simpatizantes socialistas, rechazan el concepto de amnistía, lo que demuestra una oposición pública generalizada a la nueva ley de amnistía catalana. Mientras España lucha con esta controvertida legislación, se está poniendo a prueba la resistencia y adaptabilidad del panorama político del país.
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