El gobierno de Honduras expresó su descontento ante las políticas anti-inmigración promulgadas recientemente por la legislatura de Texas, EEUU. Estas políticas, destinadas a regular la afluencia de inmigrantes penalizándolos, provocaron malestar en el país centroamericano.
"Dichas políticas antiinmigración que criminalizan la migración y abogan por la repatriación forzosa de los inmigrantes cuentan con nuestra firme oposición", declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores hondureño el jueves 23 de noviembre.
"Existe la posibilidad de que se violen las normas internacionales, sobre todo porque no existe ningún acuerdo de readmisión con México, una obligación que compete a las autoridades federales estadounidenses", señlaó el canciller centroamericano, de acuerdo con un reporte de la agencia de noticias EFE.
Gobierno hondureño pide garantizar derechos migratorios
Al tiempo que reconoce el derecho soberano de todo país a proteger sus fronteras, el gobierno hondureño resaltó su dedicación a salvaguardar los derechos de sus ciudadanos residentes en el extranjero.
En virtud de la Declaración de Los Ángeles, Honduras continúa sus esfuerzos de colaboración con Estados Unidos, respaldando "la migración segura, ordenada y regular, junto con la cooperación global para gestionar la movilidad humana", según especifica el Ministerio de Asuntos Exteriores hondureño.
El Ministerio acentuó la necesidad de respetar el debido proceso y la observancia de las normas internacionales de derechos humanos, especialmente cuando se delibere sobre la repatriación de ciudadanos hondureños.
Las medidas de Texas
La Cámara de Representantes de Texas, dirigida por los republicanos, aprobó recientemente el proyecto de ley SB 4, que convierte el cruce no autorizado de la frontera en una infracción estatal menor.
Esta legislación también obliga al poder judicial a ordenar la devolución de los extranjeros a México, eludiendo su procesamiento en Estados Unidos. El incumplimiento de la orden judicial o los antecedentes penales pueden elevar la violación a delito mayor, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.
Los legisladores de Texas aprobaron además el proyecto de ley SB 3, por el que se destinan 1.540 millones de dólares a la construcción de barreras fronterizas y se ofrecen fondos a las fuerzas del orden para que vigilen la frontera y las comunidades de inmigrantes.
En respuesta a estos acontecimientos, el gobierno hondureño instó al Estado de Texas a que reevalúe estas políticas aprobadas, debido a que podrían afectar negativamente a la comunidad inmigrante.
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