Una demanda presentada por la fiscal general de Nueva York contra Wayne LaPierre y otros tres miembros de la gerencia de la NRA acusa al grupo a favor de las armas violentas de décadas de corrupción.
Durante décadas, Wayne LaPierre, el líder de larga data de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), ha sido un superviviente. Ha aguantado oleadas de intrigas palaciegas, escándalos de corrupción y revelaciones vergonzosas, incluido un video filtrado que capturó su incapacidad para disparar a un elefante a quemarropa mientras estaba de safari.
Pero ahora, LaPierre, de 74 años, enfrenta su desafío más grave, ya que un enfrentamiento legal con la fiscal general de Nueva York, Letitia James, llega a juicio en un tribunal de Manhattan. James, en una demanda presentada en medio de un esfuerzo abrupto por parte de la NRA para poner en orden sus prácticas, busca destituirlo del grupo tras informes de corrupción y mala gestión.
Mucho ha cambiado desde que James comenzó a investigar a la NRA hace cuatro años. La organización, durante mucho tiempo un gigante del cabildeo, es una especie de barco fantasma. Tras cerrar su brazo mediático, NRATV, en 2019, ha perdido en gran medida su voz, y LaPierre rara vez hace declaraciones públicas. La membresía ha disminuido a 4,2 millones desde casi 6 millones hace cinco años. Los ingresos han bajado un 44% desde 2016, según sus auditorías internas, y los costos legales se han disparado a decenas de millones al año.
Cuando la NRA se declaró en bancarrota en Texas hace casi tres años, el paso fue parte de una estrategia para mudarse a ese estado en medio de la investigación de Nueva York. Pero un juez de Texas desestimó el caso, diciendo que la NRA estaba utilizando la declaración "para abordar un problema de aplicación regulatoria, no uno financiero". Ahora, los miembros de la gerencia que han estado enquistados en la organización durante años, dicen que la organización puede estar llegando a un punto donde una presentación de bancarrota legítima sería necesaria.
Incluso con la NRA moribunda, el legado de LaPierre como cabildero, si no como tirador, permanece intacto. El movimiento por los derechos de las armas se ha convertido en un baluarte de la política de los estados rojos durante sus más de tres décadas al frente del grupo. En los últimos años, las medidas significativas de control de armas federales han sido inviables para los republicanos a pesar de la proliferación de tiroteos masivos.
LaPierre es uno de los cuatro acusados en la demanda presentada por James en 2020. Otros incluyen a John Frazer, el consejero general de la NRA, y Wilson Phillips, un exjefe de finanzas. El cuarto acusado, Joshua Powell, fue el segundo al mando de la organización por un tiempo, pero luego se volvió en su contra e incluso pidió controles universales de antecedentes para quienes compran armas y las llamadas leyes de bandera roja que permiten a la policía incautar armas de personas consideradas peligrosas.
La oficina de la fiscal general ha tenido conversaciones bajo un acuerdo con Powell, dijo una persona con conocimiento del caso, pero no se ha anunciado ningún trato.
La NRA fue fundada en el estado de Nueva York en 1871 por veteranos de la Guerra Civil que querían una organización que ayudara a los propietarios de armas a mejorar su puntería, pero en la era moderna ha sido la cara de la resistencia a los esfuerzos por regular las armas.
James busca usar su autoridad regulatoria sobre grupos sin fines de lucro para imponer una serie de sanciones financieras contra los acusados y para destituir a LaPierre, quien ha estado en su puesto desde 1991. Cualquier dinero recuperado fluiría de vuelta a la NRA. El juicio, ante el juez de la Corte Suprema del Estado Joel M. Cohen, se espera que dure de seis a ocho semanas.
Un desfile de revelaciones de los últimos años estará en el centro de atención. LaPierre, por ejemplo, fue un cliente habitual durante más de una década en una boutique Zegna en Beverly Hills, California, donde gastó casi $40.000 del dinero de la NRA en una sola compra en mayo de 2004. También facturó más de $250.000 por viajes a, entre otros lugares, Palm Beach, Florida, Reno, Nevada, las Bahamas y el Lago Como en Italia. Ha argumentado que estos eran gastos comerciales legítimos.
Durante su testimonio en el caso de bancarrota de 2021, LaPierre dijo que no sabía que Phillips había recibido un contrato de consultoría de $360.000 al año después de ser expulsado de la NRA. También dijo que desconocía que su agente de viajes personal, contratado por la NRA, estaba cobrando una comisión de reserva del 10% por vuelos chárter además de un estipendio de hasta $26.000 al mes. La cercana ayudante de LaPierre, Millie Hallow, incluso no fue despedida después de ser descubierta desviando $40.000 en fondos de la NRA para la boda de su hijo y otros gastos personales.
La NRA ha dicho que está siendo perseguida por los reguladores de Nueva York. El grupo recientemente obtuvo el apoyo de la American Civil Liberties Union (ACLU) en una demanda federal que acusa al exgobernador Andrew Cuomo y su administración de abusar de su autoridad al disuadir a bancos y aseguradoras de hacer negocios con la NRA. James, ha señalado el grupo repetidamente, prometió investigar a la NRA incluso antes de ser elegida.
"Es una cuestión de fe entre los miembros, basada en evidencia externa creíble, que la NRA estaba enfrentando estas acciones adversas por parte de funcionarios gubernamentales si no en su totalidad, entonces en gran parte, debido a su antipatía hacia la NRA y su defensa de la Segunda Enmienda", dijo el abogado principal de la organización de armas, William A. Brewer III, en una entrevista.
Añadió que la organización había tomado numerosas medidas para abordar sus prácticas corporativas y que el caso de la fiscal general se basaba en gran medida en testigos que ya no estaban afiliados con la NRA.
"Esta fase del caso trata sobre cuentos desde la cripta", dijo Brewer, y agregó que la mentalidad de la organización hoy en día era que "si cometiste un error, lo vas a pagar con intereses, y si lo haces de nuevo, serás despedido".
Brewer, un demócrata, surgió como el principal abogado de la NRA en 2018 después de ser reclutado por LaPierre para repeler a los reguladores de Nueva York. Es visto con extrema sospecha por los abogados de la NRA que reemplazó, incluido uno, J. Steven Hart, quien una vez preguntó a un colega en un correo electrónico: "¿Brewer es un idiota o un candidato de manchuriano?"
Más allá de James, los adversarios más formidables de la NRA en estos días no son los grupos de control de armas, sino quienes antes trabajaban para la entidad y han sido expulsados del reino.
Oliver North, el expresidente de la organización, está programado como testigo en el caso. Ha dicho que las facturas legales de Brewer, que superaron los $70 millones en tres años, "son impactantes para mí y para muchos otros". North fue expulsado en 2020 en medio de una lucha de poder entre LaPierre y Brewer por un lado y la firma de publicidad y relaciones públicas de larga data de la NRA, Ackerman McQueen, que empleaba a North, por el otro.
Los observadores legales piensan que a LaPierre le será difícil convencer al juez de que debe mantener su trabajo, dadas las revelaciones que han salido a la luz.
"No caerá sin luchar", dijo Nick Suplina, un exasesor senior y consejero especial de la oficina de la fiscal general que trabaja para el grupo de defensa del control de armas Everytown.
"Dados los problemas generalizados en la NRA", agregó, "es difícil imaginar a un juez que no encuentre faltas en el jefe de la organización".
Danny Hakim - The New York Times.
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