El estado de Texas se negó a cumplir con la carta del cese y desistimiento de la administración del presidente Joe Biden por acciones en las que han impedido que los agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense accedan a parte de la frontera con México.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, expresó el desafío del estado mediante una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en la que rechazó la solicitud de la administración Biden para que el estado “cese y desista” de su toma de Shelby Park.
"Debido a que los hechos y la ley están del lado de Texas, el Estado continuará utilizando su autoridad constitucional para defender su territorio, y yo continuaré defendiendo esos esfuerzos legales en los tribunales", escribió Paxton.
El DHS, representado por el consejero general Jonathan Meyer, había aconsejado a Texas que dejara de obstaculizar el acceso sin restricciones de la Patrulla Fronteriza a un tramo de 2½ millas de la frontera. Esta zona se encuentra actualmente bajo la jurisdicción de la Guardia Nacional de Texas.
Conflicto de Texas con el gobierno federal por el control fronterizo
La disputa se intensificó tras un incidente en el que una mujer y dos niños murieron trágicamente ahogados en el Río Grande.
El DHS afirmó que el hecho se registró después de que funcionarios de la Patrulla Fronteriza "fueron físicamente prohibidos por funcionarios de Texas ingresar al área" bajo órdenes del gobernador republicano Greg Abbott.
Por el contrario, el Departamento Militar de Texas refutó estas afirmaciones, declarando que recibieron una señal de socorro pero que no se encontraron con ningún migrante en apuros.
Un portavoz de la Casa Blanca, que declaró a NBC News, criticó las políticas de inmigración del gobernador Abbott como "trucos políticos son crueles, inhumanos y peligrosos".
En réplica, Paxton tachó la insinuación de que Texas era responsable de los ahogamientos "es vil y, como ya deben saber, completamente inexacta".
El gobierno de Biden, descontento con la postura de Texas, ha advertido sobre la posibilidad de elevar el asunto al Departamento de Justicia, en caso de que Texas persista en negar a los agentes de la Patrulla Fronteriza el pleno acceso a la disputada zona.
