Charles Littlejohn, excontratista del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) enfrenta cinco años de cárcel por filtrar los registros fiscales del expresidente Donald Trump.
Littlejohn filtró registros fiscales confidenciales de otros magnates como Jeff Bezos y Elon Musk, que posteriormente fueron publicados por medios de comunicación como The New York Times y ProPublica.
Por su divulgación no autorizada de información fiscal, Littlejohn fue condenado a prisión por un tribunal estadounidense.
En octubre, Littlejohn admitió su culpabilidad. Sus fiscales insistieron en que se le impusiera la pena máxima legal de cinco años, argumentando que utilizó indebidamente acceso a datos confidenciales para servir a sus intereses personales y políticos, haciendo caso omiso de la ley.
Las acusaciones contra el excontratista del IRS
Littlejohn fue acusado de abusar de su posición para difundir los detalles financieros privados de innumerables ciudadanos estadounidenses a diversos medios de comunicación.
La jueza federal Ana C. Reyes dictó la sentencia en un tribunal federal de Washington. La pena por la divulgación no autorizada de información fiscal por parte de Littlejohn incluye también una multa de $5.000.
Reyes señaló que las acciones de Littlejohn constituían un ataque directo a la democracia constitucional de la nación, independientemente de su carácter personal.
La jueza estableció una comparación entre las acciones de Littlejohn y otras amenazas recientes contra cargos electos, incluidos los acusados del 6 de enero. Caracterizó sus acciones como “una actividad delictiva deliberada, compleja y prolongada”.
Una creencia moral “arraigada”
El abogado defensor de Littlejohn argumentó que su cliente estaba motivado por una creencia moral profundamente arraigada de que los estadounidenses tenían derecho a conocer la información.
En este sentido, el abogado afirmó que Littlejohn sentía que sus acciones “eran el único método para impulsar el cambio”.
Aun admitiendo que la revelación de información fiscal por parte de Littlejohn era inexcusable y atentaba contra la intimidad de miles de contribuyentes, su abogado afirmó que ya se había difundido al público un "fuerte mensaje de disuasión general".
Antes de recibir su sentencia, Littlejohn se dirigió al tribunal para expresar su remordimiento, afirmando que sus acciones provenían de una "creencia sincera pero equivocada" de que estaba actuando en interés público.
Justificó además su divulgación no autorizada de información fiscal afirmando que el país “merecía saber con qué facilidad los magnates podían eludir su contribución al sistema”.
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