Dina Boluarte nombra a un nuevo primer ministro mientras cae su popularidad y la nación sigue siendo políticamente y económicamente vulnerable.
La asediada presidenta de Perú, Dina Boluarte, intentó reforzar su impopular gobierno interino el miércoles, nombrando a un nuevo primer ministro después de que un escándalo que involucraba presunta corrupción se cobrara la cabeza de su aliado más cercano.
Alberto Otárola, de 57 años, renunció como primer ministro después de que los medios peruanos publicaran una grabación de audio de una conversación entre él y una mujer de 25 años, Yaziré Pinedo, en la cual se le oía hacer insinuaciones amorosas no correspondidas. Pinedo recibió contratos estatales en 2023 por más de $14.000, según informes locales.
Otárola, quien interrumpió un viaje a una conferencia minera en Canadá para regresar a Lima y presentar su renuncia el martes por la noche, negó haber infringido la ley. Afirmó que la cinta era parte de una conspiración orquestada contra él por rivales políticos. Ni él ni Pinedo negaron la autenticidad de la grabación, pero ambos dijeron que había sido editada, y Pinedo afirmó que había sido grabada mucho antes de trabajar para el gobierno.
Este escándalo más reciente que golpea al gobierno de Boluarte llega en un momento en el cual la nación andina sigue siendo política y económicamente vulnerable, con empresas reacias a invertir y una mayoría de peruanos profundamente desencantados con lo que ven como una clase política corrupta y egoísta.
Boluarte, una exabogada con poca experiencia política antes de ser elegida vicepresidenta en 2021, sucedió al presidente de izquierda radical Pedro Castillo en diciembre de 2022 después de que Castillo fuera destituido y encarcelado por intentar cerrar el congreso y gobernar por decreto.
Su gobierno rápidamente se vio envuelto en controversias cuando envió tropas para sofocar protestas callejeras violentas en el empobrecido sur de Perú, resultando en la muerte de 49 personas. Organizaciones de derechos humanos dicen que el gobierno utilizó violencia desproporcionada e indiscriminada y han pedido que los responsables sean enjuiciados.
Otárola, quien tomó la decisión de desplegar las tropas durante un breve período en diciembre de 2022 como ministro de defensa, antes de convertirse en primer ministro, negó que la respuesta del gobierno hubiera sido excesiva. "Creo que la posteridad recordará a Boluarte como la presidenta que salvó la democracia y el estado de derecho", le dijo al Financial Times en una entrevista el año pasado.
Boluarte nombró a Gustavo Adrianzén como el nuevo primer ministro del país el miércoles. Como embajador de Perú ante la Organización de Estados Americanos, éste defendió firmemente la represión del gobierno contra los manifestantes.
"Boluarte podría haber optado por un primer ministro más abierto al diálogo", dijo Gonzalo Banda, un analista político peruano. "Pero los principales partidos políticos no estaban dispuestos a proponer nombres porque no quieren quemarse [en un gobierno impopular]. Por tanto Boluarte está optando por la continuidad".
Perú fue convulsionado por semanas de protestas callejeras después de la destitución de Castillo, ya que los manifestantes en el sur del país se manifestaron contra su remoción y exigieron nuevas elecciones presidenciales y legislativas. Boluarte resistió los llamados a elecciones, respaldada por legisladores que no estaban dispuestos a renunciar a sus escaños bajo una regla que les prohíbe servir más de un término.
Su popularidad nunca se ha recuperado después de la represión. Encuestas realizadas a principios de este año le dieron una aprobación de un solo dígito, convirtiéndola en una de las líderes más impopulares de América Latina. La agitación también afectó la economía, con el país entrando brevemente en recesión el año pasado. El FMI predice una recuperación para este año, pronosticando un crecimiento del producto interno bruto del 2,7 por ciento.
El Congreso está llevando a cabo un debate final esta semana sobre reformas que reestablecerían un senado en el parlamento peruano después de tres décadas de un sistema unicameral impuesto por Alberto Fujimori, el presidente autoritario que gobernó el país en la década de 1990. Los cambios también permitirían que los políticos fueran elegidos por más de un período.
Pero es probable que se resistan los llamados a elecciones anticipadas porque los legisladores están decididos a "servir hasta el final de sus mandatos en 2026", dijo el encuestador Alfredo Torres de Ipsos.
Edward Málaga Trillo, un congresista centrista independiente, agregó que para que se celebren elecciones anticipadas, "tendría que haber un gabinete y un presidente tan desastrosos que generen una nueva crisis".
Pero dijo que, a pesar de la controversia sobre la partida de Otárola, "el país se ha estado estabilizando. Nadie pretende que este sea un buen gobierno. No es un gobierno súper eficiente... pero hay una estabilidad relativa”.
Michael Stott - Financial Times.
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