Las directrices del gobierno del Reino Unido conllevan riesgos para la libertad de expresión y la protesta legítima.
El deber más fundamental de cualquier estado es mantener seguros a sus ciudadanos, tanto de amenazas externas como internas, pero también del propio estado. Este acto de equilibrio desafía a todos los estados democráticos liberales.
La legislación antiterrorista existe para frenar acciones violentas o amenazas por parte de grupos políticos, religiosos o impulsados ideológicamente destinados a intimidar a ciudadanos y gobiernos.
Sin embargo, hay grupos que propagan ideologías extremas, que pueden buscar reemplazar la democracia liberal con sus propias alternativas, pero que no llegan a cometer o incentivar actos de terrorismo.
En el Reino Unido existe una laguna entre las leyes de discurso de odio y antiterrorismo en la cual dichos grupos no solo pueden operar, sino también recibir financiamiento público. Esta brecha es la que el gobierno Conservador está intentando llenar con una nueva definición de extremismo.
Algunos políticos de alto rango y líderes religiosos han advertido que el intento podría restringir la libertad de expresión y atrapar a organizaciones legítimas. Este debate tiene ecos en otros lugares.
La política alemana ha sido sacudida por revelaciones sobre el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán). Un quinto de los empleados parlamentarios del partido ha sido nombrado como extremistas por los servicios de inteligencia o eran miembros de organizaciones extremistas designadas, según una investigación.
Algunas personas creen que la AfD debería ser declarada un grupo prohibido. La
pregunta ilustra los dilemas que enfrentan las democracias liberales.
Muchos miembros de la AfD tienen creencias incompatibles con los valores establecidos en la constitución de Alemania. Sin embargo, prohibir un partido apoyado por un veinte por ciento de los votantes es, en sí mismo, difícil de reconciliar con los valores de una democracia liberal.
Francia, por su parte, ha fomentado políticas antiseparatistas dirigidas en
gran medida a frenar el extremismo islámico. Su efectividad para abordar la
radicalización es incierta, y los críticos argumentan que estigmatizan a los
ciudadanos musulmanes y empeoran la división social.
El extremismo violento en el Reino Unido podría ser tanto de grupos islamistas como neonazis. Las directrices del gobierno se están revelando contra un telón de fondo de tensiones en la sociedad sobre el conflicto Israel-Hamás, con protestas semanales en favor de Palestina y recientes aumentos tanto en incidentes antisemitas como casos de odio contra musulmanes.
Buscar prevenir que los grupos extremistas interactúen con las autoridades
del gobierno y reciban fondos públicos es loable, pero la ejecución no es tan
sencilla. Los motivos del gobierno no son únicamente electorales, también
tienen mucho que ver con la determinación de Michael Gove, el secretario
de comunidades, de impulsar cambios antes de una elección que su partido
probablemente perderá.
Buscar restringir ciertos grupos y oradores, incluyendo aquellos que los tribunales han encontrado ser simpatizantes yihadistas, es un paso positivo. Sin embargo, los conservadores están mal posicionados para entregar un cambio duradero en cómo el Reino Unido define el extremismo, dada su reciente incapacidad para identificar claramente el racismo explícito en sus propias filas.
Mientras el gobierno tiene razón en preocuparse por la promoción de ataques violentos, la definición expandida de extremismo sí corre el riesgo de tener efectos escalofriantes para la libertad de expresión. En términos generales, extiende el alcance del "extremismo" para incluir a cualquiera que busque "negar" los derechos fundamentales de otros.
A pesar de las afirmaciones al contrario de Gove, esta es una definición que ambos lados del debate sobre los derechos transgénero dirían que incluye a sus
oponentes — ninguno de los cuales es una preocupación para los servicios de seguridad.
Más ampliamente, la nueva definición contribuye a una preocupante expansión de lo que constituye extremismo dañino lejos de actos físicos e incitación directa hacia la ideología y conjuntos de creencias. Al encontrar el difícil equilibrio entre libertad y seguridad, los gobiernos deberían inclinarse por el lado de la expresión libre y el derecho a disentir.
Comité editorial de Financial Times.
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