La Corte hoy viernes estableció nuevas reglas básicas sobre cuándo los funcionarios públicos pueden bloquear voces críticas de sus cuentas de redes sociales.
La Corte Suprema de los Estados Unidos (SCOTUS, por sus siglas en inglés) estableció hoy viernes nuevas reglas básicas para cuándo los funcionarios públicos pueden bloquear voces críticas de sus cuentas de redes sociales, dictaminando en dos de varios casos este período judicial que darán forma al futuro de las interacciones en línea entre el gobierno y sus ciudadanos.
En un par de decisiones unánimes, el tribunal reconoció el desafío de determinar
cuándo los empleados públicos actúan en una capacidad oficial en redes sociales y, por lo tanto, deben adherirse a las restricciones de la Primera Enmienda sobre la censura; y cuándo actúan como ciudadanos privados con sus propios derechos constitucionales.
Escribiendo para la Corte, la jueza Amy Coney Barrett dijo: "La distinción entre
conducta privada y acción estatal depende de la sustancia, no de las etiquetas".
Si un empleado público tiene la "autoridad real para hablar en nombre del estado" y "pretendió ejercer esa autoridad" en redes sociales, entonces el funcionario puede ser responsable de bloquear o eliminar a comentaristas críticos, dijo la opinión.
“Un funcionario público que no logra mantener publicaciones personales en una
cuenta personal claramente designada, por lo tanto se expone a una mayor
responsabilidad potencial”, escribió Barrett.
Los dos casos ante los jueces involucraron a un gerente de una ciudad en Michigan y dos miembros de una junta escolar en California. Presentaron una nueva oportunidad para que la Corte Suprema proporcione pautas sobre cuándo los funcionarios públicos pueden prohibir voces críticas de las cuentas de redes
sociales, que se utilizan cada vez más a todos los niveles del gobierno para
comunicarse con los ciudadanos.
La Corte devolvió ambos casos a sus respectivos tribunales de apelaciones hoy
viernes para una revisión adicional a la luz de la nueva prueba.
La Corte Suprema en 2021 no tomó un caso en el que un tribunal inferior había
dictaminado que el presidente Donald Trump no podía bloquear a críticos de su
transmisión en Twitter, ahora X.
Después de que Trump perdiera la reelección, y Twitter cancelara su cuenta, SCOTUS anuló la decisión del tribunal de apelaciones, diciendo que el asunto era irrelevante.
En ambos casos decididos el viernes, la administración Biden respaldó a los
funcionarios del gobierno, diciendo que tenían derecho a bloquear usuarios de sus cuentas privadas, las cuales categorizaron como un tipo de propiedad privada, porque no actuaban en una capacidad oficial.
En el primer caso, James Freed, el gerente de la ciudad de Port Huron, Mich., fue
demandado después de que bloqueara comentarios críticos de un constituyente en respuesta a una publicación de Facebook sobre las políticas de la pandemia de coronavirus de la ciudad. Kevin Lindke dijo que Freed violó la Primera Enmienda cuando eliminó los comentarios de Lindke y bloqueó su cuenta.
La Corte de Apelaciones de EEUU para el Sexto Circuito decidió a favor de Freed,
quien se describió en su página de Facebook como padre, esposo y gerente de la
ciudad, y enumeró el sitio web de la ciudad y el correo electrónico general como su información de contacto.
Aunque Freed publicó sobre asuntos de la ciudad, el contenido general en la página que creó antes de su nombramiento como gerente de la ciudad tendía hacia actividades familiares, según los expedientes judiciales.
En el segundo caso, Christopher y Kimberly Garnier, una pareja del sur de California que publicaba regularmente mensajes críticos en las páginas de Facebook de dos miembros de la junta escolar, fueron bloqueados de esas páginas, y en respuesta presentaron una demanda.
La Corte de Apelaciones de EEUU para el Noveno Circuito se puso del lado de los
Garnier en una decisión amplia que dijo que la decisión de los miembros de la junta escolar de bloquear a la pareja podría considerarse una acción gubernamental, debido a la apariencia y el contenido de las páginas de Facebook de los miembros de la junta escolar.
A lo largo de la opinión de 18 páginas en el caso de Michigan, SCOTUS enfatizó que los funcionarios públicos tienen sus propios derechos constitucionales para
mantener cuentas privadas y pueden bloquear voces críticas sin violar la Primera
Enmienda.
Pero también dijeron que los funcionarios públicos pueden no estar protegidos de la responsabilidad en algunas circunstancias, cuando usan sus cuentas personales para llevar a cabo negocios oficiales directamente vinculados a sus responsabilidades oficiales.
Los funcionarios estatales y locales que interactúan rutinariamente con el público “pueden parecer que siempre están trabajando, lo que hace que sea tentador caracterizar cada encuentro como parte del trabajo,” dijo la Corte. “Mientras los funcionarios públicos pueden actuar en nombre del Estado, también son ciudadanos privados con sus propios derechos constitucionales”.
Los casos son Lindke vs. Freed y O’Connor-Ratcliff vs. Garnier.
Ann E. Marimow - The Washington Post
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