El presidente Joe Biden pagó $6.000 millones de deuda federal estudiantil. El alivio financiero beneficia a unos 78.000 trabajadores de los servicios públicos, incluidos profesores, enfermeras y bomberos.
Biden mencionó la motivación de esa decisión, exponiendo la dedicación de estos trabajadores de los servicios públicos a sus comunidades.
"Estas dedicadas personas nunca recibieron el alivio al que legítimamente tenían derecho debido a fallos administrativos del pasado", señaló Biden.
La deuda estudiantil, el compromiso de Biden
La eliminación de la deuda estudiantil es un componente del programa de Condonación de Préstamos del Servicio Público, destinado a borrar los préstamos pendientes para los prestatarios que cumplan condiciones específicas, como un determinado número de pagos y el empleo en sectores cualificados.
Esta iniciativa es una de las últimas de una serie de acciones de la administración Biden para reducir la carga de los préstamos estudiantiles.
A principios de este año, se cancelaron aproximadamente $5.000 millones de deuda a 74.000 prestatarios del sector público.
Hasta la fecha, la administración de Biden ha autorizado la condonación de casi 144.000 millones de dólares en préstamos federales, ayudando a casi 4 millones de prestatarios.
Sigue el esfuerzo para aliviar la deuda
La administración Biden, por otro lado, se pondrá en contacto de forma proactiva con unos 380.000 prestatarios en la próxima semana.
Estas personas serán notificadas sobre su elegibilidad para la condonación de la deuda estudiantil en los próximos dos años, ofreciéndoles una ruta clara hacia la libertad financiera.
Este anuncio, además, se produce después de que la Corte Suprema rechazara un plan de condonación de préstamos estudiantiles, el más ambicioso, propuesto por Biden el año pasado.
Aunque la Corte Suprema lo consideró ilegal el plan debido a la ausencia de una aprobación explícita del Congreso, la administración persevera en la búsqueda y el aprovechamiento de todos los medios posibles para apoyar a los estudiantes estadounidenses y a los trabajadores de los servicios públicos.
El objetivo es fomentar una economía en la que la inclusión y las oportunidades sean elementos fundacionales.
