El jefe de la Patrulla Fronteriza, Jason Owens, expresó en una entrevista en el programa "Face the Nation" de la cadena CBS, que la actual crisis migratoria podría convertirse en una amenaza para la seguridad nacional.
Owens aclaró el problemático dominio de los contrabandistas que controlan el flujo migratorio, lo que sitúa a las autoridades estadounidenses en una posición reactiva. "Ellos dictan cómo será el flujo y nosotros respondemos a él", señaló.
Este dominio de los contrabandistas complica los esfuerzos para asegurar la frontera de aproximadamente 1.900 millas y evitar la explotación de sus vulnerabilidades por parte de grupos nefastos.
Bajo el gobierno de Biden, EEUU experimentó un aumento sin precedentes de llegadas de inmigrantes, con un número significativo de solicitantes de asilo.
Según los datos de la Patrulla Fronteriza, se produjeron más de 1,15 millones de encuentros en la frontera sur en el actual ejercicio fiscal, un notable incremento respecto a los 2,47 millones de encuentros registrados el año anterior.
Owens destacó su especial preocupación por las 140.000 "fugas conocidas", es decir, individuos detectados pero no detenidos.
Patrulla Fronteriza alerta sobre riesgos en la seguridad nacional
Teme que entre ellos pueda hayan individuos peligrosos, incluidos terroristas potenciales, que supongan una "amenaza para la seguridad nacional".
Aunque reconoce que la mayoría de los migrantes huyen de dificultades económicas, Owens señaló que un pequeño subgrupo tiene antecedentes penales, incluidas condenas por delitos sexuales y afiliación a bandas.
Este año, la diversidad de la población migrante se amplió, con personas procedentes de más de 160 países que intentan cruzar a Estados Unidos.
La cuestión de la seguridad fronteriza es un tema candente para los votantes a medida que se acercan las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.
El presidente Joe Biden expresó su frustración por la resistencia republicana a un acuerdo bipartidista de reforma fronteriza en el Senado, resaltando la necesidad de una acción legislativa para abordar la crisis.
En respuesta a los crecientes desafíos, Owens aboga por sanciones más estrictas para la entrada ilegal, sugiriendo penas de cárcel, deportación y prohibiciones de reentrada como posibles medidas disuasorias.
