La querella del Departamento de Justicia es audaz y enfrenta una lucha cuesta arriba.
El iPhone de Apple es uno de los artefactos más innovadores y populares del mundo. Con más de 1.000 millones de usuarios al día, ha creado toda una nueva industria y formas de comportamiento digital. Pero los críticos señalan sus aspectos negativos.
Dicen que la participación del 65 por ciento del iPhone en el mercado de teléfonos inteligentes de EEUU por ingresos y la estrecha integración tecnológica que sustenta el ecosistema de Apple amenazan con distorsionar la competencia en el mundo tecnológico, y eso potencialmente conlleva serias consecuencias sociales, políticas y económicas.
Los políticos y reguladores necesitan vigilar esta concentración de poder en plataformas y ecosistemas digitales, especialmente cuando el dominio en plataformas móviles podría potencialmente transferirse a otros que van desde coches autónomos hasta realidad virtual. Pero deben hacerlo sin matar la innovación o penalizar injustamente a una empresa por su propio éxito.
El caso histórico presentado por Departamento de Justicia de EEUU contra Apple es un intento importante, pero enfrenta una batalla cuesta arriba. Las leyes existentes no les dan a los reguladores las herramientas que necesitan para abordar todos los nuevos problemas de competencia planteados por las grandes tecnológicas.
El DoJ ha atacado la integración entre hardware, software y servicios que hacen que el enfoque de Apple sea tan distintivo. Su caso se basa esencialmente en dos argumentos. Uno es que Apple bloquea la distribución de algunas aplicaciones y servicios que podrían amenazar su modelo. Estas son "superaplicaciones" que engloban muchos servicios diferentes y harían que la App Store sea menos clave, o servicios de juegos en la nube que pueden depender de teléfonos menos potentes, debilitando la necesidad de un iPhone.
El segundo argumento es que el iPhone tiene lo que se denominan APIs privadas o "ganchos" de programación. Estos hacen que funcione mejor con los servicios internos de Apple, como su billetera digital, y accesorios como sus relojes inteligentes, que con los producidos por terceros.
Apple no está obligado a abrir su ecosistema a todos ni permitir que los dispositivos de la competencia se conecten sin problemas con los suyos. Pero la Sección 2 de la Ley Sherman de 1890, bajo la cual se ha presentado el caso, es una herramienta que los reguladores antimonopolio de EEUU han revivido en otros casos recientes contra las grandes tecnológicas. Concede amplios poderes respecto a las empresas que "intentan monopolizar" un mercado.
Se utilizó hace un cuarto de siglo contra Microsoft, que perdió un caso inicial en la corte después de evidencia de que algunas de sus estrategias habían sido diseñadas para aplastar la competencia.
El caso del DoJ contra Apple dependerá de si puede demostrar que la empresa tiene poder de monopolio en el mercado de telefonía inteligente y si la evidencia se considera igualmente fuerte para demostrar que Apple tomó deliberadamente decisiones destinadas a excluir a los competidores.
Apple podrá señalar aspectos de su tecnología que superan cualquier efecto anticompetitivo. Las mejoras de seguridad, privacidad y experiencia del usuario que trajo a los artefactos inteligentes revolucionaron el mercado.
Los críticos afirman que Apple ha usado afirmaciones de seguridad y privacidad como una cortina de humo para cubrir su comportamiento anticompetitivo. Probar un patrón de tal comportamiento permitiría al gobierno argumentar a favor de un remedio drástico, tal vez obligando a Apple a abrir su ecosistema tecnológico o incluso desmembrándolo.
Pero incluso la evidencia clara contra Microsoft no trajo un cambio estructural. La cuestión de si las concesiones que Microsoft hizo en un acuerdo tuvieron algún impacto real en la competencia ha sido debatida en círculos tecnológicos desde entonces.
Cualquiera sea su resultado, el caso tardará años en resolverse. En Bruselas, Europa ya ha avanzado con un Acta de Mercados Digitales que reescribe la doctrina antimonopolio para la era tecnológica y está diseñada para forzar la apertura de los ecosistemas tecnológicos más poderosos.
Las propuestas de legislación similar en EEUU no han llegado a nada. En algún momento, los políticos estadounidenses tendrán que abordar este problema.
Comité editorial - Financial Times.
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