El Tribunal Supremo de Estados Unidos se prepara para revisar este lunes un caso centrado en la legalidad de arremeter a las personas sin hogar mediante medidas punitivas.
En concreto, se cuestionará si la expedición de multas a personas sin hogar constituye un castigo "cruel e inusual" en virtud de la Octava Enmienda.
El caso llamo la atención entre los responsables políticos y el público, poniendo de relieve los derechos de la población sin hogar de Estados Unidos.
En el centro de este desafío legal se encuentra la ciudad de Grants Pass, Oregón. Las ordenanzas locales prohíben dormir allí en espacios públicos.
Los críticos argumentan que una aplicación tan estricta apunta injustamente a las personas sin hogar, que a menudo no tienen otra opción que dormir en zonas públicas.
¿Velar por la seguridad pública o castigar la pobreza?
Esto encendió un debate más amplio sobre si estas leyes sirven realmente a la seguridad y la salud pública, o simplemente penalizan la pobreza.
Helen Cruz, que una vez vivió en un parque de la ciudad de Grants Pass, comparte sus luchas personales con estas normativas. Tras instalar su tienda de campaña cerca de su lugar de trabajo, Cruz se enfrentó a un incesante ciclo de multas y traslados forzosos.
Su historia subraya la dura realidad a la que se enfrentan muchas personas sin hogar. "No voy a ir a ninguna parte. Y no voy a dejar que nadie me eche", declara Cruz, expresando la resistencia común entre los afectados por este tipo de ordenanzas.
La controversia escaló hasta el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de EEUU, que falló a favor de Cruz y de personas en situación similar.
El tribunal decidió que la ciudad no podía aplicar sus leyes contra la acampada cuando no existían alternativas para dormir. Este fallo crucial provocó la actual revisión del Tribunal Supremo, que evaluará las implicaciones más amplias de este tipo de políticas.
Los detractores de la política de Grants Pass, como Mary Ferrell, directora ejecutiva del Proyecto Maslow, critican estas leyes por ser excesivamente duras y criminalizar la mera existencia.
Por el contrario, los funcionarios municipales argumentan que la Octava Enmienda no ampara sus normativas, alegando que sus acciones son necesarias para mantener el orden público, no para castigar a los sin techo.
Más de 600 mil personas sin hogar en EEUU se verían afectadas por la decisión del Tribunal Supremo
Es probable que la decisión del Tribunal Supremo tenga efectos significativos en la forma en que las ciudades de todo el país gestionan el problema de los sin techo.
Con al menos 650.000 personas sin techo cada noche en EEUU, y un aumento del 12% en el número de personas sin hogar entre 2022 y 2023, la necesidad de soluciones humanas y eficaces es más acuciante que nunca.
El fallo del tribunal podría apoyar políticas más compasivas o afirmar prácticas restrictivas.
Mientras se espera el fallo del Tribunal Supremo, los gobiernos estatales, incluido el gobernador de California, Gavin Newsom, abogan por soluciones equilibradas que no criminalicen a las personas sin hogar ni descuiden la necesidad de gestionar los espacios públicos.
