Un despertar de los inquilinos empieza a tomar forma en Maryland. Por donde se mire los arrendatarios reclaman el control del alquiler y los políticos toman nota.
A finales de marzo, decenas de familias inmigrantes latinas y afroamericanas desembarcaron en Annapolis para demandar a los senadores aprobar una ley que los proteja de los desalojos sin razón y otra que les permita asociarse para denunciar a los propietarios por las malas condiciones de las viviendas.
El año pasado en Montgomery lograron una ley de estabilización de los alquileres. A la par, en el condado de Prince George consiguieron detener la escalada del costo de la renta por un año, ese plazo se venció en marzo y acaban de extenderlo hasta octubre, con miras a alcanzar una legislación definitiva que proteja a los inquilinos de bajos recursos.
“Es injusto pagar mil $723, más $170 de luz y $80 de agua, por un departamento de dos dormitorios infectado de ratones y cucarachas. La refrigeradora, la estufa y los muebles de cocina no han sido renovados desde hace 14 años y cuando llegué aquí ya eran viejos”, dijo Norma Beltrán. “Soy madre soltera, mi hijo ayuda a pagar la renta, a veces cuido niños y trabajo en construcción y ni así alcanza”. Su testimonio, con ligeras diferencias, grafica una realidad que viven unas 400 mil habitantes en Maryland.
“Uno tras otro mis electores me dicen que de la noche a la mañana les han subido $100, $200 o más dólares mensuales de renta. Es tiempo de dar una solución, porque se está afectando el bienestar de las familias y la economía del condado”, dijo la concejal Krystal Oriadha, quien lidera el proyecto de ley de estabilización de la renta a largo plazo en Prince George.
No lo está haciendo sola, cuenta con respaldo de los inquilinos ylos movimientos de base de CASA, Progressive Maryland Enclave Tenant Association y otras organizaciones que creen, como señaló Oriadha, “en la necesidad de lograr un balance para asegurar un justo retorno a los grandes propietarios, sin que se aprovechen de los inquilinos”.
Una ley de control de la renta no será el fin a todas las preocupaciones financieras de Magdalena Escobar-Torres, pero sí un gran alivio. Esta madre de familia de Greenbelt relató que vive en un apartamento con una refrigeradora que gotea todo el tiempo, las paredes y las ventanas tienen moho, nadie escucha sus reclamos y, sin embargo, cada mes debe reunir diligentemente $2 mil 600 para el alquiler.
“Vivo allí desde hace cinco años, se nos vino abajo el techo en un dormitorio, destruyó una cama y no quisieron cubrir los daños económicos, pero si una persiana se daña o hay que cambiar los filtros del aire tenemos que pagar nosotros. Si deposito el ‘money order’ a las cinco de la tarde, me dicen que me atrasé en el alquiler y me cargan una multa de 100 dólares. Con la comida tan cara y mi marido que trabaja cortando árboles no alcanza”, dijo sin ocultar su angustia.
No más de 6% de aumento
Alex Vázquez, director del movimiento de base de CASA en Montgomery, destacó la participación de los inquilinos, quienes con sus testimonios dieron nombre y apellido a su situación. “Encontramos que la mayoría de los concejales en Montgomeryestaba de acuerdo en estabilizar el alquiler, algo que no se había hecho desde los años 70 del siglo pasado”, aseguró Vázquez.
La ley, que pone un límite de 6% de aumento y está atada al índice del consumidor, aún no entra en vigencia, porque el Departamento de Vivienda está trabajando en las regulaciones. En Montgomery se creó el departamento de estabilización de la renta, ente que se encargará de vigilar el cumplimiento de la ley.
Con algunos cambios, la propuesta que se impuso fue la de la concejal Natali Fani-González. Ella indicó que una vez que se terminen los debates del presupuesto se revisará el borrador de las regulaciones y si todo va como está planeado para finales de junio entrará en vigencia.
Fani-González destacó que con esta ley “esos propietarios que abusan y suben hasta el 15% o más ya no podrán hacerlo”. Aclaró que la medida abarca a todos los complejos habitacionales de más de 23 años de construcción.
Fani-González propuso que la ley abarque a los edificios habitacionales de 15 años en adelante, pero solo tenía seis votos y necesitaba siete. “Por lo general, los inmigrantes no vivimos en edificios nuevos porque son muy caros y hay que pagar cuotas de asociación muy elevadas”, aseguró. La ley no aplica a los dueños de casa que rentan el sótano, un ático o una habitación.
Los multifamiliares en la mira
En Prince George hubo casos en los que de la noche a la mañana aumentaron el alquiler hasta en $800, según el activista de CASA, Jorge Benítez-Pérez. “La comunidad dejó escuchar su voz, pero el año pasado el Concejo no estaba listo para una ley permanente”. Se espera que en octubre se cuente con una ley definitiva.
“Mi objetivo es regular a los edificios multifamiliares porque allí vive la mayoría de inquilinos. La medida temporal está impidiendo que propietarios aumenten el alquiler mientras trabajamos en una ley permanente”, agregó Oriadha.
La concejal expuso algunas razones para dar una solución a la crisis de la renta: los fondos que el condado destina para laasistencia del alquiler y la comida son ingentes y con el tiempo se han vuelto insostenibles. Además, el aumento de personas que se quedan sin techo es un atentado a los derechos. “Si no ponemos regulaciones vamos a destruir nuestros servicios sociales”, puntualizó.
Benítez apuntó un argumento más: “nuestros miembros, todos inmigrantes, tienen un ingreso anual promedio de $20 mil y es injusto que casi todo se va en pagar la renta”.
Más protecciones a los inquilinos
El movimiento de arrendatarios a nivel estatal, además del control del alquiler, también reclama leyes que los protejan de los desalojos injustificados y de vivir en departamentos en pésimas condiciones.
La ley para la Seguridad de los Inquilinos (Tenant Safety Act 2024) y la ley 477 facilitarán la formación de asociaciones de arrendatarios y denunciar y llevar a la corte a los propietarios por desalojos o pésimas condiciones de la vivienda.
“Por ahora solo puede ir a la corte uno por uno y nuestros trabajadores no saben cómo afrontar este proceso individualmente, si lo hacen en grupo tendrán más peso”, aseguró Benítez. Explicó que las dos leyes ya fueron aprobadas por la Cámara de Delegados y que “entre los senadores hay buena aceptación para para sacar adelante estas protecciones”.
Antes de pasar al senado debe aprobarse en el comité judicial.
