El fiscal general de Virginia, Jason Miyares, expresó su preocupación por un grupo de menores migrantes que cruzaron la frontera no acompañados y que ahora se han reportado como desaparecidos en Culpeper, al huir de los hogares de sus patrocinadores sin dejar rastro alguno.
En una conversación exclusiva con El Tiempo Latino, Miyares dijo que envió por segunda vez una carta dirigida al Secretario de Salud, Xavier Becerra, en la que expresa su profunda preocupación por el bienestar y la seguridad de los menores no acompañados que, según él, no están siendo priorizados por la Administración Biden.“Hay 22 menores desaparecidos en Virginia, de los cuales no se sabe nada, cuál es su paradero o si están siendo traficados o reclutados por la MS-13”, dijo Miyares a El Tiempo Latino.
Los adolescentes se encuentran entre los 35 niños, en su mayoría guatemaltecos, que desde 2017 han desaparecido de Culpeper, dándose a la fuga de sus hogares. Todos ellos llegaron a Estados Unidos como migrantes considerados menores no acompañados por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), la agencia federal responsable de su cuidado bajo el Departamento de Salud (HHS por sus siglas en inglés).
Miyares envió la misiva el 17 de abril. Sin embargo, hasta el miércoles 24 no habían recibido respuesta alguna. La primera carta fue enviada en febrero y estuvo dirigida al presidente Joe Biden y al secretario Becerra.
La carta pedía a la ORR que revisara sus políticas para notificar a los gobiernos locales cuando se coloca a niños migrantes en sus jurisdicciones. Sin embargo, según Miyares, la carta fue ignorada. Ante la falta de respuesta, el fiscal general exigió una mayor coordinación entre los Gobiernos federal, estatal y local para abordar el problema.
“En el caso de Culpeper, llegaron 38 menores y al cabo de un tiempo desaparecieron más de 20. Pero ORR nunca se comunicó con la policía local para saber si los menores iban a ser recibidos en un hogar o para realizar una verificación en el terreno”, dijo Miyares.
Puntos clave de la carta
Según declaró Miyares, la Administración de Biden está ignorando intencionalmente un problema sumamente preocupante, lo que ha desencadenado una situación alarmante para el bienestar y la seguridad de los menores no acompañados. En una carta dirigida al secretario de Salud y Servicios Humanos de EEUU, Xavier Becerra, expresó su profunda inquietud y exigió una mayor coordinación entre las autoridades locales, estatales y federales para abordar esta crisis de manera efectiva.
Uno de los puntos críticos que Miyares ha señalado es la falta de notificación a los gobiernos locales y estatales cuando un niño migrante está ubicado en su jurisdicción. Esta omisión dificulta enormemente la protección y el bienestar de estos niños vulnerables, ya que los sistemas de apoyo locales y estatales no pueden intervenir de manera oportuna y adecuada para garantizar su seguridad. “No se puede dar un seguimiento para proteger a los menores”, señaló.
Los tres puntos concretos que destaca la misiva, a la cual tuvo acceso El Tiempo Latino son:
- Revisión de las políticas de la ORR para niños menores no acompañados para incluir la notificación inmediata de la colocación de niños a los gobiernos locales.
- Estado de seguridad de los menores no acompañados existentes en el estado de Virginia.
- Otorgar a la Oficina del Procurador General acceso a los datos de los patrocinadores en Virginia, junto con cualquier posible historial criminal, para permitir que los gobiernos locales puedan tener un seguimiento con los menores
Una tendencia nacional
Una investigación realizada por el Centro de Integridad Pública -una organización sin fines de lucro dedicada al periodismo de investigación y la rendición de cuentas en el Gobierno y otras instituciones públicas- destacó la preocupante tendencia de desaparición de miles de niños migrantes de los hogares de sus patrocinadores en los Estados Unidos.
En Culpeper, Virginia, casos como el de Jessica Mariela Domingo-Méndez, quien dejó su hogar en enero de 2023 al despedirse de su tía para ir a la escuela o el de Horlandina López-Pérez, que se fue de casa con su bebé en octubre de 2022, son solo dos ejemplos de un problema más amplio.
Desde 2017, 35 niños, en su mayoría guatemaltecos, han desaparecido en esta pequeña ciudad rural después de ser colocados en hogares de patrocinadores por la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), la agencia federal encargada de su cuidado bajo el Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Sin embargo, las desapariciones de niños migrantes no son un fenómeno aislado. Tras el aumento de menores no acompañados que ingresan a los Estados Unidos, miles han desaparecido de los hogares de sus patrocinadores después de que el Gobierno federal los colocara allí. La ORR manejó 2 mil 724 informes en 2022, seis veces más que en 2020, pero no hay una agencia gubernamental clara a nivel local, estatal o federal que asuma la responsabilidad de buscar a muchos de estos niños desaparecidos o investigar por qué un número creciente ha desaparecido.
“Estamos hablando de más de 80 mil menores desaparecidos y 22 de ellos en Culpeper, de los cuales no sabemos si están corriendo peligro o son víctimas de trata de personas”, indicó Miyares.
La investigación dice que entre enero de 2018 y abril de 2023, el Centro Nacional de Llamadas de la ORR recibió 6 mil 318 llamadas informando sobre niños migrantes fugitivos. Al cierre de esta edición el Departamento de Salud no había contestado a una solicitud de El Tiempo Latino para responder sobre esta situación.
El Centro de Integridad Pública dice que el HHS ha afirmado que la jurisdicción de la ORR sobre un niño termina cuando es entregado a un patrocinador verificado, y que no tienen responsabilidad sobre el paradero del niño después de eso.
Obstáculos
Los patrocinadores están obligados a llamar a la policía y reportar cualquier niño migrante no acompañado desaparecido. Pero, en muchos casos, el proceso se ve obstaculizado por la falta de información disponible, especialmente si el niño fue colocado con un pariente distante o un extraño. Esto ha llevado a situaciones preocupantes en las que los niños pueden estar en riesgo de explotación laboral o abuso.
La situación se ha complicado aún más debido a la falta de transparencia por parte de la ORR y a las deficiencias en la comunicación e intercambio de información con las agencias policiales locales.
Aunque se han implementado políticas para mejorar el intercambio de información, las autoridades locales han expresado preocupaciones sobre la efectividad de estas medidas y la necesidad de una mayor supervisión y responsabilidad.
“Nosotros nos dimos cuenta de esta situación cuando la oficina del sheriff de Culpeper nos llamó expresando su preocupación sobre estos casos de desaparición”, añadió Miyares.
Foro comunitario
El fiscal general de Virginia dio estas declaraciones en el marco de un foro comunitario realizado el miércoles 17 de abril en la iglesia Maná del Cielo de Sterling, Virginia, en donde también hizo énfasis en la lucha contra el fentanilo y el tráfico humano.
La presidenta del Virginia Latino Advisory Board, Astrid Gámez aplaudió la iniciativa de Miyares de acercarse a la comunidad latina. “Es importante que la oficina del fiscal general quiera conocer los problemas de la comunidad latina en Virginia participando en este tipo de foros”, dijo Gámez, quien es directora ejecutiva de la organización Family Services Network.
Denunciar la trata de personas
El estado está realizando una fuerte campaña para denunciar la trata de personas en Virginia. Ante una situación de emergencia existen diferentes maneras de reportar y buscar ayuda
- Llame al 1-888-373-7888 (TTY: 711). Envíe "AYUDA" al 233733.
- Sitio web de la línea directa contra la trata de personas: http://www.humantraffickinghotline.org
- Policía Estatal de Virginia (VSP): #77 .
- Línea directa estatal del Departamento de Servicio Social de Virginia las 24 horas, los 7 días de la semana al (800)-552-7096.
