El miércoles, el gobernador Ron DeSantis promulgó una ley que está a punto de remodelar el enfoque de la política energética de Florida.
Esta nueva ley, en vigor desde el 1 de julio, deja de lado el papel de las consideraciones sobre el cambio climático a la hora de dar forma a las estrategias energéticas estatales.
Este cambio se produce cuando Florida sigue enfrentando problemas meteorológicos, como huracanes, olas de calor y persistentes floraciones de algas tóxicas.
Disposiciones clave y sus implicaciones
La próxima ley exige una eliminación de las referencias al cambio climático en la legislación estatal.
En particular, prohíbe la instalación de turbinas eólicas en alta mar dentro de las aguas estatales, lo que supone una divergencia con las actuales iniciativas de energías alternativas.
Además, la ley suaviza las restricciones sobre los gasoductos de gas natural, acelerando potencialmente los proyectos energéticos. Esta flexibilización, sin embargo, suscita preocupación por sus repercusiones medioambientales.
Debate entre expertos y defensores
Los cambios legislativos de DeSantis crean debates entre los expertos en política medioambiental y los defensores del clima.
Esbozando riesgos y posibles contratiempos, especialmente para un estado como Florida, frecuentemente vulnerable a los desastres relacionados con el clima.
Los críticos argumentan que si se ignora el consenso científico sobre el cambio climático se corre el riesgo de empeorar los problemas medioambientales a los que se enfrenta el estado.
Punto de vista de los proponentes
Por el contrario, los partidarios defienden la nueva política energética de DeSantis como un medio para agilizar los procedimientos y fomentar el desarrollo económico minimizando los retrasos burocráticos y promoviendo las actividades industriales.
Destacan los beneficios de una mayor independencia energética y resistencia económica, sugiriendo que el ajuste de la política de Florida está en consonancia con los objetivos nacionales de producción y seguridad energéticas.
