En los últimos cuatro años, el gobierno de EEUU ha recopilado 1.5 millones de muestras de ADN de inmigrantes, según un reporte del Georgetown Law Center on Privacy & Technology.
La recolección de muestras de ADN se realiza por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y representan un incremento de más del 5.000% desde 2020.
El programa de recolección de muestras de ADN de inmigrantes
El programa, aprobado inicialmente por el Congreso en 2005, permaneció en gran medida inactivo hasta un importante cambio de política en 2020 durante la administración Trump, una práctica que continúa bajo la presidencia de Biden.
Este cambio permite al DHS recoger ADN de cualquier inmigrante detenido en todo el país por agentes de la Patrulla Fronteriza y otros funcionarios.
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Según expertos de Georgetown, las prácticas actuales del DHS carecen de normas de procedimiento claras, lo que suscita serias preocupaciones sobre posibles violaciones de los derechos de los inmigrantes y la posible superación de los límites constitucionales.
Lo que debes saber: el uso del término "detenido" en la aplicación de la ley de inmigración expone ampliamente a casi cualquier persona a la recopilación de datos genéticos.
¿Para que se recolecta el ADN de los inmigrantes en EEUU?
Una vez recogido el ADN, se envía al FBI y se introduce en la base de datos CODIS como perfiles "criminales", haciéndolos accesibles a las fuerzas del orden de todo el país.
El sistema CODIS, que se inició en 1998, contiene unos 22 millones de perfiles, según informa Los Angeles Times.
El informe del Centro Jurídico de Georgetown acusa al DHS de recurrir a métodos engañosos para conseguir ADN, principalmente de personas de color, con el pretexto de hacer cumplir las leyes de inmigración.
Algunas personas no eran conscientes de que se estaba recogiendo su ADN, creyendo en cambio que se les estaba sometiendo a pruebas de COVID-19, a menudo en circunstancias engañosas o bajo coacción.
Además, el almacenamiento indefinido de muestras de ADN plantea mayores riesgos, especialmente con los rápidos avances de la tecnología del ADN y las ambiguas definiciones legales en torno al uso gubernamental de la información genética.
