El próximo verano, la Corte Suprema de Justicia de EEUU deberá decidir sobre la prohibición de los bump stocks, dispositivos que convierten armas semiautomáticas en automáticas. Básicamente son aceleradores de disparos que hacen más poderosa a un arma y que fueron usados por Stephen Paddock para perpetrar la masacre de Las Vegas en 2017, en la que asesinó a 60 personas e hirió a más de 400.
Este accesorio, de plástico o metal, se añade en la parte trasera inferior del arma y consigue imitar un arma automática.
Al apretar el gatillo permite que se disparen sin parar los cartuchos hasta agotar el cargador. Las armas semiautomáticas disparan cada vez que se presiona el gatillo. Un rifle puede imitar (no replicar) una ametralladora solo con este dispositivo, cuya venta fue libre en Estados Unidos desde 2001.
Las dudas de la Corte Suprema y el aumento de la venta de armas
Según consignó la agencia AP, hasta la semana pasada, el máximo tribunal del país parecía dividido respecto a la cuestión. El conflicto se inició poco después del hecho cuando la administración de Donald Trump, en una sorpresiva decisión, prohibió uso de este tipo de dispositivos. Los motivos sobraban: era la peor masacre de la historia del país.
Sin embargo, en los años siguientes, grupos defensores de los derechos al uso libre de armas cuestionaron la lógica subyacente de que las armas de choque son en realidad ametralladoras. La queja culminó en una lucha legal que ahora se encuentra ante la Corte Suprema.
El tribunal lo que analiza es si la administración Trump respetó la ley federal cuando cambió prohibió las culatas después del episodio de Las Vegas. Ante las dudas de la Corte -señala el diario The Hill- y si legaliza los bump stocks, se podría abrir rápidamente un mercado sin restricciones de dispositivos de disparo más rápidos, más nuevos y mucho más potentes.
Los jueces mostraron ya una división durante los argumentos orales de febrero, introduciendo una ola de incertidumbre sobre el destino de los bump stocks y otras mejoras similares de disparo rápido actualmente bajo prohibición.
Tecnicismos que complican el panorama
La definición precisa de ametralladora desempeña un papel crucial en este diálogo, que probablemente tendrá profundas implicaciones para las políticas sobre armas de fuego en todo el país.
David Pucino, director jurídico del Giffords Law Center, expresó su gran preocupación por las ramificaciones que se producirán si el Tribunal Supremo anula las restricciones actuales. “El peligro potencial para la seguridad pública sería inmenso", subrayó a The Hill.
En el centro de esta disputa se encuentra el caso Cargill contra Garland, en el que el demandante Michael Cargill, un vendedor de armas de fuego, se enfrenta a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) del Departamento de Justicia.
Qué argumenta el vendedor de armas
Un aspecto central de su argumento es la afirmación de que los bump stocks no transforman de forma inherente un arma de fuego semiautomática en una ametralladora.
Según Cargill, los aceleradores de disparos no son ametralladoras por dos razones. La primera es que el usuario debe realizar acciones manuales continuas después de activar el gatillo para que ocurran los disparos y la segunda es que el gatillo debe reactivarse después de cada disparo.
También alega que si la Corte Suprema determina que el lenguaje que defina las ametralladoras en la ley federal es ambiguo, los magistrados deben anular la legislación en aplicación de la regla de lenidad.
Una coalición de grupos de activismo contra la violencia armada aboga por la reafirmación de la prohibición de los aceleradores de disparos, argumentando que el único objetivo de su existencia es el de convertir rifles semiautomáticos en ametralladoras.
Las opiniones divididas en la Justicia
Las opiniones entre los circuitos federales están divididas, con el 5º Circuito describiendo el lenguaje que prohíbe las ametralladoras como "notoriamente vago", mientras que el Circuito D.C. desestimó los contraargumentos como "inviables" e "internamente contradictorios".
Con el futuro de los bump stocks en el filo de la navaja, el Congreso está sometido a una presión cada vez mayor para que aborde la cuestión de forma proactiva. La representante Abigail Spanberger ha encabezado una coalición que aboga por medidas legislativas para anticiparse y posiblemente anular futuros reveses legales.
A pesar de haber sido prohibidos en 2017, los dispositivos de disparo rápido siguen proliferando en un mercado en la sombra, impulsado por las innovaciones tecnológicas de las armas de fuego.
Estos dispositivos más recientes buscan elevar la cadencia de tiro sin el duro retroceso mecánico asociado a los bump stocks. Empresarios y entusiastas navegan por zonas grises legales, con empresas como Firequest International comercializando audazmente productos que elevan sustancialmente la cadencia de tiro, jactándose de su legalidad en el marco legal vigente.
Incertidumbre sobre el futuro de las armas
A pesar de la naturaleza polémica y de las opiniones divididas sobre cómo regular estos dispositivos, la ATF sigue siendo prudente en su enfoque. Su carta abierta de 2022 señala sutilmente la ilegalidad de determinados disparadores rápidos en virtud de la Ley de Control de Armas de 1968.
Los defensores del control de armas expresan su preocupación por esta cuestión, argumentando que el excesivo enfoque en la definición técnica de una ametralladora -basada en la "única función del gatillo"- pasa por alto cuestiones éticas y de seguridad cruciales.
Shira Feldman, de Brady United Against Gun Violence, expresó esta preocupación y sugirió que los tecnicismos legales podrían eclipsar los impactos tangibles de los dispositivos de disparo rápido.
