Vermont creo una ley para responsabilizar económicamente a las compañías petroleras de los daños causados por el cambio climático.
Tras las destructivas inundaciones del verano, el estado promulgó una ley que obliga a las empresas de combustibles fósiles a asumir las consecuencias monetarias de los daños medioambientales.
El gobernador republicano Phil Scott permitió que el proyecto se convirtiera en ley sin su firma. "Comprendo el deseo de buscar financiación para mitigar los efectos del cambio climático que ha perjudicado a nuestro estado de tantas maneras", declaró Scott en una carta a los legisladores.
Gobernador de Vermont anunció ley para los daños causados por el cambio climático
El gobernador Scott, un republicano moderado en un estado predominantemente azul, anunció recientemente su candidatura a un quinto mandato. Su relación con la Legislatura, controlada por los demócratas, fue tensa, con frecuentes desacuerdos.
Esta ley fue un paso inesperado, ya que los defensores del medio ambiente preveían un veto. Scott se sintió tranquilo, sabiendo que la Agencia de Recursos Naturales informaría a la Legislatura sobre la viabilidad de esta medida.
El cambio clímatico provocó daños en Vermont
Las lluvias torrenciales del pasado julio provocaron grandes inundaciones en la capital de Vermont, Montpelier, y en las comunidades vecinas. Este desastre, considerado el peor desde la inundación de 1927, afectó gravemente a empresas y propietarios de viviendas.
Muchos negocios se enfrentaron a largos periodos de reconstrucción, perdiéndose temporadas cruciales de verano y otoño, y algunos acaban de reabrir hace poco.
La nueva legislación obliga al tesorero del estado de Vermont y a la Agencia de Recursos Naturales a entregar un informe antes del 15 de enero de 2026.
Informe detallará los daños causados por las emisiones de gases de efecto invernadero de Vermont
La evaluación incluirá los impactos sobre la salud pública, los recursos naturales, la agricultura, el desarrollo económico y la vivienda. Vermont utilizará datos federales para determinar el grado de emisiones atribuido a empresas específicas de combustibles fósiles.
Siguiendo un planteamiento de quien contamina paga, la ley se dirige a las empresas responsables de más de 1.000 millones de toneladas métricas de emisiones durante el periodo especificado.
Los fondos recaudados pueden destinarse a mejoras de infraestructuras como sistemas de drenaje de aguas pluviales, carreteras, puentes, vías férreas, plantas de tratamiento de aguas residuales y mejoras de la eficiencia energética.
