Un juez federal bloqueó temporalmente una ley antiinmigrante de Iowa que permitiría a las autoridades estatales presentar cargos penales contra los inmigrantes con órdenes de deportación pendientes.
Lo que debes saber: la ley, que iba a entrar en vigor el 1 de julio, también se dirigía a las personas a las que se había denegado previamente la entrada en Estados Unidos.
El juez Stephen Locher, del Tribunal de Distrito, dictó una orden preliminar. Basó su decisión en el probable éxito del Departamento de Justicia de EEUU y de los grupos de derechos civiles que impugnan la ley.
Una batalla ganada para los defensores de inmigrantes
El argumento principal del juez Stephen Locher afirma que la ley federal prevalece sobre la legislación de Iowa aprobada a principios de este año.
"Desde un punto de vista político, la nueva legislación podría ser defendible", señaló Locher en su fallo. "Desde el punto de vista del derecho constitucional, no lo es".
¿Qué permitía la ley antiinmigrante de Iowa?
La ley de Iowa otorgaría la autoridad a los funcionarios locales de detener a personas con órdenes de deportación pendientes o aquellos expulsados o que se les haya denegado la entrada previamente.
Una vez bajo custodia, estos inmigrantes podrían optar por cumplir la orden de un juez de abandonar el país o enfrentarse a un proceso judicial, lo que conllevaría el encarcelamiento antes de la deportación.
Los partidarios argumentan que la ley aborda lo que consideran un “control inadecuado” de la inmigración por parte de la administración del presidente Joe Biden.
La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, y la asamblea legislativa del estado, dominada por los republicanos, defendieron la ley como una medida coercitiva necesaria.
Una legislación que infringía la autoridad federal
Durante los argumentos presentados ante el juez Locher, los representantes estatales sostuvieron que la ley de Iowa se limita a hacer cumplir las normas federales sin crear una nueva legislación.
Sin embargo, los funcionarios federales y los defensores de los derechos civiles contraatacaron afirmando que la ley de Iowa infringía la autoridad federal en materia de inmigración y generaría importantes complicaciones.
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Christopher Eiswerth, abogado del Departamento de Justicia, y Emma Winger, del Consejo Americano de Inmigración, subrayaron que la ley de Iowa pasaba por alto a las personas que habían sido deportadas pero que posteriormente habían vuelto a entrar legalmente en el país, como los solicitantes de asilo.
