La junta de la División de Seguridad y Salud Laboral de California aprobó una ley que busca proteger a los trabajadores bajo techo del calor extremo y obliga a los empleadores a cumplir una serie de normativas en ese sentido.
La medida beneficia a 1.4 millones de trabajadores y debería aplicarse en casi 200.000 empresas, aunque según informó la agencia AP, la ley excluye a los centros penitenciarios estatales, un detalle generó polémica entre las organizaciones que protegen los derechos laborales.
Sin embargo, aun resta un paso importante para que empiecen a actuar de manera real: la aprobación de la Oficina de Derecho Administrativo, a la cual ya le solicitaron una inmediata respuesta.
La iniciativa inicialmente incluía edificios penitenciarios y entidades oficiales. Pese a eso, el gobernador de California Gavin Newsom la bloqueó inicialmente debido a las posibles repercusiones financieras en el presupuesto.
¿Cual es el objetivo de las medidas contra el calor?
Estas nuevas normas de protección contra el calor pretenden prevenir las enfermedades y muertes relacionadas con el calor entre los trabajadores de diversos sectores, como invernaderos, almacenes, cocinas y escuelas.
De forma similar a las medidas adoptadas en Oregón y Minnesota, California aborda el aumento de las temperaturas en el lugar de trabajo agravado por el cambio climático, especialmente por la ausencia aún de protecciones federales contra el calor.
Las recientes olas de calor en gran parte del país ponen de relieve la urgencia de implantar este tipo de medidas. La Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU informó de que 418 personas murieron por exposición al calor relacionada con el trabajo entre 2012 y 2022.
¿Cuáles serán las medidas de protección contra el calor?
Según las nuevas normas, los lugares de trabajo como almacenes y cocinas deben enfriar las zonas o ajustar las tareas cuando las temperaturas oscilen entre los 30.5 °C y 34.5 °C.
En esos casos, los empleados podrán tener descansos de menos de 15 minutos cada una hora de trabajo. A los 28°C, los empleadores deben proporcionar agua, descansos y zonas para refrescarse.
El estado pretende reducir el riesgo de estrés por calor, entendiendo que incluso las exposiciones breves a altas temperaturas pueden ser peligrosas. Los empleados expuestos a temperaturas a los 30°C durante menos de 15 minutos en una hora están exentos, lo que garantiza su aplicación práctica en diversos entornos laborales.
Desde 2006, California cuenta con normas de protección contra el calor para los trabajadores al aire libre en industrias como la agricultura y la construcción.
Los antecedentes
El impulso para la protección contra el calor en interiores comenzó en 2016, y el aumento de los incidentes de estrés relacionado con el calor en interiores ha hecho que estas normas sean vitales.
El apoyo a las nuevas normas es fuerte entre las organizaciones laborales y las agencias de salud pública.
"La norma ayudará a los trabajadores a mantenerse a salvo de la creciente amenaza del calor elevado en el trabajo", dijo a AP Alice Berliner, del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles.
Colleen Koperek, organizadora de Restaurant Opportunities Centers United, compartió su mala experiencia por calor como pastelera, subrayando que ningún trabajador debe arriesgar su salud por un empleo.
Críticas por no incluir a las cárceles
Sin embargo, la exención de los centros penitenciarios estatales recibió críticas. AnaStacia Nicol Wright, de la organización de defensa de los derechos de los trabajadores Worksafe, señaló que los empleados de los correccionales trabajan en edificios mal ventilados, lo que les hace susceptibles de sufrir agotamiento por calor y deshidratación.
Los propietarios de pequeñas empresas expresaron su preocupación por los retos prácticos que plantea la aplicación de estas medidas. Robert Moutrie, de la Cámara de Comercio de California, destacó que las empresas que alquilan espacios podrían tener dificultades para cumplir los nuevos requisitos sin cambios importantes por parte de los propietarios.
A pesar de estos retos, el estado espera que el cumplimiento de estas normativas cueste a las empresas unos $1.000 millones durante la próxima década, sentando un precedente significativo para la protección de los trabajadores a medida que suben las temperaturas globales.
